El PP exprimirá su poder territorial para forzar la Conferencia de Presidentes como ariete contra Sánchez

Superada la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, el PP comienza a esbozar su labor de oposición en dos fases temporales. Una inmediata, en el Senado, con la previsión de convocar en octubre la comisión general de las comunidades autónomas, que se constituye este mismo martes, para forzar a todos los territorios a pronunciarse sobre la amnistía y azuzar así a la opinión pública. Y otra posterior, si finalmente Pedro Sánchez permanece en el Gobierno y no hay nuevas elecciones. Con el Congreso como epicentro de su labor política, donde son el grupo mayoritario, y el control absoluto del Senado, los populares suman además el enorme poder que les otorgó las elecciones autonómicas del 28-M para ejercer de ariete contra el Ejecutivo.

Su influencia institucional les permitirá incluso forzar las reuniones de la Conferencia de Presidentes. Concebida como un espacio de diálogo territorial, tuvo un papel muy activo durante la pandemia como instrumento de cooperación entre administraciones públicas. Pero, en su última reunión, en marzo de 2022 en La Palma, se aprobó un nuevo reglamento que ahora beneficia claramente al PP.

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Iván Gil

La Conferencia puede ser convocada por el presidente del Gobierno, por iniciativa propia o de 10 presidentes de comunidades y ciudades autónomas. El PP gobierna en estos momentos en 11 regiones, además de Ceuta y Melilla, con lo que dispone de fuerza suficiente para obligar al Ejecutivo a que se reúna, más allá de los dos encuentros que, "como mínimo", se tienen que celebrar a lo largo del año. Pero es que, además, el Senado, que preside Pedro Rollán, con mayoría absoluta del PP, dispone ahora de la capacidad de "introducir nuevos asuntos en el orden del día".

La última palabra la tendrá el jefe del Ejecutivo pero el nuevo reglamento y el resultado electoral concede al PP un amplio margen para la presión política e institucional. Sánchez tendrá que negarse a la petición reglamentaria de las regiones populares. El Gobierno asume que este poder dificultará su acción política y amplificará la labor de oposición de Feijóo. Dan por hecho que habrá una pugna constante con los barones populares pero recuerdan que la Conferencia de Presidentes se creó para alcanzar "acuerdos" no para airear discrepancias y que todos los temas tienen que pasar antes por un Comité Preparatorio.

Esta influencia es otra de las grandes ventajas de esta legislatura, si finalmente arranca y no hay repetición electoral. Los que dentro del PP pedían a Feijóo centrarse desde ya en la labor de oposición, como hizo en su propio discurso de investidura, creen que la dirección debe saber alinear y dirigir toda su potencial: Congreso, Senado, comunidades autónomas y las principales capitales. Por ejemplo, explican, las sucesivas bajadas de impuestos que han aprobado los dirigentes populares "las debería haber anunciado él". En este marco de coordinación, conceden una ventaja más a las convocatorias de la Conferencia de Presidentes. En Génova admiten que, si hay Gobierno y plantea la "asimetría fiscal" para beneficiar a Cataluña, de manera bilateral o en la nueva financiación autonómica, en este órgano "tendrá que escuchar la oposición de once comunidades y las dos ciudades autónomas".

Presidentes contra la amnistía

Por eso, los movimientos de los populares se limitarán ahora a convocar la comisión general de las comunidades autónomas, con la intención de que acudan todos los presidentes autonómicos o los consejeros que elijan y que participe también el Ejecutivo. En mitad de las negociaciones que el PSOE mantiene con Junts para amnistiar los delitos vinculados a los hechos del procés, es positivo, defienden en Génova, que las autonomías manifiesten sus "inquietudes y sus necesidades". Porque "lo que preocupa en Ávila no es lo que preocupa en Barcelona".

Los populares quieren forzar así la asistencia no solo de todos sus presidentes, sino de barones socialistas como el asturiano Adrián Barbón o el manchego Emiliano García-Page. Y, además, poner en un brete al Ejecutivo sobre su asistencia. "Entendemos que acudirán por respeto a la Cámara". Pero, sobre todo, pretenden dar la batalla política contra la amnistía antes de que se cierre el pacto, con la idea de que podría frustrarse si la opinión pública está en contra.