La propuesta de Escrivá devaluaría hasta un 30% las cotizaciones para la pensión máxima

Llega la hora de la verdad para el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, el momento de corregir una parte del déficit estructural que introdujo en la Seguridad Social con la indexación de las pensiones al IPC. La primera parte de la reforma repartió las zanahorias y ahora queda ver quién se lleva los palos. Uno de ellos tiene como destinatarios los trabajadores de las rentas altas. Así figura en la primera propuesta del ministerio, que consistiría en subir rápidamente las bases máximas de cotización (lo que popularmente se conoce como el destope) para así aumentar los ingresos del sistema. Sin embargo, subir las cotizaciones sin elevar la pensión rompe directamente la contributividad del sistema. Para solucionarlo, lo que propone Escrivá es que la cotización máxima se incremente a un ritmo superior a la pensión máxima, para que así el saldo neto para la Seguridad Social sea positivo. En concreto, planteó que la base máxima suba un 1,154% en términos reales cada año (esto es, un alza superior a la inflación), mientras que la pensión máxima subiría un 0,115%.

Con esta solución, los trabajadores (y sus empleadores) con los salarios más altos realizarían una contribución a la Seguridad Social que no se vería acompañada de un alza equivalente en su pensión futura. El Grupo de Investigación en Pensiones de la Universidad de Valencia ha calculado el impacto que tendría esta norma y el resultado es que los trabajadores que coticen por la base máxima llegarán a perder algo más del 31% de sus cotizaciones cuando la reforma esté plenamente desplegada dentro de tres décadas. Esto es, afectará plenamente a los trabajadores que actualmente tengan algo más de 30 años.

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En este periodo, la base máxima crecerá más de un 150% (teniendo en cuenta una inflación anual media del 2% y el incremento adicional que impondría el ministerio). Sin embargo, la pensión máxima irá más lenta, con un aumento del 96%. Este diferente comportamiento entre la cotización y la posterior prestación implica que la pensión máxima crecerá un 30% menos de lo que lo haría si ambas evolucionasen con el diferencial que tienen ahora.

Actualmente, la base máxima de cotización supera en un 26% a la pensión máxima, pero en el año 2050 la diferencia alcanzará el 64%. Esto significa que una parte significativa de la cotización de estos trabajadores de rentas altas se irá directamente a financiar la Seguridad Social, sin generar una mejora equivalente en su pensión, rompiéndose así el principio de contributividad del sistema. “Las medidas empeoran la contributividad del sistema y, sobre todo, la equidad intergeneracional, por la mayor velocidad de incremento de la base de cotización máxima que de la pensión máxima”, explican los autores del estudio.

La relación entre base máxima y pensión máxima ya no era perfecta. Esto es, los trabajadores con más renta ya hacían una aportación neta a la Seguridad Social. Actualmente, la pensión máxima está restando en torno al 11% de la pensión teórica que tendrían los trabajadores si cobraran por todo lo cotizado. Sin embargo, esta pérdida se va a incrementar en más de 30 puntos porcentuales, alcanzando el 45% para los trabajadores que se jubilen en la década de los cincuenta.

Como los trabajadores en la base máxima de cotización están haciendo una aportación neta sin contrapartida, los autores también han analizado cuánto podrían reducir su contribución para seguir percibiendo la base máxima. Actualmente, sería posible obtener la misma pensión cotizando un 10% menos y en la década de los cincuenta podría cobrar lo mismo cotizando un 30% menos.

En definitiva, la propuesta del ministerio, a la que se han opuesto tanto sindicatos como patronal, supondría la ruptura definitiva de la contributividad del sistema para los trabajadores situados en la parte alta de la distribución de la renta. Esto tiene importantes implicaciones, ya que al tratarse de una contribución obligatoria sin contrapartida, se asemeja más a un impuesto que a un salario en diferido.

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La propuesta ha generado una gran polémica, pero para el Gobierno es lícito pedir un esfuerzo adicional a las rentas altas en aras de un bien común superior: reducir el déficit estructural del sistema de pensiones. Sin embargo, los cálculos que han elaborado los investigadores de la Universidad de Valencia muestran que el efecto presupuestario de la medida será limitado. La subida progresiva de la base máxima elevaría los ingresos por cotizaciones hasta un máximo del 0,2% del PIB al inicio de la década de los cincuenta. Una cifra claramente insuficiente si se tiene en cuenta que la revalorización de las pensiones con el IPC tendrá un coste de 2,5 puntos del PIB.

Pero también crecerá el gasto por la subida de la pensión máxima. Aunque será un alza inferior a la de los ingresos, reduce el efecto neto positivo para las cuentas de la Seguridad Social. En concreto, el gasto se incrementaría en 0,025 puntos del PIB. El resultado es que el saldo total de esta medida propuesta por el ministerio aportaría 0,17 puntos del PIB en el año de máximo impacto. Un resultado que no evita que el Gobierno tenga que aprobar otras medidas más duras para contrarrestar el gran coste que implica indexar las pensiones al IPC.