Puigdemont dice que el Tribunal de Cuentas ha olvidado citarle y ya no puede "adaptar la agenda"
Rechazan que declare por videoconferencia al no haber justificado "de manera suficiente la concurrencia de las causas por la que resulta imposible o muy gravosa la comparecencia"
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Carles Puigdemont ha pedido por segunda vez al Tribunal de Cuentas (Tcu) que le permita declarar por videoconferencia en el juicio que arrancará el próximo viernes por el presunto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la acción exterior del independentismo. La consejera del Tcu, Elena Hernáez, rechazó la mañana de miércoles la petición, pero en un nuevo escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, Puigdemont vuelve a la carga y asegura que ni siquiera "ha recibido citación alguna" de manera oficial para comparecer en la vista. En caso contrario, "igual habría podido adaptar su agenda y, mitigando las causas de su actual paradero, haber comparecido".
Además de Puigdemont, el juicio se dirige contra 34 ex altos cargos catalanes, entre los que también destacan el expresidente catalán Artur Mas y el líder de ERC Oriol Junqueras. La Fiscalía les reclama tres millones de euros, mientras que la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva la cifra hasta los cinco. La consejera en ningún caso puede condenar por un importe superior al que solicitan, por lo que el máximo posible queda fijado por la demanda de estos últimos. Pese a constar como demandado, el Tcu también ha aceptado que se practique una testifical a Puigdemont para aclarar los hechos, y esa es la comparecencia que centra ahora la polémica.
La consejera rechaza la videoconferencia
Puigdemont pidió declarar por videoconferencia el pasado 10 de noviembre, después de que el Tcu rechazara suspender la vista, pero la consejera ha considerado que la petición llegó demasiado tarde: "Ni han justificado de manera suficiente la concurrencia de las causas por la que resulta imposible o muy gravosa la comparecencia de la parte que debe ser interrogada ni tampoco han presentado su solicitud con una antelación suficiente y razonable", sostiene en la providencia notificada la mañana de este miércoles, a la que ha tenido acceso El Confidencial.
La consejera del Tribunal de Cuentas apoya su decisión en el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que prevé la adición de un nuevo artículo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la “realización de actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia”. En su apartado cuarto, este proyecto apunta entonces a que "el uso de medios de videoconferencia deberá solicitarse con la antelación suficiente y, en todo caso, diez días antes del señalado para la actuación correspondiente".
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Sin embargo, la decisión aún era recurrible, y ese es el paso que han dado ahora los demandados que pidieron que Puigdemont declarara por videoconferencia: "En el momento actual, insistimos, al Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó no le es posible acudir físicamente al tribunal por razón de distancia y como consecuencia de su cargo", aseguran. "El uso de videoconferencias produce una equiparación jurídica a la presencia física y garantiza el principio de publicidad".
A la espera de la amnistía
De forma paralela, las partes aún pueden volver a la carga y pedir el aplazamiento del juicio por la proposición de ley de amnistía que han pactado el Gobierno y las formaciones independentistas. Aunque por el momento se trata de una mera propuesta que no ha entrado en vigor, su redacción incluye el procedimiento que comenzará el viernes.
"La amnistía se aplicará por el Tribunal de Cuentas en cualquier fase del proceso", sostiene el artículo 13.1 de la norma. "Se dictarán las correspondientes resoluciones declarando el archivo de las actuaciones, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las entidades del sector público perjudicadas por el menoscabo de los caudales o efectos públicos relacionados con los hechos amnistiados, cuando estas no se hayan opuesto". En este caso concreto, la única entidad pública que se vio perjudicada por el presunto desvío de fondos es la propia Generalitat.
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Tras su correspondiente tramitación parlamentaria y una vez publicada en el Boletín Oficial del Supremo (BOE), el Tribunal de Cuentas podrá aplicar la amnistía de forma inmediata o elevar la misma al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre su legalidad. Sin embargo, esta sería la primera vez que el Tribunal de Cuentas presenta una cuestión de inconstitucionalidad y existe cierto debate sobre si puede o no hacerlo al tratarse de un órgano que no forma parte del Poder Judicial.
Carles Puigdemont ha pedido por segunda vez al Tribunal de Cuentas (Tcu) que le permita declarar por videoconferencia en el juicio que arrancará el próximo viernes por el presunto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la acción exterior del independentismo. La consejera del Tcu, Elena Hernáez, rechazó la mañana de miércoles la petición, pero en un nuevo escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, Puigdemont vuelve a la carga y asegura que ni siquiera "ha recibido citación alguna" de manera oficial para comparecer en la vista. En caso contrario, "igual habría podido adaptar su agenda y, mitigando las causas de su actual paradero, haber comparecido".