Los políticos prometen subir las pensiones, pero en 2025 se toparán con un susto

Pocos asuntos son capaces de generar una polémica que condicione la campaña electoral como las pensiones. Los jubilados no solo son un grupo social muy numeroso, también están altamente movilizados para defender sus prestaciones. Esto explica que los partidos políticos lleven ya más de una semana acusándose mutuamente de provocar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en el pasado. Los candidatos del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han acusado mutuamente de lo que hicieron sus predecesores. José Luis Rodríguez Zapatero congeló las pensiones (salvo las mínimas) en 2011 y Mariano Rajoy las revalorizó por debajo del IPC en 2012, 2013 y 2017, y lo intentó en 2018.

Tanto Sánchez como Feijóo han aprendido bien la lección: prohibido reducir el poder adquisitivo de las pensiones. Los dos prometen mantener la revalorización de las pensiones con el IPC para evitar el enfrentamiento con los más de 10 millones de beneficiarios que hay en España. Pocos consensos existen tan sólidos en España como el mantenimiento de las pensiones.

Sin embargo, lo que no preocupa en España, sí lo hace en Europa: la sostenibilidad del sistema. Esto es, cómo conseguir pagar las pensiones de la generación del baby boom cuando solo haya dos trabajadores por cada jubilado. La Comisión Europea exigió a Sánchez, en el marco del plan de recuperación, que aprobara una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema a largo plazo. El problema es que lograr el equilibrio a largo plazo manteniendo el poder adquisitivo y la tasa de sustitución obliga a realizar una gran subida de las cotizaciones sociales.

Para evitar este escenario, el Gobierno aprobó una reforma de las pensiones que contempla la obligatoriedad de hacer ajustes a partir del año 2025 si los números no cuadran. Y este es el gran reto para el próximo presidente. No tanto que esté en duda su compromiso con la revalorización de las pensiones, como que la ley (y la Comisión Europea) exija atajar el déficit si los números se deterioran.

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Todavía está por ver si la Comisión Europea acepta esta escapatoria que diseñó el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. En concreto, se trata de la disposición adicional segunda incorporada al Real Decreto-ley 2/2023. El futuro Gobierno tendrá que encargar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que actualice las previsiones de ingresos y gastos de la doble reforma de las pensiones. En la primera aproximación que hizo la AIReF, estimó que las medidas de ingresos aportarían el equivalente al 1,1% del PIB en 2050, cifra que no llega al 1,7% fijado por el Gobierno. Aunque la referencia no es la misma, porque el Gobierno estima que este 1,7% serán los ingresos medios anuales para el periodo 2022-2050, parece difícil que pueda llegarse a esa cuantía.

En el caso de que la cifra de ingresos no llegue al objetivo marcado por Escrivá, el gasto máximo permitido en pensiones sería equivalente al 15% del PIB menos la desviación de las previsiones. Por ejemplo, si la recaudación de las medidas es de 1,3 puntos del PIB, el límite de gasto en pensiones tendría que restar 0,4 puntos (1,7-1,3 puntos) del 15% máximo. Esto es, el límite sería del 14,6% del PIB.

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Estas cifras tampoco se ajustan a las previsiones de la AIReF, que prevé que España llegará a 2050 con un gasto en pensiones superior al 16% del PIB. Eso significa que se superará el umbral marcado en la ley y, en ese caso, el Gobierno de turno tendrá que hacer ajustes. En concreto, la norma establece que el Ejecutivo tendrá que aprobar "un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas".

Está por ver cuáles son los números de ingresos y gastos en 2025 y las proyecciones a largo plazo, pero todo apunta a que serán necesarios más ajustes. De ahí que, aunque los políticos muestren hoy su compromiso con los jubilados, en un futuro serán necesarias más medidas para avanzar hacia la sostenibilidad del sistema. Esto no significa que sean necesarios recortes de pensiones, porque la ley permite que los ajustes se realicen por la vía de los ingresos.

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Esto supondría subir más las cotizaciones sociales, lo que afectaría directamente a los trabajadores, o elevar otros impuestos y traspasar la recaudación a la Seguridad Social. En ese caso, una subida de la imposición general podría afectar también a los pensionistas y no solo a los trabajadores, sobre todo si se centra en la tributación del patrimonio, que se concentra en los mayores de 65 años.

En cualquier caso, lo que supone esta ley es que las promesas de mantenimiento del poder adquisitivo estarán cogidas con pinzas hasta que la Comisión Europea publique su Aging Report y la AIReF haga su evaluación de las medidas de ingresos y gastos. Por su parte, los trabajadores tampoco pueden dar por seguro que no tendrán que pagar más impuestos para financiar la revalorización de las pensiones. El Partido Popular votó en contra de esta segunda reforma de las pensiones alegando que esta disposición adicional obligaría a hacer ajustes en el futuro. Sin embargo, los populares tampoco han querido hacer una propuesta alternativa para garantizar la sostenibilidad del sistema.