El Gobierno aduce razones de "crecimiento económico" en el expediente de indultos

El Gobierno argumenta en los informes sobre los indultos a los presos del 'procés' razones de utilidad pública que no solo son políticas o para garantizar la convivencia, sino también económicas. De esta manera, se razona que los indultos buscan solucionar "un problema político que resta potencialidad a España, en lo político y también, en alguna medida, en lo económico", según recogen los expedientes en los que el Gobierno basa su decisión, y a los que ha tenido acceso El Confidencial.

Para ello, el Ejecutivo parte del principio de que "el primer objetivo del ejercicio de la política debe ser siempre asegurar esa convivencia libre y pacífica, puesto que, en su ausencia, otros valores —como son la prosperidad social, el crecimiento económico o el bienestar individual y familiar— resultan inalcanzables". A partir de ahí, los expedientes sostienen que "para formular esta propuesta, se ha analizado la situación política, social y económica actual, así como su evolución en los últimos años".

Una vez analizados todos estos escenarios, continúa la argumentación, haciendo hincapié en "sus ventajas e inconvenientes, e incluso sus riesgos", se defiende la conclusión de que es "conveniente apostar por un gesto de distensión que abra oportunidades al diálogo, siempre persiguiendo como objetivo fundamental una convivencia pacífica y ordenada dentro de nuestro marco constitucional".

En algunas de las solicitudes de indulto que ha atendido el Consejo de Ministros, ya se hacía mención expresa a la medida "con el fin de normalizar la situación en Cataluña, volviendo a recuperar y motivar uno de los principales motores económicos de España". Se invocaba así que las formaciones políticas y asociaciones a las que pertenecen los condenados tienen, en la actualidad, una actividad normalizada y dentro de la ley, que los condenados han observado buena conducta y que Cataluña "lleva tiempo en una situación de inestabilidad política y económica, que se ha agravado considerablemente por la pandemia".

Más concretamente, se refiere a que "cualquier acción con visión de Estado que ayude a reducir conflictos y encontrar la estabilidad y recuperación económica que tanto necesita en estos momentos nuestro país sería bienvenida". Fuentes de Moncloa refuerzan esta tesis al aducir que con la medida de gracia se pretende "normalizar las relaciones institucionales, pero también las afectivas entre catalanes y con el resto de españoles", por lo que consideran que de esta manera "mejoraremos la situación política, pero también la económica". La propia patronal catalana se sumaba la pasada semana al apoyo a los indultos, mientras que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostraba favorable a la normalización "para que las empresas vuelvan a Cataluña".

Los expedientes desarrollan asimismo una amplia argumentación para defender que la medida de gracia desarmaría el independentismo, su victimización, radicalización y adhesión social. "Una decisión denegatoria del indulto traería consigo, sin duda, la agravación y cronificación del conflicto", se indica, para añadir que, "tras diversas vicisitudes, todas las cifras confirman que se produjo un aumento importante del sentimiento independentista y una clara radicalización de las posiciones de una parte de la sociedad catalana".

Freno al independentismo

Para ello, se documentan incluso los datos del último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO, 2021), según el cual, "el 44,9% de los encuestados manifiesta su voluntad de que Cataluña sea independiente". Se reconoce asimismo que "los partidos políticos con los que se identifican los condenados han obtenido un amplio respaldo electoral en las últimas elecciones catalanas, celebradas el pasado 14 de febrero. En concreto, Esquerra Republicana de Catalunya obtuvo un 21,3% de los votos y 33 escaños. Fue el segundo partido más votado. Sin embargo, tras alcanzar un acuerdo con la tercera fuerza política en votos y escaños y con una tercera fuerza independentista, consiguió la presidencia de la Generalitat".

Unos datos que se atribuyen a que la polarización del espectro político catalán en torno al eje de la independencia ha "alcanzado en la última década un altísimo grado de intensidad, generando una creciente crispación en la escena social y política". De este modo, se concluye que "desde el Gobierno [la] vemos con preocupación y estamos dispuestos a tomar decisiones para paliarla".

Herencia recibida: judicialización

Los mismos informes, con tono electoralista y poniendo énfasis en una suerte de herencia recibida, señalan que "existen antecedentes históricos que evidencian los resultados en Cataluña de la inacción política y del bloqueo del diálogo". En esta línea, continúan, "la historia reciente de las relaciones entre Cataluña y el resto de España está marcada por el desencuentro y la judicialización derivada de la inacción del Gobierno de España del momento", en una velada alusión al Gobierno de Mariano Rajoy. Llegados a este punto, se comparan los actuales datos sobre la adhesión social del independentismo con los de otras épocas, señalando de forma indirecta el camino que pretende transitar el Ejecutivo en la nueva etapa que se abre: "El último gran acuerdo político transversal en Cataluña fue en 2006, con la aprobación del Estatut. Aquel esfuerzo social y político para elaborar y aprobar un nuevo marco jurídico alcanzó un 74% de votos favorables en Cataluña, algo que hoy parece impensable".

Sin mencionar directamente la victimización, los informes justifican también la decisión de conceder los indultos porque, "en ocasiones, el cumplimiento de penas privativas de libertad por parte de líderes sociales o políticos puede reforzar las lógicas de desafección, generando una falsa percepción de injusticia en quienes ven a sus representantes encarcelados y en quienes consideran que el castigo es excesivo".