El polvorín de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, en el punto de mira de Sánchez

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, esbozó en su discurso ante el Congreso la hoja de ruta fundamental de su programa económico. Su intervención estuvo aderezada por anuncios como la extensión de la bajada del IVA a los alimentos, la gratuidad del transporte público para jóvenes y parados o las ayudas a la compra de vivienda, la hipoteca y las reformas en el hogar. Pero es probable que la parte más relevante del discurso de investidura en el plano económico sea, precisamente, la que apenas se esbozó. La reforma del Estatuto de los Trabajadores que anunció Sánchez ya fue avanzada en las dos legislaturas anteriores, cuando se hablaba del Estatuto del siglo XXI, pero ahora tiene un especial alcance debido a que, tras la aprobación de la reforma laboral, el objetivo primero de su principal socio es una reforma en profundidad del texto fundamental que enmarca las relaciones laborales.

En particular, en todo lo que se relaciona con el despido, una cuestión orillada en la reforma laboral, pero que ahora cobra fuerza porque la líder de Sumar ya ha anunciado su intención de "tocar" el despido. O lo que es lo mismo, revisar su cuantía a la luz de una nueva doctrina que se basa en tener en cuenta la renta del trabajador despedido para fijar la indemnización. Aunque formalmente la propuesta no está en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar, se habla de establecer garantías para los trabajadores frente al despido, y lo cierto es que cuenta con la anuencia de CCOO y UGT. En el caso del sindicato de Unai Sordo, ya ha anunciado que la Fundación 1 de Mayo celebrará un seminario permanente sobre la reforma del despido y, de hecho, los sindicatos ya lo han reclamado al Comité Europeo de Derechos Sociales.

Lo que se reclama es que las indemnizaciones por despido improcedente no se basen de forma exclusiva en la antigüedad, ya que se vulnera el art. 24 de la Carta Social Europea, que exige una "reparación adecuada", y, de hecho, ya varios tribunales han planteado la posibilidad de declarar indemnizaciones adicionales en función de las circunstancias económicas del trabajador. En definitiva, una subida de las indemnizaciones por despido improcedente.

Este es un punto crucial para los empresarios, que de forma reiterada se han negado a revisar al alza las indemnizaciones por despido, después de que fueran rebajadas en la anterior reforma laboral. Esto sugiere que la nueva legislatura no contará con tantos acuerdos sociales como la anterior, entre otras razones, porque tampoco hay visos de que la propuesta de reducir de forma progresiva la semana laboral de 40a 37,5 horas vaya a contar con la anuencia de la patronal. CEOE, igualmente, ya se desmarcó de una subida del salario mínimo por encima de lo que se incremente la inflación, y no parece que vaya a estar en el acuerdo.

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En la misma línea, lo que se propone es reforzar las garantías de los trabajadores cuando el empresario modifique las condiciones de trabajo y en los descuelgues (cuando una empresa no puede pagar la subida salarial pactada en el convenio). Lo que se pretende es que esos procedimientos sean negociados y no se fijen de forma unilateral.

Es decir, un contexto de reforma, salvando las distancias históricas, ciertamente parecido al que se produjo en 1980, cuando en el nacimiento del Estatuto de los Trabajadores, con mayoría de UCD, no estuvieron detrás los sindicatos. En este caso, los empresarios.

La reforma del Estatuto de los Trabajadores para adaptarlo al siglo XXI ya la planteó la antecesora de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, Magdalena Valerio. Sin embargo, no pudo abordarla por falta de tiempo y porque había reformas más urgentes para el Gobierno y los sindicatos, como la recuperación de la indexación de las pensiones al IPC con acuerdo en el Pacto de Toledo. Por su parte, Díaz centró sus esfuerzos en derogar lo que llamó aspectos más lesivos de la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular.

Pero más allá de los problemas de plazos, la reforma integral del Estatuto de los Trabajadores genera problemas internos entre los dos socios de gobierno. Para Díaz, es urgente endurecer el despido y mejorar la protección social de los trabajadores, mientras que la parte socialista está preocupada por entorpecer con la regulación la creación de empleo y generar desincentivos a la participación de la ciudadanía en el mercado laboral. Por si fuera poco, los sindicatos comparten la visión ambiciosa de Díaz, pero la patronal quiere mantener el texto como está o sin muchos cambios. De hecho, para la CEOE fue un éxito evitar que la reforma laboral encareciese el coste del despido. La distancia en las posiciones de partida de los actores implicados convierte esta reforma en el gran reto económico para el futuro Gobierno.

Vuelve la disciplina fiscal

El presidente del Gobierno también anunció una batería de medidas de gasto público orientadas a combatir la inflación y ayudar a las rentas bajas y los jóvenes. Esto exigirá un gran esfuerzo a los futuros presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, la extensión durante el primer semestre del año de la rebaja del IVA a los alimentos tendrá un coste de casi 700 millones de euros (según el propio cálculo que el Gobierno incluyó en el plan presupuestario). También se establecerá la gratuidad del transporte público a los jóvenes (en 2023, el Estado ha gastado más de 1.300 millones de euros en las ayudas al transporte público). Sánchez también ha prometido aumentar el presupuesto de becas, recortar las tasas universitarias y establecer incentivos fiscales para los propietarios que reformen sus viviendas.

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El reto para el Gobierno es que tendrá que compaginar la aprobación de estas medidas con el regreso de las reglas fiscales. Las reglas fiscales se volverán a aplicar a partir del 1 de enero y aunque Bruselas será flexible, los dos pilares del Pacto de Estabilidad y Crecimiento seguirán ahí y marcarán el debate: los objetivos de déficit inferior al 3% y de deuda pública inferior al 60% del PIB. Tras años fuera del debate económico de Bruselas, todo se volverá a leer con esas dos coordenadas. La Comisión Europea tiene altas expectativas sobre la responsabilidad presupuestaria de España en el próximo ejercicio. Esta confianza se deriva del plan presupuestario que remitió el Gobierno a Bruselas en octubre, en el que mostraba su voluntad de levantar todas las medidas fiscales extraordinarias aprobadas durante la crisis inflacionista. Sin embargo, lo que no aparecía en ese plan presupuestario es la batería de medidas fiscales que anunció Sánchez en el Congreso.

La Comisión Europea espera que el déficit público de España se reduzca en casi un punto del PIB en 2024, pasando del 4,1% de este año al 3,2%. Para cumplir esta previsión, las administraciones públicas tendrán que contener sus tentaciones de gasto. La Comisión Europea calcula que toda esa reducción del déficit público será estructural, ya que se basa en la eliminación de las ayudas extraordinarias de la crisis inflacionista. A pesar de todo, el déficit previsto por la Comisión Europea sigue por encima del 3%. En concreto, el déficit previsto es del 3,2% y el déficit estructural, del 3,5%.

Sin embargo, la Comisión Europea no disponía de todas estas medidas anunciadas por Sánchez en la elaboración de estos cálculos. En definitiva, España todavía tiene mucho trabajo por delante para recuperar la estabilidad presupuestaria. Aunque el PIB y el empleo están en máximos históricos, el déficit sigue claramente por encima del 3%.

Sánchez ha prometido más gasto público, pero en su discurso también ha avanzado que habrá subidas de impuestos. “Los ricos tienen que pagar más impuestos que lo que pagan ahora. Y mientras nosotros gobernemos, los ricos van a pagar más que el resto, que es lo que mandata la Constitución”, señaló Sánchez durante su discurso de investidura. No dio más información sobre la subida de impuestos, pero el acuerdo del PSOE con Sumar incluye también impuestos medioambientales, el de sociedades y los tributos de la banca y las energéticas.

Las subidas de impuestos serán necesarias para contrarrestar el incremento del gasto público y para cumplir con las exigencias que introducirán las nuevas reformas fiscales. Para el futuro Gobierno, será un reto aunar sus compromisos de gasto, incluyendo las promesas a Cataluña y el País Vasco, con la estabilidad presupuestaria. Sobre todo, en un contexto en el que el crecimiento y la inflación se están frenando.