Feijóo canaliza el "temor" de los empresarios a un periodo de "inestabilidad" por la amnistía

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Tras abordar las consecuencias políticas, jurídicas y sociales de la amnistía para armar su relato político, Alberto Núñez Feijóo quiere abordar "un plano más" y no dejar de lado las derivadas que puede tener para la economía nacional el trato entre Pedro Sánchez y el independentismo. Hasta la sede nacional de los populares han llegado mensajes de "alarma" por parte de empresarios y pymes —con los que el líder popular mantiene un calendario "constante" de reuniones y conversaciones— a cuenta del impacto que tendrá la despenalización íntegra del procés en la "estabilidad financiera" del país. "No vamos a hablar de crisis, pero desde luego la cosa no va bien", asumen en el entorno del dirigente gallego.

Desde el equipo económico de Feijóo, aseguran que el tejido empresarial del país, desde los gigantes del Ibex hasta las pequeñas y medianas empresas, está "preocupado" por la situación de inestabilidad política derivada de las cesiones al nacionalismo catalán a cambio de la investidura de Sánchez, y teme una legislatura inestable marcada por los vaivenes de los socios del Gobierno que se traduzca en una "ralentización" del crecimiento económico. "Los empresarios nos están llamando para decirnos que la cosa se está poniendo fea. La amnistía lo consume todo", inciden las fuentes consultadas. "Y Feijóo servirá de altavoz para lo que nos vienen advirtiendo", añaden.

Según fuentes de la dirección, el líder del PP agarrará de nuevo la bandera económica que había quedado arrinconada por el convulso contexto político para canalizar el "temor" de la clase empresarial a la deslocalización de inversiones, la caída de importaciones y exportaciones o la ralentización de la creación de puestos de trabajo. Recuerdan en este punto que la política económica del Gobierno de coalición ya ha provocado reacciones en altos cargos del Ibex, como Ana Patricia Botín (Santander) o José Bogas (Endesa), que cargaron contra la política fiscal del Ejecutivo en funciones y la prórroga del impuesto extraordinario a bancos y energéticas, uno de los compromisos del acuerdo entre PSOE y Sumar. "Si se pagan demasiados impuestos, la gente se mueve", lamentó Botín.

Pero hay otros elementos nuevos derivados de las negociaciones de investidura que, como poco, generan "expectación" y "nerviosismo" en la clase empresarial. El primero es la cuestión de la condonación de la deuda a Cataluña y la intención del Gobierno de extender ese mecanismo a otras comunidades autónomas endeudadas con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). "La gente se está preguntando cómo se van a cubrir esa quita de la deuda y esas transferencias millonarias a los territorios", inciden en Génova. "Puede implicar asumir un enorme riesgo", añaden, deslizando la posibilidad de una nueva subida de tributos.

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Pero la letra pequeña del pacto con Junts genera aún más "incertidumbre". Más allá de una amnistía total para el procés o de pactar la figura del mediador internacional para negociar el referéndum de autodeterminación en la presente legislatura, el independentismo ha exigido al Estado la creación de una suerte de cupo catalán con la cesión del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña, lo que desbarataría el actual sistema de financiación autonómico. En el acuerdo, Junts exige también un plan de incentivos para que los miles de empresas que abandonaron Cataluña durante el 1-O, precisamente por la insostenible inestabilidad política y social, regresen a la región. El cómo —y sobre todo el cuánto— sigue siendo una incógnita.

En el PP, advierten además de que a todos estos elementos de "incertidumbre" se suma el impacto de la revuelta social y la violencia que se sucedió en el centro de Madrid la pasada semana, a lo que se suma el temor a que todo se descontrole y "la gente explote" cuando la investidura de Sánchez sea una realidad. "Estamos en una situación en la que si alguien quiere hacer una inversión en España, se lo va a pensar dos veces", insisten. En las filas de los populares trabajan con la tesis de que, más allá del conflicto político y de la indignación por la amnistía, "lo que más enfada a los ciudadanos es lo que tiene que ver con sus bolsillos". Y creen que las cesiones económicas al independentismo tendrán su debida contestación en la calle.

Feijóo ya ha dado el pistoletazo de salida a esta nueva estrategia y no descarta reuniones dentro del ámbito económico en los próximos días para "abordar la situación". El pasado jueves, durante unas jornadas parlamentarias sobre la amnistía en el Congreso de los Diputados, instó a "no obviar el factor económico" derivado de la atropellada actualidad política. "Arrasar con la seguridad jurídica de nuestro país supone arrastrar la competitividad de nuestra economía y el desarrollo de nuestro país", alertó, relacionando de forma directa amnistía con retroceso económico, y sin obviar la deriva hacia un escenario "oscuro" en materia de inversión y financiación.

"La ley de amnistía se ha redactado por los abogados de los que están siendo buscados por la Justicia. ¿Qué pensarán los inversores de un país en que el Estado de derecho se cuestiona? Esto no es un progreso, sino claramente un retroceso", incidió Feijóo. El líder popular ha endurecido considerablemente el tono después de trascender la letra pequeña del acuerdo con Junts, y llegó a comparar el "golpe" de Sánchez con episodios como el 23-F o la acción de ETA. Feijóo llamó a la movilización social "sin ira", y en Génova prometen una ofensiva "por tierra, mar y aire" no solo contra la amnistía, sino contra todas las cesiones al independentismo, como la cesión de los tributos a Cataluña. "Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, porque somos el único refugio constitucional", añadió.