Abogacía, Fiscalía y Tribunal Supremo: lea sus tres informes contrarios a los indultos

Los indultos a los líderes del 'procés' han sido aprobados por el Consejo de Ministros, a pesar de contar con la oposición, más o menos explícita, tanto del Tribunal Supremo (TS) —que sentenció a los dirigentes independentistas a penas de hasta 13 años de prisión por poner en práctica la hoja de ruta separatista— como de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del TS.

Los tres organismos se pronunciaron en sendos informes, y en ninguno de ellos avalaron la medida de gracia con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende encauzar el conflicto catalán. La Abogacía, por su parte, eludió pronunciarse expresamente sobre su pertinencia.

Informe del Supremo

El tribunal sentenciador del 'procés', presidido por Manuel Marchena, rechazó por unanimidad la concesión de los indultos a Oriol Junqueras y el resto de condenados. El documento, respaldado por los seis magistrados del TS que impusieron a los acusados penas por los delitos de sedición y malversación, descartó que existiesen motivos de "justicia", "equidad" o "utilidad pública" en la decisión.

El informe incidía no solo en la falta de arrepentimiento de los reos, sino también en su intención de reincidir en el delito, reiterada en distintas ocasiones. "No hay la más mínima prueba de arrepentimiento", exponían los jueces de la Sala de lo Penal del alto tribunal.

Informe de la Abogacía del Estado

Por su parte, la Abogacía del Estado —el centro superior del Servicio Jurídico del Estado español— no apoyó expresamente los indultos y en su informe se decantó por poner énfasis en la "reparación del daño económico" aparejado al delito de malversación, después de la entrega de una fianza de 4,1 millones de euros en el Tribunal de Cuentas por parte de los condenados, lo que cubría la responsabilidad contable de la pena.

La letrada Rosa María Seoane destacaba en el escrito que su función no era la de valorar la pertinencia de aprobar la medida de gracia, por lo que se dedicó a recalcar que se había producido la devolución de dicha cantidad al erario, tras las condenas por malversación derivadas de la celebración del referéndum independentista.

Informe de la Fiscalía

A su vez, los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio se pronunciaron a finales del año 2020 y también se opusieron a indultar a los políticos catalanes entonces presos. En escritos independientes, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Fidel Cadena argumentaron en contra de la medida de gracia.

Para los togados del Ministerio Público, condonar las penas —incluyendo la inhabilitación—, cuando la función pública que desempeñaban los condenados fue, precisamente, el vehículo necesario para cometer los delitos, constituye una decisión "tan injustificada como arbitraria", según señalaron en su informe de valoración del posible indulto de Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern catalán sentenciado por sedición y malversación, quien fue considerado por el alto tribunal como parte de "la cúspide en el organigrama político-administrativo que fue puesto al servicio del proceso sedicioso".

La condición de miembro de un Gobierno autonómico, a juicio de los fiscales, "conlleva unos especiales deberes de respeto y sujeción a la Constitución y a las leyes, y unas especiales responsabilidades en el cumplimiento de las mismas", exponían, subrayando que el artículo 100.2 de la carta magna prohíbe el indulto para los presidentes y los demás miembros del Ejecutivo "si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones".