Los socios de Sánchez vetan la reforma de las pensiones y empujan a renegociarla con la UE

La reforma de las pensiones comprometida con Bruselas y de la que depende el desbloqueo del próximo tramo de los fondos europeos para la recuperación se le sigue atragantando al Gobierno. Más de un mes y medio después de que se cumpliese el plazo marcado para su aprobación vía decreto en el Consejo de Ministros, el necesario aval tanto de la coalición como de los grupos parlamentarios está lejos de garantizarse. Todos los aliados consultados, además de los socios en el Ejecutivo, niegan que se hayan producido avances, como tratan de trasladar con mensajes tranquilizadores desde el Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá.

Tanto es así, que fuentes conocedoras de las negociaciones por la parte de Unidas Podemos ya solo contemplan como única salida viable que Escrivá renegocie los términos de la reforma con Bruselas. Para ellos, al igual que para socios parlamentarios como ERC y EH Bildu, es una línea roja ampliar el periodo de cómputo para las pensiones, como figura en el hito del plan de recuperación para la segunda parte de la reforma de las pensiones. El ministro prometió a la Comisión Europea una reforma para la que no tiene los apoyos, consecuencia de no haber negociado con el resto de partidos políticos el contenido de los compromisos. Escrivá ha asegurado en Bruselas que tiene "expectativas" de conseguir sacar adelante la reforma en las próximas semanas, pero ni sus socios de coalición, ni los partidos de la investidura, ni los sindicatos tienen noticia alguna sobre tales avances.

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El contexto preelectoral y que la legislatura esté a punto de entrar en los "minutos de la basura" —como gráficamente define el portavoz de uno de los grupos que conforman el bloque de investidura— tampoco favorecen los acuerdos. En Unidas Podemos reprochan que se haya dejado para el final de la legislatura una reforma tan sensible y que no se hubiesen negociado ya con Bruselas los puntos de fricción antes de plasmar los hitos de la reforma en el plan de recuperación.

"Nosotros siempre hemos defendido que se debe poner el foco en los ingresos y no en los gastos" para cumplir con el objetivo de la reforma de asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, indican desde la parte morada del Gobierno. Sin querer referirse a líneas rojas, estas mismas fuentes advierten de que el nuevo sistema de cálculo de las cotizaciones, que según la propuesta inicial de Escrivá pasaría de 25 a 30 años, pudiendo elegir los dos mejores, es perjudicial para los pensionistas.

Desde la parte de Unidas Podemos, avanzan que no apoyarán ningún "recorte" y dan por sentado que Escrivá deberá fajarse en Bruselas para buscar una salida. En esta línea, fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, argumentan que en su caso ya tuvo que tener conversaciones también con la Comisión Europea para encajar los cambios en la ultraactividad de la reforma laboral.

"Seguimos trabajando"

Tanto desde el Ministerio de Seguridad Social como desde Asuntos Económicos aseguran que las negociaciones para intentar sacar adelante la reforma de las pensiones se están dando en tres ámbitos. Con los grupos parlamentarios, con los agentes sociales y con la Comisión Europea. Una insistencia en incluir a Bruselas como tercer actor de las negociaciones como no había ocurrido en las de otras reformas del plan de recuperación. Sin embargo, desde los ministerios económicos reconocen que por el momento no se han acordado ningún cambio ni nuevos desarrollos sustantivos en la redacción de la reforma con las instituciones europeas. El ministro visita este lunes Bruselas para reunirse con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni para avanzar en un acuerdo para la reforma de las pensiones que sea aceptable para la Comisión Europea y también para los socios del Gobierno y los sindicatos.

Así las cosas, los tiempos que se marcan, sobre todo desde el gabinete de Escrivá, con vistas a poder desbloquear la reforma antes de que finalice el mes de febrero, parecen una quimera en estos momentos. Sobre este calendario, incluso fuentes de la Moncloa se limitan a responder que "seguimos trabajando", evitando ponerse fechas.

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Si desde el equipo de Escrivá se traslada que se están produciendo avances en las negociaciones, los principales socios parlamentarios rebajan estas expectativas. "Sin avances", explican fuentes de la dirección de ERC; "todo parado", aseguran desde EH Bildu; "no hay avances en la negociación", complementan desde el PNV. De hecho, desde este último grupo parlamentario prefieren referirse a "conversaciones" que a "negociaciones como tal", y lamentan que la última reunión de su portavoz, Aitor Esteban, con el titular de Seguridad Social se remonta a finales de noviembre.

Los sindicatos también lamentan la falta de avances: "No consiguen desbloquear la cuestión del periodo de cómputo en el Gobierno y nosotros no entraremos a negociar hasta que no haya una propuesta firme", explican fuentes de CCOO. Pero el sindicato va aún más lejos y asegura que ni siquiera tratará la medida si no existe una mayoría parlamentaria suficiente. "Ya le hemos dicho al Gobierno que no negociaremos esta medida si no hay una mayoría política para aprobarla", aseguraba en una entrevista en este periódico el secretario general del sindicato, Unai Sordo. Esta vez, los sindicatos quieren ser los últimos en abordar este tema, porque es muy espinoso para ellos. Prefieren que sean los partidos políticos quienes asuman el golpe de tal medida, si es que se aprueba finalmente.

La reforma se plasmará a través de un decreto que posteriormente deberá convalidarse por una mayoría parlamentaria que ahora mismo no existe. El PP tampoco es una opción para el Ejecutivo, más allá del coste de romper con sus socios, pues desde Génova se ha criticado el planteamiento de la reforma junto a la patronal. Sin el aval del Congreso asegurado, la negociación con los sindicatos es compleja, pues exigen previamente a Escrivá que ate los apoyos políticos necesarios y no repetir así el escenario de la reforma laboral. Aun con el respaldo de los agentes sociales, la reforma laboral ya fue rechazada por los principales socios de investidura: ERC, PNV y EH Bildu. Finalmente, salió adelante gracias al voto erróneo de un diputado del PP y el inusual apoyo de Ciudadanos.