El BdE cuestiona la reforma de pensiones y ataca el control de precios de la vivienda

La noticia buena es que la economía, si se cumplen las previsiones, crecerá este año más de lo estimado inicialmente por el Banco de España; la mala es que los problemas estructurales persisten. En particular, los elevados niveles de déficit y deuda pública. Y la receta, según el gobernador, Pablo Hernández de Cos, pasa por poner ya en marcha este año lo que llama un plan de consolidación fiscal, que no es otra cosa que un programa de ajustes para reducir el desequilibrio entre ingresos y pagos.

Entre otras razones, porque el elevado déficit estructural, que estima “considerable”, y que a la postre es lo que alimenta la deuda, condicionada a su vez por el envejecimiento, es una de las principales vulnerabilidades de la economía española, que carece hoy de margen de maniobra presupuestaria “ante eventuales perturbaciones negativas en el futuro”. Ni siquiera en pensiones pese a las últimas reformas.

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M. L. M. R. P. Agencias

Es más, según el gobernador, existe un amplio consenso de que, pese a los cambios adoptados por el actual Gobierno, el sistema de pensiones deberá afrontar “mayores obligaciones de gasto a largo plazo que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos”. Es decir, un varapalo al ministro Escrivá y sus reformas. A esto hay que añadir, insiste, la “incertidumbre que el impacto de los incrementos de cotizaciones sociales adoptados podría tener sobre el empleo, los salarios y la competitividad”. Es por eso por lo que propone crear un nuevo mecanismo automático de ajuste, además de “una evaluación rigurosa, continua y transparente de los efectos de estas reformas, incluyendo sus consecuencias sobre la equidad intergeneracional”.

Informe anual

Este, en síntesis, es el mensaje que ha querido transmitir el gobernador del Banco de España durante la presentación del informe anual de la entidad a los miembros del Consejo de Gobierno del banco.

El discurso, el más importante de los que hace cada año el gobernador, parte de una hipótesis: la economía española crecerá este año por encima del 1,6% previsto hace pocas semanas por el propio organismo, lo que permitirá un avance del PIB equivalente al 2% en promedio anual en 2024 y 2025. Aun así, y si se toma como referencia el momento previo al inicio de la pandemia, como recuerda el gobernador, el nivel del PIB real se sitúa todavía un 0,2% por debajo del observado entonces, por lo tanto, lejos de lo que ha sucedido en la eurozona, donde el PIB ya se sitúa un 2,5% por encima de 2019.

La causa de la revisión al alza tiene que ver, fundamentalmente, con tres factores: la disminución de las presiones inflacionistas, lo que animará la confianza de los agentes económicos y ayudará a recomponer las rentas reales de familias y empresas; la desaparición de las disrupciones en las cadenas globales de producción, que provocó problemas de abastecimiento y un encarecimiento de los precios, y el despliegue de los fondos vinculados al programa Next Generation.

El gobernador admite, en todo caso, que esas proyecciones “están sujetas a una incertidumbre muy elevada”. Principalmente, por lo que pueda suceder en Ucrania. Por el momento, lo que ha ayudado más al crecimiento del PIB, al margen de cuestiones exógenas, es el crecimiento del empleo, favorecido, como sostiene el Banco de España, por la moderación salarial, “con un aumento del número de ocupados acumulado desde el inicio de la pandemia superior al de la actividad y de las horas trabajadas”.

Los salarios, de hecho, en términos reales, han perdido poder adquisitivo, mientras los beneficios, según el gobernador, han crecido desde comienzos de 2021 tras haberse reducido de forma notable en 2020, “si bien con una elevada heterogeneidad a nivel sectorial y de empresa”. El Banco de España no aporta nombres. En todo caso, reclama un pacto de rentas “que determine un reparto equitativo entre empresas y trabajadores de esa pérdida de renta real provocada por el encarecimiento de las materias primas importadas”.

Incremento de la desigualdad

Más empleo, sin embargo, no significa necesariamente que se haya avanzado de forma significativa en una economía más justa, y de ahí que el gobernador recuerde en su discurso la existencia de “vulnerabilidades” derivadas del “incremento de la desigualdad, en particular de las relativas a la desigualdad de oportunidades”.

La receta es muy clara: mejora de la productividad y de la tasa de empleo. Entre otras razones, porque son los instrumentos necesarios para atacar el endurecimiento de las condiciones de acceso a la vivienda, como recuerda el gobernador. Esta situación, en su opinión, habría contribuido a un aumento en la desigualdad de la riqueza, y lo que es todavía peor, ha aumentado la proporción de población en riesgo de exclusión social y de hogares con capacidad de gasto restringida en otros bienes y servicios.

La estrategia del Gobierno, plasmada en la reciente ley de vivienda, no le gusta al Banco de España, ya que, en su opinión, los controles de precios “pueden generar efectos adversos sobre la oferta de alquiler, tanto en cantidad como en calidad, de modo que, en último término, lejos de lograr un abaratamiento de las viviendas arrendadas, se termine dando lugar a mayores niveles de precios”.

Lo que propone el Banco de España para reducir el déficit es, por un lado, aumentar la eficiencia del gasto público, y, por otro, ir eliminando las medidas que se aprobaron para mitigar el aumento de la inflación. “Estas medidas”, sostiene, “deben retirarse de manera gradual, en paralelo a la reducción ya observada de los precios internacionales”. De lo contrario, asegura, la economía corre el riesgo de que la expansión fiscal incremente las presiones inflacionistas a medio plazo, “lo que haría necesaria una respuesta más contundente de la política monetaria”. O, expresado en otros términos, si la política fiscal no hace su trabajo, lo tendrá que hacer la monetaria subiendo el precio del dinero.

Por el lado de los ingresos, lo que se propone es una “revisión integral del sistema tributario”, en línea con lo que plantearon los expertos que participaron en la elaboración del libro blanco sobre la reforma fiscal. Y, en particular, “otorgar un mayor peso relativo a la imposición sobre el consumo [IVA], revisar el significativo gasto que implican los beneficios fiscales, mejorar y elevar la fiscalidad medioambiental, y aumentar el grado de coordinación y armonización internacional del sistema tributario para afrontar la creciente digitalización y globalización”.