El plan español para acelerar la implantación de las renovables: todo a la vez y en todas partes

Actualmente, hay 45.000 (MW) de energía eólica y fotovoltaica instalados en España. El objetivo del Gobierno, recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es alcanzar los 90.000 MW en 2030. Sin embargo, los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica de transporte a nuevas instalaciones suman ya cerca de 150.000 MW. Y esto no ha hecho más que empezar.

Para facilitar la implantación de nuevos proyectos renovables y agilizar su conexión al sistema de suministro eléctrico, el Gobierno acaba de crear la División de Proyectos de Energía Eléctrica. Adscrito a la Secretaría de Estado de Energía, la función principal de este nuevo órgano administrativo es actuar como ventanilla única para agilizar la tramitación de autorizaciones administrativas de nuevas instalaciones renovables, con el objetivo, entre otros, de “reducir significativamente el impacto de la crisis de precios de gas sobre los precios de la electricidad”.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Cuidado, no vayamos a convertir el campo en un polígono de renovables

Jose Luis Gallego

Estos permisos de acceso se traducen a su vez en un ingente número de proyectos. Si sumamos los que concede la Administración General del Estado, que tramita los de mayor potencia o aquellos que se extienden por terrenos de varias comunidades autónomas, y los que aprueban estas últimas, estaríamos hablando de casi mil quinientos proyectos de energía renovable aprobados o a punto de serlo: desde megaparques de aerogeneradores y paneles fotovoltaicos a pequeñas instalaciones.

Tal acumulación de expedientes ha desbordado por completo la capacidad de gestión de la administración, formando un tapón burocrático que ahora se pretende disolver con la creación del nuevo organismo. La consigna del Gobierno, a la que se han sumado las comunidades autónomas, es eliminar trabas administrativas y agilizar los permisos para sembrar España de instalaciones eólicas y fotovoltaicas: todas a la vez y en todas partes.

Ese propósito está muy bien para cumplir los objetivos de descarbonización que se ha marcado la UE, algo que, como reconoce Bruselas, será imposible sin acelerar la transición energética hacia un modelo en el que las renovables sean la parte fundamental de la cesta de tecnologías. Y eso, por suerte para todos, ya está ocurriendo en el conjunto de la UE, donde la eólica y la fotovoltaica se han situado ya como principales fuentes de generación eléctrica, con el 22% del total: dos puntos por delante del gas y seis por delante del carbón. En España, la fotovoltaica creció más de un 20% en 2021, dando una gigantesca zancada hasta casi igualar a Alemania.

Los riesgos de la barra libre

El problema es que ese ritmo de implantación, esa consigna gubernamental tan cinematográfica del "todo a la vez y en todas partes", eleva el riesgo de que el desarrollo de las renovables entre en conflicto con la conservación de la naturaleza, la protección de la biodiversidad y la forma de vida en el mundo rural, tal y como señala la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y demuestran las constantes manifestaciones en contra de los megaparques.

Esta entidad, que vela porque los proyectos de instalación de energías renovables cumplan las normativas de protección del medio ambiente, señalaba en un reciente y duro comunicado que los planes del Gobierno suponen “el desmantelamiento temporal del entramado jurídico-normativo que representa la evaluación ambiental como instrumento de protección ambiental y social, eliminando las herramientas de salvaguarda de que se disponía para conseguir que los proyectos de energías renovables se aprueben con unas mínimas garantías de protección y sostenibilidad”.

En opinión de la EIA “en España se están planteando en la actualidad múltiples megaproyectos fotovoltaicos y parques eólicos con una posible repercusión en varias decenas de miles de hectáreas de extensión, que requieren a su vez líneas eléctricas de evacuación de muchos kilómetros, cuyo impacto territorial, social y ambiental es incuestionable”.

TE PUEDE INTERESAR

La soberbia de los lobbies eólico y fotovoltaico socava la imagen de las renovables

Jose Luis Gallego

Para evitar dichos impactos, es necesario que las tramitaciones se atiendan siempre desde una perspectiva medioambiental y de respeto a la naturaleza, pues en caso contrario no estaríamos hablando de energías limpias.

No se trata de frenar el necesario desarrollo de las renovables, herramienta básica para mitigar el cambio climático y eludir la volatilidad de la tarifa eléctrica, sino de garantizar, como señala la EIA “la adecuada toma de decisiones para evitar impactos sobre la biodiversidad, el paisaje, las comunidades locales y la estructura territorial” para evitar que "el ahorro temporal que se persigue acabe suponiendo una relajación de las exigencias medioambientales cuyas nefastas consecuencias a nivel territorial y social, lastrarán nuestro desarrollo y el de las generaciones venideras".