España eleva la presión fiscal al trabajo y el gasto en pensiones en comparación con Europa

El envejecimiento de la población y la subida de la pensión media obliga a hacer hueco en el presupuesto al gasto en pensiones. Tanto en el de ingresos como en el de gastos. Esto es, reducir el peso del resto de partidas sobre el gasto total y elevar la presión fiscal para pagar las pensiones y evitar que el déficit se desmadre en el intento. Esto es lo que lleva haciendo España en los últimos años.

Para hacer hueco al gasto en pensiones, la estrategia ha sido elevar la tributación de la renta de los hogares, que es donde reside la mayor base imponible del país. La recaudación generada por el IRPF y las cotizaciones sociales aumentó en 3,1 puntos del PIB en la última década (2011-2021), según los últimos datos publicados por Eurostat. Se trata de la cuarta mayor subida de todos los países europeos, solo por detrás de Eslovaquia, Lituania y Chipre.

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Si se compara con la media de la eurozona, la presión fiscal sobre la renta de los hogares ha crecido el triple en estos diez años. Una parte del aumento de la presión fiscal ha sido consecuencia del crecimiento económico y la creación de empleo. Sin embargo, esta cuantía ha sido insuficiente y los gobiernos han ido elevando la carga impositiva sobre las familias. En los últimos años, por ejemplo, se han subido las cotizaciones sociales de los autónomos, las bases mínimas y máximas de cotización, se ha creado un tramo nuevo del IRPF, se han eliminado deducciones y muchas CCAA han subido los tipos impositivos de sus tramos.

El resultado es que en 2021 el peso de la recaudación sobre la renta de las familias (incluyendo autónomos) ascendió al 8,8% del PIB, lo que supone un aumento de 1,6 puntos del PIB en una década. En cuanto a los ingresos netos por cotizaciones sociales, en 2021 ascendieron al 14% del PIB, lo que supone también 1,5 puntos más que diez años antes.

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Estos datos todavía no incluyen la recaudación del año 2022, cuando se dispararon los ingresos públicos por la creación de empleo y la subida de salarios (que genera una progresividad en frío en el IRPF). Tampoco incluye la subida de las cotizaciones para el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, que ha entrado en vigor en este 2023 y que aumenta la carga fiscal sobre el factor trabajo.

Prácticamente, todo el aumento de la recaudación se ha destinado a financiar el incremento del gasto en pensiones de jubilación. Y eso a pesar de que todavía no han empezado a jubilarse las generaciones más numerosas del baby boom. El presupuesto destinado a las pensiones de jubilación aumentó en 2,8 puntos del PIB en el decenio 2011-2021. Se trata del segundo mayor incremento del gasto de toda la eurozona, solo por detrás de Finlandia, donde se incrementó en 3,4 puntos del PIB.

Esta estadística todavía no recoge las dos grandes revalorizaciones de las pensiones del actual ciclo inflacionista, la de 2022, que fue del 2,5% y la de 2023, del 8,5%. Desde 2022 la subida de las prestaciones está vinculada al IPC, lo que obliga a un gran esfuerzo presupuestario a la Seguridad Social. Esto, unido a las previsiones que apuntan a que España será el país europeo que más envejezca en las próximas tres décadas, da como resultado que España será el país en el que más crecerá el presupuesto destinado a pensiones.

Será necesario, por tanto, endurecer la presión fiscal sobre los hogares para soportar el ritmo de crecimiento del gasto al que abocan las pensiones. De hecho, una parte de este gasto se financia actualmente con un crecimiento de la recaudación de carácter incierto. El comportamiento de los ingresos del IRPF y de las cotizaciones sociales ha sido excepcional desde que comenzó la pandemia, en buena medida como consecuencia de las políticas de sostenimiento del empleo, principalmente los ERTE.

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Este comportamiento excepcional del empleo podría ser consecuencia de una reducción del paro estructural de España, generando así una ganancia neta para el país. Pero también puede ser consecuencia de los desajustes que todavía existían en el año 2021 y 2022 en las plantillas. Por ejemplo, el empleo ha crecido rápidamente, pero no así las horas trabajadas. Esto significa que la productividad por trabajador ha caído y podría tener margen para recuperarse en los próximos años, lo que generaría un crecimiento del PIB sin que las rentas salariales avancen en la misma proporción.

Esto es solo una hipótesis, pero organismos como el Banco de España han hecho un llamamiento a tenerla en cuenta para evitar que el incremento de la recaudación se consolide como gasto estructural antes de saber si son ingresos permanentes. Demasiado tarde, el Gobierno ya ha gastado prácticamente la totalidad del incremento de la presión fiscal sobre la renta de los hogares para financiar las pensiones de jubilación.