Por qué la reforma eléctrica europea es un juego de 27 países en el que siempre gana Francia

La Unión Europea está en plena transición energética y las reglas del pasado se han quedado obsoletas para afrontar este desafío. La crisis inflacionista de los últimos dos años, agravada por la guerra en Ucrania, ha demostrado que la dependencia del gas no solo es nociva para el medio ambiente, sino que entraña unos excepcionales riesgos geopolíticos y económicos. España fue uno de los primeros países que lo pusieron de relieve, pero poco a poco todos, hasta los más ortodoxos —quién ha visto y quién ve a Alemania—, se han rendido a la evidencia: hace falta un nuevo marco que promueva la inversión en renovables para transformar el sistema, pero que garantice, al mismo tiempo, una transformación armónica que no resulte lesiva para el bolsillo de los consumidores.

Nuestro país agita el árbol, pero Francia acaba recogiendo los mejores frutos. La nación vecina, que a veces comparte y otras tiene intereses contrapuestos a los nuestros, se ha convertido en la gran beneficiada de las últimas negociaciones, algunas de ellas agónicas. Primero fue la llamada taxonomía, que debía determinar qué inversiones se pueden considerar verdes y cuáles no; después, la actualización de la directiva de renovables, conocida como RED III, que debía establecer qué fuentes se tendrían en cuenta para los objetivos de despliegue de energías limpias. La última prueba —y quizá la más palmaria— ha sido la nueva regulación del mercado eléctrico, que vivió un momento clave este martes, con el esperado acuerdo entre los Estados miembros, que ahora la Comisión, el Parlamento y el Consejo deberán negociar en los denominados trílogos.

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En los tres casos, el beneficiado ha sido el mismo: la energía nuclear. Hasta ayer, ya era considerada verde, con la oposición de España. Y ya se le reconocía un papel clave en el proceso de descarbonización, lo que perjudica gravemente los intereses de nuestro país, al abrir la puerta a que el hidrógeno de origen atómico pueda circular por el H2Med, el hidroducto que conectará Barcelona con Marsella. Ahora, los franceses han ido un paso más allá, hasta conseguir una remuneración fija que asegura la rentabilidad de su parque nuclear y le podría llegar a dar una ventaja competitiva a su industria frente a la de los demás socios.

Esta vez, España les ha abierto una puerta. En la propuesta inicial de nuestro país, que ha sido el más proactivo desde el principio y ha liderado las negociaciones en los últimos meses en su papel de presidente rotatorio del Consejo, ya se recogía la posibilidad de que las centrales de energía atómica se acogiesen a los llamados contratos por diferencia. Estos mecanismos habilitan a los Estados a firmar acuerdos a largo plazo con un generador y después ajustar el precio en función de cuál haya sido en el mercado: si el contrato se queda por debajo, las empresas reciben una compensación, y si se queda por encima, son estas las que tienen que abonar la diferencia al regulador, que la puede revertir a los consumidores en forma de descuentos en la factura.

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El objetivo de España era sacar a la nuclear del mercado marginalista, donde la fuente de energía más cara, la que colma la demanda, es la que marca el precio y la remuneración que reciben todas las demás. En su propuesta inicial de reforma del mercado eléctrico, que se presentó el pasado enero, el Ministerio de Transición Ecológica pretendía, a través de estos contratos, extender a las centrales atómicas un esquema regulado, como ya existe con las renovables, para que no se lucrasen con los precios marcados por las centrales de ciclo combinado, que producen mucho más caro —especialmente el año pasado, cuando el gas batió máximos— y generan los popularmente conocidos como beneficios caídos del cielo para las tecnologías inframarginales. En otras palabras: recortar sus ingresos para que no suba la factura.

A diferencia de lo que ocurrió con los debates sobre la taxonomía y la RED III, Francia ha ido de la mano de España en la reforma del mercado eléctrico, entre otras razones, porque sabía que esta posibilidad le beneficiaba. Y la ha llevado hasta las últimas consecuencias. Los contratos por diferencia están pensados para garantizar la inversión, ya que permiten a los promotores de una determinada instalación energética cubrir los costes iniciales, que son muy elevados, y protegerse, de alguna manera, de la volatilidad del mercado. Pero París ha sido muy hábil a la hora de lanzar su órdago: o estos instrumentos, conocidos como CfD —por sus siglas en inglés—, cubrían también a las instalaciones ya existentes, o no apoyaría el acuerdo que alcanzaron los ministros de Energía de los Veintisiete el pasado martes, con la excepción de Hungría.

La industria francesa podría beneficiarse de una electricidad más barata que el resto —especialmente Alemania— cuando el gas suba

Es la misma estrategia que en los debates anteriores, y que ha vuelto a propiciar férreos enfrentamientos con Alemania: proteger, a costa de todo, su potente parque nuclear, que representa el 70% de su mix energético y se ha convertido en la gran apuesta del presidente, Emmanuel Macron, para afrontar el reto de la descarbonización. Si hasta ahora ya había conseguido que los fondos puedan etiquetar como verdes las inversiones en las futuras plantas que proyecta el país —la República ha lanzado el mayor programa en décadas, con la construcción de 14 nuevos reactores— o que el hidrógeno obtenido gracias a la electricidad que se genera en las mismas pueda circular hacia España a través del H2Med, esta vez el presidente galo se ha apuntado una nueva medalla: los contratos por diferencia podrán usarse para todo tipo de instalaciones nucleares, sin límite de volumen de energía.

Como siempre, hay un pero. En el caso de la Red III, por ejemplo, Alemania y España consiguieron que, a cambio, Francia aceptase subir el objetivo de producción renovable desde el 40% hasta el 45% para 2030. Ahora, nuestro país ha arbitrado una salvaguarda para que la locomotora europea respire tranquila: la Comisión deberá vigilar que los contratos con las instalaciones antiguas cumplan una serie de requisitos para no romper la igualdad de condiciones de competencia entre los países miembros. Pero, de momento, no se establecen cuáles serán esas condiciones ni cómo se garantizará su vigilancia. Lo único cierto es que, a priori, la industria francesa se podrá beneficiar de una energía más barata que el resto de países —especialmente Alemania— cuando el gas suba.

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Javier Revuelta, de la consultora energética Afry, apunta otra posible consecuencia de esta victoria diplomática francesa: como la nuclear es una industria regulable —al contrario, por ejemplo, de las renovables, que dependen de las condiciones climáticas—, EDF, la eléctrica pública gala, podría utilizar este mecanismo para jugar con los precios y romper el mercado único. A diferencia de la propuesta inicial de España, la reforma no obliga a que la nuclear opere con contratos por diferencia, sino que también le permite acudir a los mercados diario e intradiario. Como resultado, y siempre que el todavía indefinido mecanismo supervisor de la Comisión no lo impida, Francia podría abrir o cerrar el grifo de sus centrales según le interesase, para jugar con los flujos hacia terceros países, entre ellos España y Alemania.

Una reforma inacabada

La de la nuclear no ha sido la única componenda que se ha concedido a los Estados en aras del consenso. Además del ya clásico choque entra Francia y Alemania, con la competitividad de su industria como telón de fondo y España como mediadora, Polonia ha obtenido una victoria muy importante, al conseguir que los mecanismos de capacidad se puedan aplicar al carbón hasta 2028. Estas fórmulas permiten remunerar a las llamadas tecnologías de respaldo, mucho más caras y contaminantes, para que estén disponibles si es necesario para abastecer la demanda. La propuesta de España era que las centrales térmicas, y también las de ciclo combinado, quedasen fuera de este mecanismo, pero la presión de la quinta economía del euro, y de la propia Alemania, lo ha impedido.

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Como con los contratos por diferencia, se trata de una pequeña derrota de nuestro país, pero que sirve para un bien mayor. Aunque España, que ha priorizado las renovables como punta de lanza de su modelo energético, no quería que sus propuestas beneficiasen a las tecnologías contaminantes, sí ha logrado situarlas en el texto del acuerdo.

Tras renunciar a las posiciones maximalistas del principio, que abogaban por acabar con el modelo marginalista, Ribera apostó por una vía pragmática: mantener el sistema actual de fijación de precios —Alemania, los Países Bajos y otras naciones del norte nunca habrían permitido lo contrario—, pero desligando la electricidad del gas en la medida de lo posible, a través del fomento de contratos a plazo para dar estabilidad al mercado. Y lo cierto es que lo ha conseguido. No solo con los CfD, sino con una simplificación del proceso para que la UE autorice los mecanismos de capacidad —siempre sospechosos por posibles ayudas de Estado—, algo que beneficiará el papel de las baterías y los sistemas de almacenamiento, claves para nuestro sector renovable.

Las ideas españolas están ahí, pero un tanto diluidas por los intereses de los Estados, que han pergeñado una tela extensa y amorfa para hacer con ella un traje a medida de cada uno, como casi siempre en las negociaciones europeas. Sin embargo, esto es solo el principio. Como recuerda Natalia Collado, experta en energía del laboratorio de ideas EsadeEcPol, el acuerdo de este martes es un primer paso de una reforma global que debe ser mucho más ambiciosa. Forzados por la crisis inflacionista y el final del mandato de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los Veintisiete han logrado un pacto in extremis para abordar, opina, el objetivo más urgente: "Proteger a los consumidores de la volatilidad". De momento, Francia ha aprovechado para proteger también a su parque nuclear y a su industria; España la ha ayudado a conseguirlo.