La cuarta parte de la población tiene ya más de 65 años en una decena de provincias

El llamado invierno demográfico avanza, y lo hace con especial importancia en 10 provincias españolas donde al menos uno de cada cuatro habitantes tiene ya 65 o más años. A la cabeza de todas ellas, Ourense y Zamora, donde casi la tercera parte de la población, un 31,8% y un 31,3%, respectivamente, supera hoy la edad legal de jubilación hasta la reforma de 2011 (67 años en 2027).

Detrás de ellas se encuentran ocho provincias —Lugo, León, Salamanca, Asturias, Palencia, Ávila, A Coruña y Soria— donde más del 25% de sus habitantes tiene más de 65 años, lo que refleja un doble fenómeno demográfico. Por un lado, el aumento de la esperanza de vida, es decir, la mayor longevidad, y, por otro, el desplome de la tasa de natalidad, que es especialmente relevante en cuatro provincias: Zamora, Ourense, Asturias y Lugo, donde la tasa bruta de natalidad (número de nacimientos por cada 1.000 habitantes) se sitúa ya por debajo del 5%.

En el lado contrario se encuentran Melilla, Almería y Murcia, donde el número de nacimientos respecto de la población más que duplica la media del país. Esto se explica, fundamentalmente, por el peso de la inmigración.

Las mujeres inmigrantes tienden a tener más hijos que las nacionales. En concreto, de los 337.380 nacimientos que se registraron el año pasado, lo que representa un 1,1% menos que en 2020, más de la quinta parte (un 21,4%) fueron de madre extranjera. Por lo tanto, el doble que el peso que tienen los extranjeros respecto de la población total, y eso que en esa cifra se incluyen los que nacieron dentro de la Unión Europea, cuya tasa de natalidad es significativamente menor.

Proyecciones demográficas

Las proyecciones oficiales señalan que hasta 2050 continuará creciendo el grupo de mayores de 65 años, que hoy representan globalmente casi el 20% de la población (media anual), pero que alcanzarán el 31,4% dentro de menos de dos décadas.

Los datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística (INE) conocidos este miércoles no representan ningún punto de inflexión, sino que muestran, por el contrario, una tendencia que España no es capaz de revertir, lo que tiene importantes consecuencias sociales y económicas.

Factores como el número de pensiones públicas, la tasa de ahorro, la inversión residencial, la propensión al consumo o la fuerza laboral (población activa) están fuertemente condicionados por la edad media de la población, que hoy, incluyendo hombres y mujeres, se encuentra en 44 años. Solo hay que tener en cuenta que, según las proyecciones oficiales, la población en edad de trabajar, es decir, entre 15 y 64 años, irá teniendo progresivamente un peso menor hasta 2050, y a partir de ahí volverá a crecer.

Al comenzar el siglo, la edad media de los residentes en España se situaba en 39,5 años, lo que da idea del ritmo de envejecimiento de la población española. Pero es que en 1977, al comienzo de la recuperación de la democracia, apenas alcanzaba los 33 años. Hoy, las personas con edad igual o superior a 65 años representan el 81% del total de pensiones que paga la Seguridad Social.

Su repercusión, en todo caso, no es solo económica, sino también política, toda vez que el voto está condicionado de forma significativa por la edad o, incluso, por la fuerza de los fenómenos migratorios, además de por la ideología. Lo que revelan los números de Estadística es que la población de nacionalidad española se redujo en 15.502 personas el año pasado.

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El invierno demográfico, sin embargo, puede tener a la vista un periodo de primavera vinculado a la llegada masiva de inmigrantes que se produjo entre finales del siglo pasado y los primeros años de este. En ese corto periodo de tiempo, alrededor de una década, entraron en España más de cinco millones de inmigrantes.

Política de inmigración

Ahora, los hijos de aquellos pioneros —España ha sido tradicionalmente un país más de emigrantes que de inmigrantes— son los que están en edad de procrear, y de ahí que las proyecciones más a corto plazo prevean un aumento de la tasa de natalidad. En España, según el último informe económico y financiero de la Seguridad Social, que forma parte de la documentación presupuestaria, el número de nacimientos continuará reduciéndose hasta 2027, cuando se espera un cambio de tendencia.

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A partir del año siguiente, los nacimientos podrían comenzar a aumentar debido a la llegada a las edades de mayor fecundidad de generaciones cada vez más numerosas. Es decir, de cuando se produjo la irrupción de millones de inmigrantes en unos momentos en que la fuerte actividad económica necesitaba mano de obra extranjera. Sus hijos son los que empezarán a tener hijos en los próximos años.

El problema es que los flujos de población inmigrante tienden a concentrarse en las grandes ciudades o en las zonas de fuerte actividad económica vinculadas a la agricultura, lo que significa que las provincias que hoy están más envejecidas seguirán en la misma situación. Por el contrario, los grandes núcleos urbanos serán los que más puedan beneficiarse.

El año 2015 fue el primero en que el crecimiento vegetativo de España (diferencia entre los nacidos y los fallecidos) fue negativo, y desde entonces esa tendencia se ha repetido año tras año. Las defunciones seguirán creciendo hasta alcanzar 654.000 anuales de media en el quinquenio 2060-2064. A partir de ahí, empezarán a bajar.