Escrivá penalizará más los salarios para pagar las pensiones, especialmente los más altos

José Luis Escrivá cargará sobre los salarios el mayor esfuerzo para cuadrar las pensiones durante las próximas décadas, especialmente sobre los más altos. El ministro de Seguridad Social ya tiene los detalles de la propuesta, que el Gobierno ha presentado este viernes a los agentes sociales una vez se ha consumado el acuerdo entre los dos socios de la coalición.

Como le pedían los sindicatos, el pacto político es el primer paso para iniciar la negociación con los representantes de los trabajadores y los empresarios, que se han reunido este viernes con el papel del Ejecutivo sobre la mesa y volverán a encontrarse el próximo lunes. Sin embargo, las orientaciones de la segunda parte de la reforma son muy difíciles de asumir para la patronal, ya que imponen la mayor parte del coste sobre las cotizaciones sociales. Esto constituye una línea roja para la CEOE, que ya ha comunicado su "frontal oposición" a la medida, en contraste con la buena acogida de las centrales.

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Durante las negociaciones con Bruselas, la Comisión Europea había mostrado su recelo a gravar aún más la fiscalidad del trabajo, pero desde el Ejecutivo aseguran que el pacto al que han llegado con los socios entra dentro de los parámetros que serían aceptables en la UE. Desde la Comisión aseguran que ha habido "intercambios intensos" durante las últimas semanas, al igual que con otros países miembros que afrontan una reforma similar.

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social han detallado esta tarde las líneas maestras de la propuesta. El departamento de Escrivá ha planteado a los representantes de los empresarios y los trabajadores una opción flexible para el periodo de cómputo: el pensionista podrá elegir si continúa con el sistema actual, que tiene en cuenta los últimos 25 años, o si lo amplía a 29, pudiendo descartar los dos peores. Esta segunda posibilidad "se desplegará progresivamente" a partir de 2026, aseguran las mismas fuentes. Sin embargo, esto no es suficiente para cuadrar las cuentas, debido al aumento del gasto que supondrá la revalorización de las pensiones conforme al IPC que se consagró en la primera parte de la reforma, al que hay que añadir el envejecimiento de la población y la incorporación a la jubilación de la generación del baby boom, con pensiones más elevadas.

El Gobierno debería haber tenido lista la segunda parte antes del 31 de diciembre del año pasado para pedir el cuarto desembolso de los fondos europeos. "Como siempre es el caso, la evaluación de la Comisión de un hito dado solo puede realizarse después de que se hayan completado todos los hitos y objetivos relevantes vinculados a una solicitud de pago específica", dicen las fuentes comunitarias. Las reformas pendientes son mucho más complejas, y se centran en la búsqueda de nuevas vías para mejorar los ingresos. Ante la insuficiencia de la extensión del periodo de cálculo —sobre todo por su carácter voluntario, que pretende evitar la oposición de unos sindicatos que siempre se han negado a cualquier discusión sobre el asunto—, Escrivá ha buscado otros tres caminos.

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El primero ya se conocía, y forma parte del compromiso que el Gobierno adquirió con Bruselas: el destope de las bases máximas de cotización, que vendrá acompañado de una revalorización solo parcial de la pensión máxima (10 veces menos que el aumento de las bases). El proceso comenzará en 2024 y culminará en 2050, a un ritmo de incremento de 1,2 puntos porcentuales por año para las bases y de 0,0115 para las pensiones máximas, que se añaden a la actualización conforme al índice de precios de consumo. "A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales", apostillan las fuentes del Ministerio.

Las otras dos vías se habían sugerido en algunas filtraciones a los medios durante las últimas semanas, pero sin ningún anuncio oficial. La segunda es que los salarios más altos deberán afrontar un recargo sobre la diferencia entre la base máxima y el sueldo real para hacer sostenible el sistema. Es decir: un aumento de la contribución a la Seguridad Social, en principio temporal, que se aplica sobre la parte que no cotiza. Esta "cuota de solidaridad", según la denominan desde el departamento de Escrivá, será del 1% en 2025 y se irá intensificando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045.

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El Ejecutivo no ha dudado en penalizar a las rentas del trabajo. Y no solo a las más altas. De hecho, doblará la cuantía del tercer parche para cuadrar las cuentas, el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que se aplica de forma universal. Se trata de un recargo del 0,6% en todas las cotizaciones vigente desde este año como fruto de la primera parte de la reforma, pero que a partir de ahora se incrementará a un ritmo de una décima por año para alcanzar el 1,2% en 2029. Además, se ampliará su extensión hasta 2050, que era una petición expresa de Bruselas. Hasta ahora, el Gobierno solo contemplaba que estuviese operativo hasta 2032, y preveía un mecanismo semiautomático para prolongarlo en caso de que las previsiones de ingresos y gastos no se cumplieran y fuese necesario aplicar el recargo para cuadrar las cuentas.

En resumen, Seguridad Social plantea una mayor presión sobre los salarios para garantizar la sostenibilidad del sistema, ante el limitado ahorro que supondrán los cambios en el periodo de cómputo. El Ejecutivo se había comprometido públicamente a que la reforma no llevaría a una reducción de la cuantía de las pensiones, algo que con toda seguridad ocurriría si la primera propuesta de Escrivá —30 años— se llevara a cabo. Durante los últimos meses, Seguridad Social se ha ido acercando a las reivindicaciones de los sindicatos y alejando de Bruselas, que ha advertido sottovoce que un país con un 13% de paro, el más alto de la UE, no puede aumentar los impuestos al trabajo.

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Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el acuerdo se ha producido "gracias al consenso con las instituciones comunitarias". Ante los medios, ha afirmado que ha sido "fruto de un intenso diálogo con la Comisión Europea y, por tanto, cumple con los hitos y objetivos establecidos en el plan de recuperación". Según El País, la propuesta ya tiene la anuencia de Bruselas, será presentada el próximo miércoles en el Pacto de Toledo y aprobada próximamente en el Consejo de Ministros. Escrivá ya advirtió que sacaría la reforma como un decreto ley, aunque este tendrá que ser convalidado en Cortes, para lo que los dos partidos de la coalición necesitarían el apoyo de la mayoría que sustenta al Ejecutivo.

Fuentes del PNV aseguran que el Ministerio de Seguridad Social les comunicó este jueves las líneas maestras de la reforma, pero, matizan, todavía no cuenta con su aval, clave para obtener una mayoría parlamentaria. Desde la formación jetzale reducen los contactos a "una conversación informativa en la que no hubo negociación alguna". "EAJ-PNV no ha comunicado al Gobierno español su posición con respecto a este asunto, que supedita al análisis de la letra pequeña del Real Decreto Ley, recibido esta madrugada", añaden.

Reacciones políticas y sociales

Los empresarios ya han mostrado su rechazo al texto, algo previsible porque siempre se han opuesto al incremento de las cotizaciones sociales, que la reforma bendice por partida triple. Durante la última década, España ha elevado en 3,1 puntos de PIB la presión fiscal al trabajo, según la oficina estadística comunitaria (Eurostat). Es el cuarto país que más lo ha hecho, solo por detrás de Eslovaquia, Lituania y Chipre. Para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones sin incrementar las cotizaciones, el Gobierno debería reducir las cuantías un 20% en los próximos años, según los cálculos de este periódico con base en los datos del Banco de España.

En cambio, los sindicatos UGT y CCOO se han mostrado bastante satisfechos con el hecho de que "se mantenga la orientación de la reforma del sistema de Seguridad Social, iniciada en 2021, basada en el refuerzo de los ingresos del sistema y garantizando sobre esta variable la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones". Aplauden, sobre todo, el incremento progresivo de las bases máximas de cotización. "Se garantiza que cotizarán la totalidad de los salarios, estableciendo por primera vez un sistema de cotización por ingresos reales en el sistema de Seguridad Social", han apuntado en un comunicado conjunto.

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En la parte política, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha expresado el temor de su formación a que la reforma pueda poner en riesgo las pensiones de los próximos años. "Nos da mucho miedo que el plan de Escrivá sirva para asegurar las pensiones de hoy a costa de los que ahora tenemos entre 40 y 60 años", ha afirmado en una entrevista en RNE.

Vox también ha mostrado sus reticencias. "Aunque estamos pendientes de conocer el detalle, desconfiamos de cualquier acuerdo que se haya podido llegar entre PSOE y Unidas Podemos", ha apuntado el portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. "Sospechamos que cualquier medida consensuada con Podemos estará alejada del conocimiento básico del funcionamiento del sistema", ha añadido en su habitual línea de confrontación con la formación morada.

El encargado de confrontar dialécticamente con la oposición ha sido el ministro de Presidencia, Félix Bolañós, que ha acusado a la derecha de "cuestionar siempre la sostenibilidad del modelo público de nuestras pensiones". También ha mantenido que esta reforma "garantiza la sostenibilidad del sistema", en la misma línea que se ha pronunciado Yolanda Díaz. "Con este acuerdo vamos a garantizar la suficiencia de las pensiones en nuestro país", ha apuntado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que también ha querido dar las gracias a Escrivá por haber alcanzado un acuerdo.