Sánchez y Puigdemont pactan una amnistía reforzada y más concesiones económicas

• Investidura de Pedro Sánchez, en directo: última hora del acuerdo con Junts, la ley de amnistía y el CGPJ

El eje Madrid-Barcelona-Bruselas ultima la firma del acuerdo de investidura con Carles Puigdemont. Tras aplacar los ánimos del prófugo, que el pasado jueves abortó la presentación y elevó las exigencias, ayer fuentes socialistas aseguraban a El Confidencial que, si nada se vuelve a torcer, el anuncio del pacto podría llevarse a cabo hoy mismo y que, además de la amnistía y de una mesa con verificador al margen de la de ERC, también contendrá cesiones económicas para Cataluña.

En el entorno del expresidente catalán apelan a la "discreción". Desde Junts, se limitan a corroborar que se ha vuelto a la senda del entendimiento. Durante el fin de semana, la mediación del secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, ha sido clave. Su carácter "afable", señalan los independentistas, es un antídoto para la desconfianza del huido. Anoche viajó a Bruselas para rematar la escenificación de la fumata blanca. Horas antes, lo hacía la mano derecha de Puigdemont, Jordi Turull. Son los verdaderos padres del acuerdo.

Sobre el alcance de lo que se rubricará para contar con el voto afirmativo de los siete diputados de Junts, hay máximo hermetismo. En los últimos días, han circulado diferentes versiones. Fuentes de la negociación señalan que el texto de la ley de amnistía ha centrado las últimas discusiones y horas de trabajo. El resultado, según las citadas fuentes, es una amnistía "reforzada" en lo jurídico. El objetivo es "dejar sin margen de interpretación" a los jueces para que no encuentren resquicios, como ocurrió en la reforma del delito de malversación en el Código Penal, que acabó descafeinándose por el Tribunal Supremo.

Puigdemont asume la dificultad, trasladada por la Moncloa, de incluir casos concretos como el de su abogado, Gonzalo Boye, la familia Pujol o la expresidenta del Parlamento catalán Laura Borràs. La Constitución prohíbe los indultos generalizados. Desde el PSOE, se insiste en que no se han barajado estos nombres porque están al margen del procés y además versan sobre delitos de corrupción. Donde sí habrían cedido desde el Gobierno sería en que se incluya el lawfare, según publicó ayer por la tarde ElNacional.cat, citando a fuentes de Junts. Es decir, amnistía para todos aquellos que, según el criterio de Puigdemont, sufren persecución judicial por causas de la lucha independentista que no están relacionadas directamente con la organización del referéndum ilegal del 1-O.

"Cerrar sí o sí"

En la red X, el propio expresident dejaba claro que esta era una condición "irrenunciable" para rubricar la investidura: ampliar el abanico de los beneficiados por la ley, que será registrada en el Congreso en el mismo momento en que se oficialice el acuerdo PSOE-Junts. "El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia, sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial", escribía.

En este perímetro, habría margen para incluir el caso Voloh, que afecta, entre otros, a un íntimo amigo del fugado, Josep Lluís Alay, jefe de su oficina en Waterloo. La causa, instruida por un juzgado de Barcelona, investiga el presunto desvío de fondos para organizar la consulta y los supuestos contactos con el Kremlin de hombres del llamado "Estado Mayor del procés". El líder de Junts ha presionado hasta el final para no dejar soldados fuera. En el PSOE ha habido debate sobre cuánto ceder, pero siempre se ha impuesto la convicción de que Sánchez ya no puede dar marcha atrás y de que había que "cerrar sí o sí". El prófugo tendrá también su propia mesa de negociación, con relator incluido. Se quejó de que la figura del verificador se anunciase en el pacto con ERC.

Opinión

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Más allá de la amnistía, Puigdemont necesita vender el relato de que su pacto, a diferencia del de Junqueras, supone un "salto histórico en la resolución del conflicto catalán". Desde el PSOE, remarcan que "todo estará dentro del marco constitucional", pero en Junts insisten en que el prófugo no dará luz verde a la firma si no le dejan margen para blandir la bandera del héroe de la causa soberanista. Tensión hasta el último minuto.

Otro punto en el que Junts ha exigido quedar por encima de ERC es en los logros económicos para Cataluña. En su acuerdo, también hay botín. Los republicanos arrancaron una quita de la deuda de 15.000 millones de euros del Fondo de Liquidación Autonómica y el traspaso de las líneas ferroviarias de Rodalies. Los junteros han venido reclamando el traspaso de competencias de la Agencia Tributaria de Cataluña, para que la Generalitat pueda recaudar todos los impuestos y crear una "cuota de solidaridad" entre Cataluña y el "Estado español". Asimismo, planteó ejecutar transferencias en materia de pensiones y en el 19% de los fondos europeos Next Generation, con efectos retroactivos. La formación de Puigdemont ha llegado a cifrar la deuda del Estado con Cataluña en 450.000 millones.

Junts reclama el traspaso de competencias de la Agencia Tributaria, para que la Generalitat pueda recaudar todos los impuestos

En cuanto a las infraestructuras, Junts ha instado a "fijar plazos para proceder al pago" de la disposición adicional tercera del Estatuto, para poder ejecutar las obras pendientes, empezando por el corredor mediterráneo. La letra económica del acuerdo no ha trascendido, pero "ha sido el menor de los problemas", precisan fuentes socialistas, que enmarcan dentro "de este tipo de negociaciones" las ventajas que logre Cataluña sobre el resto de las comunidades.

Si todo transcurre como está previsto, el PSOE podría intentar que se celebrase el debate de investidura a finales de esta semana. Puigdemont quería alargar los tiempos para poner su figura en valor, pero se le ha convencido de que la opinión pública contra la medida de gracia era creciente y que cada día el desgaste sería mayor. Junts debe someter lo pactado a la votación de la militancia, pero podría hacerlo de forma telemática. Sánchez continuará siendo presidente. Prófugo mediante.