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Envejecimiento, clientelismo… Hacienda edita un duro informe sobre el sector público
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EL 46% DEL FUNCIONARIADO TIENE 55 AÑOS O MÁS

Envejecimiento, clientelismo… Hacienda edita un duro informe sobre el sector público

La función pública ha crecido en tamaño, pero lo ha hecho de forma desordenada. ¿El resultado? Envejecimiento y triunfo del clientelismo. Un informe editado por Hacienda lo pone negro sobre blanco

Foto: Foto: EFE/Luca Piergiovanni.
Foto: EFE/Luca Piergiovanni.
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"La función pública en España está muy envejecida, lo que es completamente inadecuado en un contexto de innovación digital y tecnológica permanente". En estos términos tan directos se expresa un trabajo publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente de Hacienda, en el que ofrece datos demoledores sobre los problemas de la función pública.

El trabajo se resume en dos cifras necesariamente complementarias. Por un lado, casi la mitad de los empleados públicos (el 46%) tiene más de 55 años (cuando la jubilación es, en muchos casos, a partir de los 60 años), y, por otro, apenas el 5,4% tiene menos de 34 años, y cuyas habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías suelen ser mayores. Solo la Administración Pública italiana cuenta con unos niveles similares de envejecimiento, pero con una diferencia. España, después de Noruega, con una economía fuertemente estatalizada, y Hungría, que camina hacia la renacionalización de algunas políticas públicas, es el país en el que más ha crecido el empleo público entre 2007 y 2019.

Foto: Oficina de extranjería en Barcelona. (EFE/Xavier Bertral)

Lo significativo no es la tasa de variación, apenas un 0,88%, sino que lo relevante es que España, durante ese periodo, es el único país que antes de la pandemia no había recuperado aún los niveles de empleo en el sector privado. El resultado, como sostiene el trabajo, es que "el peso global del empleo público en España sobre el empleo total ha crecido muy por encima del observado en el resto de los países".

Ahora bien, con una matización. El nivel de empleo público respecto del conjunto de la ocupación, un 15,5%, se sitúa todavía muy por debajo de Noruega (30%), Suecia (28%), Dinamarca (27%) o Francia (21%). El país que más se parece a España es Reino Unido, aunque también EEUU (un 14%), cuyos gobiernos, históricamente, han incentivado más la economía privada frente a la de carácter público. Hay, por lo tanto, más empleo público, pero muy envejecido y con dificultades para adaptarse a los cambios tecnológicos. "La falta de planificación y de sustitución ordenada del personal ha derivado en un acusado envejecimiento del personal al servicio del sector público, sin parangón en Europa", se dice en el artículo.

Clientelismo político

El trabajo lo ha realizado José Antonio Díaz Lago, del Cuerpo Técnico de Aduanas de Hacienda, para quien "no se está dando una renovación adecuada de los empleados públicos en las distintas administraciones públicas". Nada menos que el 95% de los empleados públicos en España tiene más de 34 años y, de ese porcentaje, prácticamente la mitad, como se ha señalado, supera los 55 años.

¿Por qué se ha llegado a esta situación en el empleo público en España?, se pregunta el autor del artículo. Se podría pensar, sostiene, que el aumento del empleo público tiene que ver con el proceso de transferencias, que ha hecho que el incremento del personal al servicio de las comunidades autónomas haya crecido en las dos últimas décadas un 33%, mientras que en el caso de las universidades el incremento es del 75%. Pero la realidad es que esas transferencias para cubrir las nuevas competencias de las regiones no han ido en paralelo a una disminución de las que ha perdido la Administración Central. "Tomando los valores absolutos", recuerda, "la Administración del Estado ha disminuido su personal en una cifra algo inferior a 50.000 mil efectivos, mientras que el incremento de personal en las comunidades autónomas y las universidades dependientes de las mismas se eleva a casi 425.000 efectivos". Es decir, a igual número de competencias se han incrementado las plantillas de forma significativa.

Esta paradoja —así como los problemas que genera el alto envejecimiento en la Administración Pública— ha sido identificada por todos los gobiernos, que desde hace décadas vienen anunciando la necesidad de racionalizar el sector público. ¿El resultado? Como dice el autor del artículo, "estos planes suelen quedar debidamente archivados o decoran los estantes de las bibliotecas y su aplicación práctica es escasa", pese a que no hay gobierno que se precie de no haber elaborado su plan específico en la materia, incluido el actual.

De nuevo, la realidad ha sido muy distinta. El trabajo editado por Hacienda resalta que "las presiones y clientelismos desatados en entornos territoriales y administrativos más pequeños no han servido para rejuvenecer la Administración y, al menos, contar con personal más idóneo por razones de edad para afrontar los retos de la renovación tecnológica exponencial".

El proyecto más ambicioso fue, en tiempos de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la creación de una Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA), que pretendía la reducción de organismos y entes públicos de utilidad y eficacia discutibles, pero que en la práctica ha supuesto que muchos organismos suprimidos acabaran por integrarse en otros y su personal afectado "encontró acomodo en otros ámbitos de las distintas administraciones".

Traspaso de competencias

Los últimos datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública muestran la existencia de 2,72 millones de empleados públicos, de los que el 19% trabaja para el Estado, el 60% para las comunidades autónomas (que también son Estado) y el 21% restante para ayuntamientos, diputaciones y cabildos. En 2003, después de haberse cerrado el traspaso de las grandes competencias a todas las regiones, Sanidad y Educación, el número de empleados públicos apenas alcanzaba los 2,30 millones.

Algunos trabajos académicos, como el índice de complejidad de una economía que cada año publica la Universidad de Harvard, muestran que el incremento de empleo público tiene una relación directa positiva y muy acusada dirigida en los países de menor crecimiento del PIB, pero muy débil, casi neutra, en los países de mayor crecimiento. España, en concreto, se sitúa como el 32º país más complejo en el ranking del Índice de Complejidad Económica (ECI). En comparación con una década antes, la economía se ha vuelto menos compleja, empeorando ocho posiciones en el ranking.

No menos significativo es el hecho, reconoce el trabajo publicado por la revista de Hacienda, de que casi el 90% del incremento de empleo público en los últimos 20 años corresponde a personal interino o eventual, lo que supone más de 350.000 efectivos, en muchos casos incorporados a través de redes de clientelismo político.

Ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien ha tenido que poner orden en la legislación española, aunque por el momento con escaso éxito, ya que los procesos de normalización están sufriendo numerosos problemas. La conclusión que saca el trabajo es que "la proliferación de interinidades y personal temporal afecta directamente al modelo de una Administración aséptica y meritocrática y parece retrotraernos en el túnel del tiempo a la época de las cesantías, que parecía superada".

"La función pública en España está muy envejecida, lo que es completamente inadecuado en un contexto de innovación digital y tecnológica permanente". En estos términos tan directos se expresa un trabajo publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente de Hacienda, en el que ofrece datos demoledores sobre los problemas de la función pública.

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