El gasto en pensiones en 10 provincias es el doble que las cotizaciones de sus trabajadores

La indexación de las pensiones al IPC ha obligado a subir las prestaciones un 8,5% este año. Tal incremento ha multiplicado la presión financiera que viven las cuentas del sistema de la Seguridad Social, que cada vez necesita una transferencia más cuantiosa de los presupuestos generales del estado para financiarse. El desequilibrio es más evidente en las provincias más envejecidas, lo que también es una advertencia de lo que le espera al resto del país a medida que los tramos más anchos de la pirámide poblacional se concentren por encima de los 65 años.

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En el primer semestre del año, hubo 10 provincias en las que el gasto en pensiones contributivas duplicó los ingresos generados en el territorio. O lo que es lo mismo, en estas provincias sería necesario multiplicar al menos por dos el número de cotizantes para equilibrar los ingresos y gastos. Estos territorios se concentran en el noroeste de España, regiones despobladas y envejecidas en las que, además, se pagan pensiones elevadas a los antiguos trabajadores de la industria y de la minería. De hecho, en muchas ocasiones las pensiones tan generosas que cobran fue la moneda que pagó el Estado para que aceptaran las grandes reestructuraciones del tejido productivo que incluyeron el cierre de fábricas y, especialmente, de minas.

Asturias encabeza la lista, seguida de cerca por León, y ambas a gran distancia de las demás. El motivo es que tienen pensiones muy elevadas de la minería y, además, viven una crisis permanente de empleo desde hace más de dos décadas. Asturias tiene la tercera pensión de jubilación más alta de España, de casi 1.650 euros de media al mes, solo por detrás de Vizcaya y Álava.

Las transferencias que reciben las dos provincias de la Seguridad Social se han convertido en su principal sustento económico. El gasto en pensiones en Asturias durante los seis primeros meses del año fue un 185% superior a los ingresos generados en la provincia, y en León fue un 180% superior, según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Esto significa que en ambas provincias el gasto casi triplica los ingresos que generan los trabajadores. De hecho, en Asturias y León los ingresos exclusivos de las cotizaciones sociales ni siquiera permiten pagar el gasto en pensiones de jubilación (excluyendo al resto: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor familiar).

El resto de las ocho provincias en las que los pagos han duplicado a los ingresos se concentran en Galicia (Lugo y Ourense), Castilla y León (Zamora, Palencia, Ávila, Teruel y Salamanca) y Cantabria. Y hay otras tres provincias que, aunque no llegan a duplicar el gasto, están a menos de un 2%: Burgos, Vizcaya y Pontevedra.

Vizcaya es, además, una de las provincias que más protestan por la cuantía de las pensiones, aunque tiene la más alta de España: 1.720 euros de jubilación media. Los ingresos que generan los trabajadores de la provincia son claramente insuficientes para financiar toda la transferencia que recibe de la Seguridad Social para el pago de las pensiones. En la primera mitad del año, el pago de prestaciones superó los 2.580 millones de euros y los ingresos totales apenas alcanzaron los 1.300 millones.

En estas provincias envejecidas, el deterioro de las cuentas de la Seguridad Social se ha precipitado en las últimas décadas. Y más desde que comenzó la crisis inflacionista actual. Por ejemplo, desde 2019, el gasto en pensiones de Asturias, Lugo y Ourense ha crecido casi 10 puntos más que los ingresos, y en León ha crecido 11 puntos más.

Ninguna provincia tiene actualmente menos gastos en pensiones que ingresos de la Seguridad Social. Esto es, no hay ninguna en superávit, aunque es posible que alguna lo consiga en la segunda mitad de 2023 si sigue creciendo el empleo. La que está en una situación más equilibrada es Almería, con un gasto que apenas supera en un 6% los ingresos. Y por debajo del 20% están también Madrid, Baleares y Santa Cruz de Tenerife. Todas ellas regiones con un alto componente de exportación fuera de sus fronteras: en el caso de Baleares y Tenerife, venden servicios turísticos, mientras que Madrid vende servicios profesionales. La exportación a otras regiones (ya sean nacionales o extranjeras) permite concentrar el empleo y combatir el envejecimiento poblacional.

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Este desequilibrio entre cotizaciones y pensiones implica que el Estado cada vez tiene que realizar transferencias mayores a la Seguridad Social para financiar todas las prestaciones. En 2023, el Estado enviará casi 39.000 millones de euros a la Seguridad Social para el pago de pensiones no contributivas, complementos a mínimos y los que el ministerio llama "gastos impropios". Ni siquiera con ese montante la Seguridad Social conseguirá evitar el déficit.