"Estos indultos son ilegales. La línea entre la arbitrariedad y la prevaricación es difusa"
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ENTREVISTA A ENRIQUE LÓPEZ

"Estos indultos son ilegales. La línea entre la arbitrariedad y la prevaricación es difusa"

López niega la utilidad pública de los indultos a los presos del 'procés' y defiende la legitimación del PP para recurrir ante la "traición" y la "felonía democrática" de Sánchez

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Enrique López. (Jesús Hellín)

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y responsable jurídico del PP, Enrique López, que hace unos días se confirmó también como ‘hombre fuerte’ del nuevo Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, explica con claridad la postura de su partido frente a los indultos concedidos a los líderes independentistas. “Son arbitrarios. Y lo que es arbitrario, es ilegal. No hay utilidad pública si va en contra del interés general”. Insiste en que justificarán su recurso ante el Tribunal Supremo porque se ven legitimados para defender “a todos los españoles” perjudicados por un delito público como es la sedición o la malversación. Y entiende que el periodo de seguridad que incluyen los expedientes de la medida de gracia supone 'de facto' la asunción de que los condenados volverán a reincidir.

PREGUNTA. ¿Los indultos son legales?

RESPUESTA. Los indultos son un acto del cual dispone el Gobierno, tal y como establece la Constitución, y evidentemente son actos discrecionales. Los indultos en sí mismos, como instrumento, son legales. Pero cuando un indulto, según reza la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se concede en contra del criterio del tribunal sentenciador, hay que exponer las razones por las cuales se da. Y la ley lo que dice es que esas razones han de ser de justicia, equidad o utilidad pública. Y la utilidad pública es el interés general. Cuando una medida está contestada por la inmensa mayoría de los españoles, no puede decirse que se basa en un criterio de utilidad pública, sino de utilidad política. Hablemos de conveniencia política entonces.

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Foto: Jesús Hellín.

P. Dice que hay una contestación de la inmensa mayoría de los españoles. Pero eso no lo sabemos. Solo lo dice alguna encuesta.

R. Ni lo sabemos ni lo vamos a saber como tal, porque no va a haber un referéndum. Pero existen encuestas, que no las ha hecho Tezanos, y por eso nos las creemos. Yo me las creo. Y pienso que una mayoría importante del pueblo español, incluidos votantes socialistas, está en contra de esta medida. ¿Qué utilidad pública tiene algo que va en contra del interés general? El Supremo en su informe es clarísimo. La sala defiende una profunda disconformidad con el indulto apelando a razones legales y de fondo que hacen que ese indulto tenga naturaleza previa de arbitrariedad. Y lo que es arbitrario es ilegal.

R. Entonces, los indultos son una herramienta legal, pero el acto de indultar a los líderes independentistas no lo es.

R. Repito que lo que es arbitrario es ilegal. Cuestión diferente es que la potestad que tiene el Gobierno es legal en tanto en cuanto está prevista en la Constitución. Nosotros creemos que en este caso la aplicación es ilegal porque se actúa en contra de la ley de 1870, que en su artículo 25 exige al Gobierno que pida un informe al tribunal sentenciador y diga si existen indicios o pruebas de arrepentimiento. La pregunta es para qué. Si no es un requisito esencial del indulto, para qué le pide esos indicios. Además, en este caso, el Supremo niega que haya existido ese arrepentimiento.

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Foto: Jesús Hellín.

Perdonar a aquel que no se arrepiente es una ignominia para el pueblo español, colocar el Estado de derecho a los pies del utilitarismo político, colocarnos en Europa en una situación vergonzante. No podemos aún acceder al expediente, solo conoceremos los decretos. Pero las declaraciones de Sánchez y Carmen Calvo previas a los indultos han sido desdichadas e irresponsables. Calificar de venganza la no concesión del indulto es calificar de venganza la actuación judicial. Y llamar concordia a la concesión es confundir la concordia con la debilidad política del Gobierno. Solo esperamos que esta legislatura se acorte todo lo posible, y no por el bien del PP, que es la única alternativa, sino por el bien de España.

P. Bueno, pero ya que lo menciona, la verdad es que ahora mismo las encuestas le son favorables al PP. ¿Cree que los indultos le pasarán factura a Sánchez?

R. Yo creo que ya le están pasando factura. Es que tienen que pasarle factura. Es un acto que es una auténtica felonía democrática. Es una traición al Estado de derecho. Sánchez es un personaje que hace unos meses decía que no se planteaba conceder indultos, que no pactaría con Iglesias… Su credibilidad es mínima. No es digno de ostentar la presidencia del Gobierno.

P. ¿Ve posibilidades de que el recurso del PP prospere? Casado afirma que su partido es parte afectada por haber sido investigado en internet por los CDR detenidos en septiembre de 2019. ¿Es suficiente esa conexión?

R. Yendo al caso concreto, que personas que han sido detenidas por actividades terroristas busquen datos míos en bases y medios de comunicación, a mí personalmente me preocupa. No somos tan histéricos como los de las balas en campaña electoral. No sacamos fotos, ni salimos llorando como la ministra de Industria. Pero nos lo tomamos en serio.

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Foto: Jesús Hellín.

Volviendo a la pregunta, desde el año 2000, el TS ha ido cambiando su doctrina. Hasta ese año, consideraba que los indultos eran un acto discrecional puro, de tal manera que el control judicial solo podía verse condicionado por razones puramente formales. A partir de ese año, fue ampliando la legitimación de quién puede impugnar un indulto. Primero entendió que eran las víctimas directas cuando se trata de un delito como una agresión; después amplió a víctimas indirectas (como puede ser el padre de un fallecido); más tarde consideró que asociaciones que no se habían personado en el procedimiento, como fue el caso de un famoso banquero, también estaban legitimadas para recurrir su indulto, y ahora estamos ante un hecho novedoso al que el Tribunal Supremo tiene que enfrentarse.

Y es qué ocurre con aquellos delitos en los que el bien jurídico protegido es un delito público, difuso, de interés general, como es el de sedición o malversación, en el que todos los españoles podemos sentirnos perjudicados porque tenemos derecho a que se salvaguarde el orden público. Veremos qué dice el Supremo. Nosotros intentaremos justificarlo de esta manera.

Foto: Varios manifestantes muestran una pancarta durante la protesta en la Plaza de Colón, Madrid, contra los indultos a los presos del 'procés' el pasado 12 de junio. (Sergio Beleña)

P. ¿Se plantean alguna otra iniciativa además del recurso? Vox ha anunciado también una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra todos los ministros.

R. Nosotros consideramos que el acto es ilegal y arbitrario. La línea entre la arbitrariedad y la prevaricación es difusa. Nosotros vamos a defender nuestro recurso.

P. Abascal también insiste en que es momento de una moción de censura. El mensaje es para Casado, pero la aritmética es la que es. ¿Serviría de algo?

R. Yo creo que la moción de censura tiene que ser preguntar a los españoles qué gobierno quieren convocando elecciones. Y esperemos que la coyuntura actual acompañe a una convocatoria anticipada. Insisto: no porque el PP y Casado tengan una premura por alcanzar el poder, es por el bien de España.

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Foto: Jesús Hellín.

P. Los expedientes de los indultos incluyen un periodo de seguridad de tres a seis años en que el Gobierno se reserva la opción de dejarlos sin efecto si hay reincidencia o comisión de delitos graves. ¿Qué le parece?

R. Es otra de las grandes incoherencias de este Gobierno. Es la primera vez que se concede un indulto no porque los condenados hayan manifestado arrepentimiento o hayan pedido perdón, sino para conseguir que no vuelvan a delinquir. Estamos ante un presidente que es un irresponsable por muchas razones. Concede los indultos para mantenerse en el poder y porque esa letra de cambio la firmó en junio de 2018 y ahora se la han pasado al cobro.

Pero, incluso imaginándonos que realmente él creyera que esta es la solución para eso que denominan el conflicto político en Cataluña, sería un irresponsable porque no es verdad. Es la misma añoranza que tuvo Zapatero en 2006 con el Estatuto, y solo aceleró el proceso independentista. En el fondo, estamos al principio de otro gran problema que llegará cuando en esa mesa entre el Gobierno y la Generalitat se encuentren con que el marco constitucional y la ley no pueden ser soslayados bajo ningún principio de diálogo.

Foto: Los nueve condenados por el juicio del 'procés'. (EFE)

P. ¿Cree que una vez cumplido ese periodo de seguridad volverán a intentar la vía unilateral?

R. Establecer un periodo de seguridad es un invento rocambolesco del Ministerio de Justicia y sencillamente es creer que existe un riesgo de reincidencia. Precisamente para eso se les concede el indulto: para que no reincidan. Como no han pedido perdón, lo que les pide el Gobierno es que por favor no vuelvan a delinquir. Si lo vuelven a hacer, no solo es que el indulto se pueda revocar, sino que tienen que volver a prisión como consecuencia de los nuevos actos.

Es otra prueba del cortoplacismo de Sánchez. No piensa en lo que ocurrirá dentro de cinco años o siete años, como tampoco lo hacía Zapatero. Solo en asegurarse el apoyo. No piensa en 2025 o 2028, porque además ya no estará en el poder. Tendrá asegurada la vida por la pensión que cobrará como expresidente. Y nos dejará a los españoles hundidos en el mayor acto de indignidad democrática que hemos tenido que soportar.

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Foto: Jesús Hellín.

P. ¿Da por hecho que en esa mesa se va a hablar de autodeterminación?

R. Bueno, es que la autodeterminación es un imposible jurídico constitucional. No hay ese derecho. Solo existe uno a pedir que se estudie una reforma constitucional que en su momento pudiera acoger ese derecho. Y mediante los mecanismos que se establecen para su reforma y aprobación y las mayorías que se requieren. Nada más. El Gobierno no puede, espero, superar el marco constitucional y legal. Los indultos nos colocan ante la convicción de que estamos ante un Gobierno arbitrario que aparta la ley cuando le estorba. Los independentistas siguen pidiendo la amnistía, que no tiene nada que ver con el indulto. Amnistía es amnesia del delito, no perdón. Estamos ante un acto del Gobierno que perdona a nueve personas y condena a millones.

"Establecer un periodo de seguridad es creer que existe un riesgo de reincidencia"

P. ¿Cree que los empresarios deben mantenerse al margen del debate? El Gobierno ha tratado de generar un clima de opinión favorable y contó con el espaldarazo de la clase empresarial en Cataluña y la CEOE después.

R. Cada uno tiene derecho a decir lo que quiera. Pero evidentemente, en el ejercicio de ese derecho, quien se coloca al lado de un Gobierno felón está siendo cómplice. Esos empresarios, que tienen todo el derecho a decir lo que consideren oportuno, también tienen que asumir las consecuencias. Yo estoy hablando en esta entrevista y asumo que lo que digo puede ser criticado. Lo mismo un empresario o un futbolista. También entiendo la situación de dificultad de los empresarios catalanes. No todos pueden llevar su empresa fuera de Cataluña. Los que han podido lo han hecho. Más de 7.000. Pero no todos los que tienen una panadería se la han podido llevar a la Castellana o a una calle de Murcia.

P. La presidenta de la Comunidad de Madrid también generó una fuerte polémica al hablar del papel del Rey. ¿Comparte que el Gobierno pone al jefe del Estado entre la espada y la pared al firmar la medida de gracia?

R. Las declaraciones de la presidenta eran en defensa del Rey. Ahora bien, el jefe del Estado tiene asignada claramente su función constitucional. Estamos ante un acto debido. El responsable de los indultos es el Gobierno.

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Foto: Jesús Hellín.

P. Ya está constituido el nuevo Gobierno madrileño. Ayuso ya ha dicho que se abre a revisar las leyes de género y LGTBI. ¿Cuánto va a influirles Vox?

R. Quienes van a marcar los objetivos y nos van a influir son los madrileños. Una amplia mayoría, más del 44%, ha apoyado a Isabel Díaz Ayuso. Los grupos parlamentarios tienen que acomodarse a esa situación y nosotros agradecemos el voto favorable en la investidura de Vox. Habrá aspectos en los que estemos de acuerdo y otros en los que no. Todo lo que pensemos que es adecuado para el bien general, lo haremos.

P. Es cierto que Ayuso rozó la mayoría absoluta, pero en otros territorios el PP necesita todos los votos de Vox. ¿El PP debe asumir que es y será su socio natural?

R. Yo creo que el PP va a ser el partido más votado de España. Y le pediremos al pueblo español, como hicimos en Madrid, que apoye mayoritariamente la opción que pensamos es mejor, la más centrada, equilibrada, la que huye de las radicalidades. El PSOE se ha radicalizado y es lo que pagó el 4 de mayo. Eso es lo que ocurre a nivel nacional. El Partido Socialista pacta con los independentistas y los herederos de Batasuna. Pacta con todos los que quieren acabar con España.

P. En dos años, vuelve a haber elecciones en Madrid. ¿Qué prioridades tienen en este periodo?

R. Una gran agenda social con ayudas a la natalidad, que es un gran problema que tenemos en toda España. Una política medioambiental decidida, una fiscalidad baja y un Gobierno eficiente que trate de gastar menos. Intentaremos llegar a acuerdos no solo con Vox, sino con más partidos para los asuntos trascendentales.

Indulto Tribunal Supremo Partido Popular (PP) Prevaricación Ministerio de Justicia Pedro Sánchez
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