España se juega a una carta incierta el plan para competir en la industria de los chips

Hacerse hueco en el mercado mundial de los semiconductores es complicadísimo, pero España quiere intentarlo. El Gobierno ha aprovechado los fondos de recuperación para trazar un plan que debería situar a nuestro país "a la vanguardia del progreso industrial y tecnológico" en un ámbito clave para la autonomía estratégica de la Unión Europea, según declaró el presidente Pedro Sánchez cuando lo anunció, el 4 de abril de 2022.

Un año después, el de los chips es el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) más ambicioso, pero también el que va más atrasado: de los 12.250 millones previstos de aquí a 2027, aún no se ha ejecutado ninguno. La mayor parte de esta lluvia de dinero se destinará a grandes fábricas de semiconductores, una apuesta incierta que, de no lograrse, comprometería el éxito de la iniciativa.

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Los chips están presentes en casi todas las máquinas que usamos, desde un teléfono móvil hasta un coche; sin embargo, su producción se concentra en unos pocos países, con Asia y Estados Unidos a la cabeza. España ya tuvo su propia fábrica desde 1987 hasta 2001, cuando la competencia del mercado oriental se llevó por delante la rentabilidad de la factoría de la multinacional norteamericana AT&T Electronics en Tres Cantos (Madrid). Toda una metáfora de lo rezagada que se ha quedado Europa con la llegada de la globalización: mientras la importancia de esta tecnología no paraba de crecer, el Viejo Continente ha pasado de representar el 44% de la producción mundial en 1990 a solo el 9% en 2020, según un estudio de Boston Consulting Group y la patronal estadounidense de semiconductores.

La irrupción del coronavirus cambió el paso. Tras los problemas de abastecimiento que golpearon a diversas industrias —especialmente la automoción—, a los dirigentes occidentales les han entrado las prisas por recuperar lo que llaman "soberanía tecnológica" y compensar años de deslocalizaciones. En resumen, traer a su territorio las fábricas que dejaron escapar hace dos décadas. La Unión Europea prepara una ley con la intención de alcanzar una cuota de mercado del 20% de aquí a 2030. Para ello, movilizará 43.000 millones de euros de inversión público-privada, de los cuales cerca de una cuarta parte (11.000 millones) son ayudas directas. Ese es el contexto en el que España ha ideado su propio plan nacional para aprovechar los fondos Next Generation, aunque, de momento, otros llevan la delantera.

Mientras Estados Unidos recibe inversiones millonarias y Alemania, Irlanda y Francia ya han conseguido sus propias fábricas, el Perte español es todavía una incógnita. El 24 de mayo del año pasado, el Gobierno aprobó un proyecto que, según decía, convertiría al nuestro en "un país de referencia en el diseño y la fabricación de chips". Pero una cuestión de procedimiento y las dificultades para atraer un capital extranjero por el que todos se pelean hacen que los resultados, de momento, sean muy modestos.

¿Por qué el Perte no avanza?

Según los datos más recientes publicados por el Gobierno en el tercer informe de seguimiento del plan de recuperación, se puede decir que el Perte de los chips aún no ha arrancado. A 18 de diciembre del año pasado, solo estaban disponibles 275 millones de euros de la primera fase de los fondos, para el "refuerzo de la capacidad científica", según fuentes del Ministerio de Economía. La mayoría de ellos irán destinados a un proyecto de interés común europeo de microelectrónica y telecomunicaciones que Bruselas todavía está revisando. A la espera de la Comisión, la cifra de fondos movilizados —es decir, sacados a convocatoria— y comprometidos —adjudicados a las empresas— es 0.

Estos datos contrastan con los de otros Perte, como el tan criticado del vehículo eléctrico, que ya ha comprometido 1.304 millones de euros —aunque una gran parte de la convocatoria ha quedado desierta—, o el de la economía circular, que ha movilizado el 100% de los recursos previstos. Pese a representar un tercio del importe total, ninguno de los instrumentos contemplados en el plan para los semiconductores se beneficiará de los 12.800 millones convocados hasta la fecha ni de los 5.800 ya decididos. "Este proyecto es difícil de comparar con el resto. Multiplica por 10 la inversión prevista en otros", justifican desde el Ministerio.

Más allá de esta dimensión mastodóntica, y de que fue uno de los últimos Perte en aprobarse, la razón principal del retraso es que el 98% del dinero llegará a través de la adenda del plan de recuperación, que el Ejecutivo presentó en diciembre y todavía negocia con Bruselas. Mientras tanto, el grifo de financiación está seco, a diferencia de lo que ocurre con los demás proyectos, que ya tenían la mayoría de fondos disponibles —sino todos— con la primera fase del plan.

El objetivo es que al final de año ya se hayan repartido los 1.250 M que recogen los PGE

Economía, que es el ministerio que coordina el Perte Chip —también participan Industria y Ciencia— a través de la Secretaría de Estado de Comunicaciones, trabaja intensamente estos días para sacar las primeras convocatorias en el primer semestre, como prometió la vicepresidenta Nadia Calviño. El objetivo es que al final de año ya hayan llegado a su destinatario los 1.250 millones de euros presupuestados en las cuentas públicas de 2023: 800 en préstamos y 450 en transferencias. De estas últimas, que la Unión Europea entregará a España a fondo perdido, 100 millones los gestionará el Ministerio de Ciencia y los otros 350 los repartirá Economía para ayudas directas a las empresas. Se trata de alrededor del 3% del montante total del proyecto.

Muchos préstamos, pocas subvenciones

Los préstamos, que España deberá devolver a Bruselas, irán destinados a la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores (Semys), el organismo creado ad hoc para canalizar las inversiones públicas del Perte. Esto permitirá poner en marcha la primera línea de financiación, a interés cero y sin garantías, para "desarrollar las capacidades de diseño y producción de la industria", según figura en los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, la parte mollar del proyecto, que contempla 950 millones de euros para crear empresas fabless —las que se ocupan de todo el proceso, menos la fabricación en sí misma— y la friolera de 9.350 millones para instalar factorías de chips. Es lo mismo que destina el país cada año a dependencia.

El problema es que ese dinero todavía constituye una incógnita: en caso de que no se logre atraer las industrias, tres cuartas partes del importe del Perte quedarían desiertas. Y si ya no es fácil en condiciones normales, todavía lo será menos si las empresas tienen que devolver la inyección, aunque sea en condiciones muy ventajosas. Fuentes del sector consultadas por este periódico explican que, aunque el plan del Gobierno resulta "bastante ambicioso en lo que se refiere a las cifras globales", deja prácticamente todo a la iniciativa privada, al priorizar los créditos frente a los subsidios. Algo que puede chocar con la naturaleza de una industria "tremendamente intensiva en capital e inversión". La decepción cundió cuando se conoció la adenda: 1.225 millones en transferencias y 10.750 en préstamos.

El Gobierno reconocía en ese documento la causa de esta distribución, que no se da en ninguno de los otros Perte: "Tiene un gran volumen de préstamos debido a la incertidumbre sobre los proyectos y la forma de financiación”. Dicho de otra forma: no es lo mismo que empresas consolidadas en nuestro país, principalmente en el ámbito del diseño, opten a los fondos —en este caso el mecanismo convencional de ayuda directa resulta el más adecuado— que montar de cero una fábrica de ensamblaje de chips en una nación que carece de un ecosistema consolidado en este ámbito.

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Desde el Ministerio de Economía reconocen que el elevado coste de las factorías es la principal razón por la que se ha optado por los préstamos: "El volumen de capital que comporta la construcción de una foundry es muy elevado (hablamos de más de 15.000 millones de euros) y presenta un riesgo tecnológico y financiero muy alto. El plan se asienta sobre un principio de colaboración público-privada". El problema, aseguran fuentes empresariales, es que esta elección dificulta el éxito del proyecto: "Si en algunas convocatorias de Perte esta costando ejecutar el 100%, como en la del vehículo eléctrico, es un poco más difícil a priori la ejecución del 100% de los préstamos".

En cualquier caso, no está escrito en piedra que lo que el Estado recibe como crédito lo tenga que otorgar como crédito. Existe un margen de flexibilidad para que el Ejecutivo pueda repartir como transferencias una parte de los préstamos europeos, pero para ello el Reino de España, y no las empresas, tendría que devolver la deuda contraída con Bruselas, lo que supondría una carga para las cuentas públicas. Además, la Comisión Europea está vigilante para que estas operaciones no incumplan el marco de las ayudas de Estado. Pese a que está previsto que se flexibilice, esta es otra de las explicaciones por las que las inversiones multimillonarias en fábricas y, por tanto, la mayor parte del Perte, están previstas como anticipos, y no como subvenciones.

Atraer negocios de diseño es posible, pero un socio extranjero para una planta es otra cosa

Conseguir un socio extranjero con experiencia para levantar en nuestro país una planta de estas características no será sencillo. Para ello, el Gobierno ha desplegado una ambiciosa agenda al más alto nivel. El propio presidente Sánchez se ha llegado a reunir con Pat Gelsinger, CEO del gigante norteamericano Intel, que es una de las tres empresas en todo el mundo con capacidad para ensamblar chips de última generación, además de la taiwanesa TSMC y la surcoreana Samsung. La multinacional con sede en California prevé invertir unos 80.000 millones de euros en "al menos" dos fábricas en Europa, pero de momento España solo ha conseguido una colaboración menor con el Barcelona SuperComputing Center para explorar futuras arquitecturas de chips. Intel pondrá 200 millones a lo largo de los próximos 10 años, y el Gobierno español otros tantos, según recoge la memoria de ejecución de los Perte.

Demasiados huevos en la misma cesta

España también ha conseguido convencer a la estadounidense Cisco para que abra un centro de diseño en la capital catalana, "la primera instalación de este tipo de la multinacional en la Unión Europea", según presume el Gobierno. Pero lo cierto es que la empresa, que ha empezado a contratar a ingenieros, ya contaba hasta ahora con un centro de innovación en el barrio de Poblenou, donde se desarrollará la actividad. Son solo dos ejemplos de que atraer negocios de diseño —una de las cuatro patas del proyecto, junto al refuerzo de la capacidad científica, la dinamización de la industria TIC y las propias fábricas— resulta factible, pero conseguir un socio extranjero para que instale una gran planta es otra cosa.

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El Gobierno no tira la toalla y, aunque reconoce la dificultad de lograr la factoría, destaca que el refuerzo del ecosistema nacional ya justificaría, por sí mismo, el Perte. Sin embargo, el plan del Ejecutivo para que España compita en el mercado de los chips ha puesto la mayor parte de los huevos en esa cesta y, de seguir así, pueden acabar rotos. La Moncloa ha ido a Silicon Valley a buscar a un hombre que ya estuvo en los primeros pasos de la fábrica de Tres Cantos. Su objetivo: atraer a un inversor foráneo que garantice el éxito de la empresa.

Con Jaume Martorell como comisionado, el pragmatismo ha llegado al Perte. Según el diseño inicial del proyecto, 7.250 millones irían destinados a desarrollar una capacidad de fabricación por debajo de los cinco nanómetros, y solo 2.100 por encima de esa longitud. Los primeros semiconductores son los que se utilizan en la alta tecnología, que cambia constantemente y se aplica a pequeños dispositivos, como los teléfonos móviles. Nuestro país no cuenta con know how en este ámbito. Los segundos, en cambio, sirven como componentes para otras manufacturas más maduras, como la del automóvil, donde España goza de un ecosistema consolidado y ventajas competitivas. Desde su nombramiento, en agosto del año pasado, Martorell ha ido modulando su discurso hacia la segunda opción, mucho más realista, tanto por las condiciones endógenas como por el mayor número de empresas que trabajan con esta tecnología y, por tanto, podrían instalar plantas en territorio nacional.

La patronal española ve con buenos ojos que el Perte se adapte al tejido productivo autóctono. "Lo importante es usar estos fondos para consolidar ecosistemas estratégicos, como el del automóvil", destaca Luis Socías, el hombre de la CEOE que más sabe de proyectos europeos. Territorios como Extremadura o la Comunidad Valenciana, donde ya se instalaron fábricas de baterías para coches eléctricos, podrían constituir buenas localizaciones para las plantas. Esta última es la región donde se concentra la mayor parte de la industria microeléctrica de nuestro país, y cuenta con un clúster de empresas que no descarta postularse para desarrollar una factoría. Sin embargo, se antoja muy difícil si no se cuenta con un socio extranjero, y las naciones occidentales se han lanzado a una carrera donde España va a unos cuantos palmos de distancia de la cabeza.

La dura competencia de España

Estados Unidos ha sido el más ambicioso, al movilizar unos 50.000 millones de euros de financiación pública para atraer compañías de microchips. Y, por el momento, es el que ha tenido mejor resultado. Corporaciones nacionales como Intel, GlobalFoundries o Texas Instruments han anunciado construcciones de este tipo en los próximos años. Fuera de su territorio, ha convencido a Samsung para que abra una planta en Texas y a los taiwaneses de TSMC para construir una nueva.

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Fuentes de la industria aseguran que "la competencia a nivel comunitario y mundial es exageradamente alta". Además, se da "la circunstancia" de que España no tiene proyección internacional en la materia, a diferencia de lo que ocurre con "las energías renovables, la automoción o en el ámbito ferroviario". "Todo eso complica mucho el objetivo", añaden.

Mensajes similares han sido expresados en público por diversas personalidades del sector. Cristiano Amon, presidente de Qualcomm —uno de los mayores diseñadores de chips a nivel mundial—, aseguró en una entrevista durante el Mobile World Congress de Barcelona que habían colaborado con la Moncloa para atraer fabricantes a España, pero "estaba complicado". Norberto Mateos, director general de Intel Iberia, afirmó durante un encuentro con medios a principios de año que el mercado europeo tiene sus límites: "No puede haber fábricas en todos los países".

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Los escasos logros de España contrastan con las inversiones conseguidas por las grandes ganadoras de esta competición en Europa, que, por ahora, son Alemania, Irlanda y Francia. En territorio germano, Intel construirá una megafábrica con una inversión de 17.000 millones de euros que se espera que esté operativa para 2027. En Irlanda, esta multinacional dedicará 12.000 millones a duplicar el espacio y modernizar su planta de la localidad de Leixlip.

El Gobierno galo, por su parte, se apuntó un tanto gracias a STMicroelectronics y GlobalFoundries. Estas dos compañías levantarán una instalación en el país, que podría estar lista para 2026. La inversión estimada, "con un importante apoyo financiero" del Elíseo, ronda los 6.000 millones de euros. La diferencia de presupuesto se debe a que no está pensada para diseñar chips de vanguardia por debajo de los 5 nanómetros, sino tecnologías más maduras, a partir de los 18 nanómetros, destinadas a sectores como la automoción o el internet de las cosas.

Queda un premio gordo por repartir: una planta de refuerzo de Intel, que podría situarse en Italia. Este movimiento, que no ha sido confirmado por ninguna de las partes —según la agencia Reuters, llevan meses negociando— tendría un coste de 5.000 millones de euros y crearía unos 1.500 puestos de trabajo. "La puerta no está cerrada para España", aseguró al diario El Mundo el CEO de la empresa tras reunirse con Sánchez en el foro de Davos del año pasado.