Sánchez confirma el acuerdo con Bruselas en pensiones para la entrega de los fondos UE

Acuerdo para la reforma de las pensiones en el seno del Gobierno de coalición. Fuentes cercanas a las negociaciones del Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, y de la vicepresidencia segunda, liderada por Yolanda Díaz, confirman a este diario que han logrado cerrar un acuerdo esta tarde. Otras fuentes gubernamentales aseguran que, si bien no pueden hablar en nombre de la Comisión Europea, sí creen que el acuerdo alcanzado internamente entra dentro de los parámetros que serían aceptables para Bruselas, que tiene que dar el visto bueno a la reforma. La modificación se aprobará a través de un decreto en el Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la reforma parte del "acuerdo y consenso con las instituciones comunitarias". En declaraciones esta mañana desde Barcelona, donde ha visItado las instalaciones del superordenador 'Marenostrum 5', el jefe del Ejecutivo se ha referido a un acuerdo "fruto de un intenso diálogo con la Comisión Europea y, por tanto, cumple con los hitos y objetivos establecidos en el plan de recuperación" del que depende el próximo desembolso de los fondos UE.

Escrivá también ha acercado posiciones con los socios parlamentarios necesarios para convalidar el decreto, principalmente, ERC y EH Bildu. Fuentes parlamentarias de ambas formaciones confirman que se han reunido con el titular de Seguridad Social y que se han producido avances tras la introducción de cambios en el texto. "Hay algunas cuestiones que responden a nuestras peticiones como el no ampliar el periodo de cómputo de manera obligatoria", trasladan fuentes parlamentarias de EH Bildu. El PNV no estaría por el momento entre las formaciones que potencialmente apoyarán la iniciativa y señala que no ha mantenido conversaciones como tal con el Ejecutivo. Fuentes del grupo vasco reconocen que no han comunicado a Escrivá su posición, que supeditan al análisis de la letra pequeña del decreto.

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Al igual que Unidas Podemos, las formaciones del arco izquierdo del Congreso exigían que no se incluyese en el articulado la ampliación del periodo de cómputo (de 25 a 30 años, según se planteó en un principio) para calcular las cotizaciones. Una de las opciones que están encima de la mesa es la de dejar una doble vía opcional al futuro jubilado: calcular la pensión con los últimos 25 años (el sistema actual) o con los 27 mejores de los últimos 29 (una propuesta reciente de Escrivá rechazada por los socios).

En el Ejecutivo, solamente confirman que se han producido cambios con respecto a la propuesta inicial esbozada con Bruselas, sin especificar si estos corresponden al sistema de cálculo sobre las cotizaciones. Este viernes, el titular de Seguridad Social presentará el acuerdo a los agentes sociales, después de trasladárselo a los grupos parlamentarios con los que busca sacar adelante el decreto.

Sindicatos

Los sindicatos también habían puesto como línea roja la ampliación del periodo de cómputo, que calificaron como un "recorte", pero sobre todo pedían que para dar su visto bueno se contase antes con los apoyos parlamentarios necesarios, además de entre los socios de la coalición. "Ya le hemos dicho al Gobierno que no negociaremos esta medida si no hay una mayoría política para aprobarla", declaraba en una entrevista en este periódico el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Esta vez, quieren ser los últimos en abordar este tema, porque es muy espinoso para ellos. Prefieren que sean los partidos políticos quienes asuman el golpe de tal medida.

El desbloqueo de las negociaciones dentro del Gobierno se produce después de tres meses sin apenas avances. Precisamente, por la línea roja del periodo de cómputo, que se hacía insalvable. Desde la parte morada, se llegó al punto de que advirtieron de que la única salida pasaba por que Escrivá renegociase los términos de la reforma con Bruselas. Eso fue lo que acabó ocurriendo y finalmente se han producido cambios con respecto a las líneas generales que formaron parte del plan de recuperación, a la espera de darse a conocer los detalles.

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De la aprobación del decreto depende el desbloqueo del próximo tramo de los fondos europeos para la recuperación. El calendario comprometido era tener lista la reforma antes de que finalizase 2022. El ministro prometió a la Comisión Europea una reforma para la que no tenía los apoyos, consecuencia de no haber negociado con el resto de partidos políticos el contenido de los compromisos, y en los últimos días ha tenido que renegociar los términos con Bruselas.

En Unidas Podemos, reprocharon asimismo que se hubiese dejado para el final de la legislatura una reforma tan sensible. También que no se hubiesen negociado ya con Bruselas los puntos de fricción antes de plasmar los hitos de la reforma en el plan de recuperación. Los morados ya descalificaron desde un primer momento la propuesta de reforma trasladada por Escrivá como un "globo sonda", subrayando que "en ningún caso" apoyarían una ampliación del periodo de cómputo de las pensiones. Desde el entorno de la vicepresidenta segunda, se insistió también en que no compartían la propuesta porque "es algo muy estudiado y sabemos lo que supone", en referencia a que alargar el cómputo "siempre perjudica" a los pensionistas.

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El Gobierno ya ha renunciado definitivamente a sacar adelante durante esta legislatura la reforma fiscal y la implantación de peajes en las autovías. Ambas iniciativas forman parte de la estrategia de recuperación comprometida con Bruselas para el desembolso de los fondos europeos y, según el calendario consensuado, debían aprobarse a lo largo de este año, en el primer y el último trimestre de 2023, respectivamente.

Incumplimientos

Ninguno de estos hitos se ha incorporado en el plan anual normativo para 2023, el último del mandato, que recoge las actuaciones previstas antes de disolver las Cortes para la convocatoria de elecciones generales. Aunque el desembolso de los fondos UE depende de estos hitos, el Ejecutivo buscará negociar su aplazamiento con un contexto electoral que aleja a los socios parlamentarios, e incluso a Unidas Podemos dentro de la coalición, con reformas impopulares de costes electorales que se han dejado para el último tramo.

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La reforma fiscal, que Hacienda ya metió en un cajón por la situación económica derivada de la invasión rusa de Ucrania, se había fijado para el primer trimestre de 2023. Esta iniciativa, que ahora ya se descarta oficialmente al no incluirse en el plan normativo, se fijó para adecuar la imposición fiscal a la media europea, al estar unos siete puntos por debajo en el momento de realización del plan. Con todo, se incluyen en este componente otros gravámenes ambientales, como el impuesto al diésel para equipararlo al de la gasolina, que Hacienda ya evitó incluir en los presupuestos.

El sistema de peajes en las autovías, que se fijó para el cuarto trimestre de 2023, cuenta con un rechazo unánime y hasta el propio Ministerio de Transportes había dejado en duda su implantación. El componente C28 del plan de recuperación que recoge esta medida hace referencia a "crear un pago por uso de la red viaria de carreteras" dentro del paquete de reformas en materia de movilidad sostenible. La intención del Ejecutivo, en un principio, pasaba por desarrollar el sistema de la llamada viñeta, para dejarla lista de cara al arranque de la próxima legislatura. El objetivo era que posteriormente se pasase a un pago por kilómetro, un sistema implantado en países como Alemania o Portugal, en que los conductores pagan por distancia recorrida. La oposición del socio minoritario a esta medida es frontal, al igual que la de otras fuerzas parlamentarias, al considerarla una carga para la clase trabajadora.