La reforma eléctrica abre la puerta a prorrogar el 'hachazo' a las renovables seis meses más

El acuerdo entre Francia y Alemania para desbloquear la reforma del mercado eléctrico se llevó todos los titulares este martes: tras meses de arduas conversaciones, los Veintisiete —a excepción de Hungría— dieron luz verde a la reforma, que, en esencia, beneficia a la nuclear francesa. Pero la letra pequeña de la propuesta que llevará el Consejo Europeo a la negociación definitiva con la Comisión y el Parlamento —los llamados trílogos— deja otras novedades, que cualquiera puede consultar una vez se ha hecho público el texto. Una de ellas es que abre la puerta a que los mecanismos de minoración de los ingresos para las tecnologías inframarginales puedan prorrogarse hasta el 30 de junio de 2024. Traducido al lenguaje común: que el coto a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas perdure más tiempo de lo previsto.

Hasta ahora, el reglamento comunitario que recogía las medidas de emergencia para el mercado eléctrico, aprobado en octubre de 2022, contemplaba que los Estados mantuviesen la minoración hasta el 30 de junio de este año. Se trataba de una intervención excepcional para un momento crítico, caracterizado por los récords de los precios del gas, que contagiaban a los de la electricidad y generaban beneficios extraordinarios para el resto de las fuentes de energía. Tan excepcional, de hecho, que los demás apartados del reglamento tienen vigencia seis meses más, hasta el 31 de diciembre.

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Tras una dura negociación, los Veintisiete acordaron un tope de 180 euros el megavatio/hora para la remuneración de las tecnologías más baratas, conocidas como inframarginales, de tal forma que, aunque el gas marcase un precio superior, estas, cuyos costes son mucho más reducidos, no lo pudiesen recibir. Gracias al techo, se generaría un ahorro para el sistema que se pondría al servicio del consumidor. Sin embargo, el reglamento dejaba un gran margen de maniobra a los diferentes países, habida cuanta de que algunos gobiernos, entre ellos España, ya habían aprobado medidas similares con anterioridad. Es lo que aquí se conoció como el hachazo a las eléctricas, que motivó un grave enfrentamiento entre el Gobierno y las principales compañías en septiembre de 2021, todavía en los albores de la crisis energética.

En otoño del año pasado, solo unos días después de recibir el aval europeo, el Gobierno prorrogó la medida, que afecta a la hidráulica, la nuclear y las renovables, hasta el 31 de diciembre de este año. Ahora, la propuesta del Consejo sobre la reforma eléctrica contempla que pueda extender la minoración seis meses más. "Este reglamento [el de octubre de 2022] proporciona herramientas que brindarán alivio a consumidores en épocas de altos precios de la electricidad; mientras los Estados miembros aplican esas herramientas, también se les debería permitir aplicar un límite de ingresos inframarginales hasta el 30 de junio de 2024", dice el literal del texto.

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El acuerdo de los Veintisiete blinda, por tanto, la posibilidad de que los socios puedan extender el hachazo a las eléctricas siempre que se prorrogue el marco de crisis que caduca el 31 de diciembre. La pelota está, ahora, en el tejado del Consejo de Ministros de Energía, que se reunirá el día 19 de ese mes para tomar una decisión. La posición de España es muy clara, y ha sido expresada estos días por la titular del ramo, Teresa Ribera: "Mi impresión, dadas las circunstancias, es mantener las medidas de emergencia".

Aunque los precios del gas y, por tanto, de la luz, están muy lejos de los récords del año pasado, el estallido de la guerra en Oriente Medio y las incertidumbres sobre la evolución del mercado mantienen a España en el bando de los intervencionistas. Al menos, mientras no entre en vigor la reforma eléctrica, que contempla unos mecanismos automáticos para declarar la emergencia —y, por tanto, poder intervenir— "sin tener que pasar por todo este calvario político y de negociación por el que tuvimos que pasar el año pasado", en palabras de la propia Ribera. Sin embargo, esos requisitos resultan bastante imprecisos todavía: precios medios de la electricidad en el mercado mayorista muy elevados durante al menos seis meses y previsión de que los fuertes aumentos de los precios al por menor —los que pagan los consumidores— se mantengan durante al menos tres meses. ¿Qué se entiende por muy elevados? Será algo que se tenga que cuantificar durante los trílogos.

El informe de la Comisión Europea sobre el impacto de la intervención del mercado, clave

A la espera de esta nueva definición de crisis, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica se remiten a las palabras de Ribera para explicar que la voluntad de España es que se prorrogue el marco temporal que rige actualmente. Entre otras posibilidades, esto permitiría explorar la renovación de la llamada excepción ibérica, que también caduca el 31 de diciembre. El tope al gas para la producción eléctrica no se aplica desde el pasado febrero, pero su extensión supondría una salvaguarda para nuestro país en caso de que los precios del hidrocarburo se volviesen a disparar.

No resulta tan sencillo. La Comisión Europea deberá presentar antes de Consejo de Ministros del 19 de diciembre un informe para evaluar las consecuencias que han tenido las intervenciones en el mercado del último año. Pese a que no ha habido distorsiones aparentes, un análisis previo del Ejecutivo comunitario, adelantado por La Información, recomendaba que la minoración a las inframarginales no se prorrogase, ya que perjudicaba los objetivos de la propia reforma eléctrica, que busca una mayor estabilidad del mercado a través del fomento de los contratos a plazo.

El 'hachazo' ha sido más leve de lo esperado, y 'solo' recaudó 133 millones en el primer semestre

Ambos debates, el del corto y el largo término, se han ido mezclando en las negociaciones de los últimos meses, y han terminado con esta extraña referencia a la minoración en el texto de la reforma eléctrica. Desde Transición Ecológica, dicen desconocer qué país introdujo el punto referido a los beneficios caídos del cielo en el texto acordado este martes, pero lo cierto es que deja a España en una buena posición para extender el hachazo seis meses más, siempre que el Consejo de Ministros de diciembre acuerde ampliar las medidas excepcionales.

370 millones al año

Más allá de la polémica sobre el supuesto intervencionismo, lo cierto es que la minoración no ha tenido el efecto esperado. Cuando se aprobó, la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's llegó a calcular un impacto de 3.200 millones de euros anuales en las cuentas de las compañías, y el anuncio incluso provocó pérdidas importantes en bolsa. Tras la furia mostrada por las grandes eléctricas, el Ejecutivo suavizó la medida, al excluir de ella los contratos a plazo o todos aquellos que se firmaran antes de la promulgación del real decreto-ley. La mayor parte del montante, que se emplea para reducir los cargos del sistema eléctrico que se repercute a los consumidores, se diluyó.

El año pasado, la recaudación alcanzó los 370 millones de euros, según figura en el informe de liquidación del mercado eléctrico elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La bajada del precio del gas ha hecho que los beneficios caídos del cielo y, por tanto, el hachazo hayan disminuido aún más este año. Aunque no hay datos oficiales, un informe de Iberdrola sitúa este último en 133 millones de euros durante el primer semestre. A la vista de la cotización de los futuros, podría ser incluso menos en la primera mitad del año que viene, siempre y cuando la puerta que ha abierto la reforma eléctrica se acabe traduciendo en una extensión de la medida.