El Gobierno exige que los indultados no reincidan durante un máximo de 6 años

Los indultos concedidos este martes por el Gobierno a los nueve presos del 'procés' incluyen un periodo de seguridad en el que el Ejecutivo se reserva la posibilidad de dejarlos sin efecto. Según han explicado fuentes gubernamentales, se ha fijado este plazo por un tiempo máximo de seis años y un mínimo de tres. En ese periodo, Oriol Junqueras y el resto no podrán reincidir o cometer "delitos graves" sin arriesgarse a regresar a prisión. Como delitos graves se entienden aquellos con penas de prisión de cinco años en adelante. El Ejecutivo combinará esa garantía con la convicción de que los políticos catalanes condenados "no lo volverán a hacer".

Los expedientes personalizan estos tramos para cada uno de los condenados. El máximo de seis años se aplicará a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Josep Rull. En el siguiente tramo para evitar que vuelvan a delinquir se encuentran los líderes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. A Raül Romeva se le aplicarán cuatro años, al igual que a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. En el caso de Dolors Bassa, el periodo será de tres años, debido a que ha abandonado sus cargos orgánicos y por ello representaría un menor riesgo a tenor del Gobierno. El periodo de seguridad en el caso de los 'jordis' es porcentualmente el mayor en comparación con sus penas.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez reconoce "dificultades" tras los indultos y pide abrir "un tiempo nuevo"

Iván Gil

Además de este condicionamiento para evitar la reincidencia, las fuentes citadas han explicado que cada expediente -que no se hará público- es individualizado y en él se anulan las penas de prisión que quedan por cumplir, pero se mantiene la inhabilitación completa, a la que hay que restar el tiempo ya cumplido. Los expedientes se han dividido en cuatro planos: antecedentes, marco jurídico, motivación y condiciones para el indulto. Explican que los distintos años de condicionamiento se han aplicado en función de sus distintos comportamientos, su nivel de liderazgo político, su contumacia en la vía unilateral...

En cuanto al apunte realizado por el Tribunal Supremo -que dudó de la constitucionalidad de la gracia por favorecer la estabilidad del Ejecutivo gracias al apoyo de los partidos independentistas- los expedientes responden a los magistrados. Consideran que no cabe el autoindulto en un sentido riguroso, ya que solo se produciría si el Consejo de Ministros indultara, por ejemplo, a un ministro.

Pese a reservarse este periodo de seguridad, fuentes del Gobierno dicen tener claro que "no lo volverán a hacer". Para ello se basan en que la inhabilitación de los condenados para ejercer cargos públicos se mantiene en su integridad, en que el Código Penal sigue vigente y, desde el punto de vista político, porque el victimismo del independentismo quedaría desarmado con los indultos y que repetir los hechos de 2017 llevaría este movimiento al “precipicio”.

"Hoy les restamos argumentos", indican estas mismas fuentes, que justifican la decisión tanto por motivos políticos como económicos. "Queremos normalizar las relaciones institucionales, pero también las afectivas y, de esta manera, mejoraremos la situación política, pero también la económica", concluyen fuentes conocedoras de la redacción de los informes sustanciados únicamente en la utilidad pública y el interés general. Moncloa considera que ahora, la pelota está en el campo del independentismo, que tendrá que demostrar que responde en proporción. "Ahora les toca a ellos", concluyen.