El Gobierno se escuda en que los delitos graves de terrorismo no entran en la amnistía

El Ejecutivo rechaza que haya cedido ante ERC y Junts en los nuevos cambios introducidos en la ley de amnistía. Después de que esta mañana se pactaran más modificaciones en la comisión de Justicia, entre el PSOE y los independentistas, destinadas a definir mejor qué es terrorismo para que no queden fuera de la amnistía ni Carles Puigdemont ni miembros de Tsunami Democràtic o el grupo radicalizado de los comités de defensa de la república (CDR), el Gobierno se escuda en que la violencia grave no será amnistiada.

Esto, recuerdan, es lo que pedían Junts y ERC en sus enmiendas, en referencia a que la ley consagra que los delitos de terrorismo no entran en la amnistía. La petición de las formaciones separatistas era eliminar esta mención, precisamente porque el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha abierto dos causas contra el expresident y otros dirigentes de organizaciones del mundo independentista, con acusaciones de terrorismo porque funcionaban como un movimiento dirigido por personas tanto de Junts como de ERC, hubo voluntad de causar una grave alteración del orden público y se actuó contra infraestructuras estratégicas.

El temor a cómo evolucione este proceso es lo que ha motivado una nueva redacción de artículo sobre terrorismo. La controversia política está servida porque, tras pactar la semana una serie de mejoras técnicas, tanto en el PSOE como el Gobierno sostenían que la ley ya estaba "bien armada" y, rechazaban, sobre todo, más matices en ese punto. Los socialistas apuntaban a ello como su "línea roja". Ahora puntualizan que se referían a que no aceptarían sacar los delitos de terrorismo de la lista de los que no puede ser amnistiados.

Lo que sí han hecho es matizar en qué casos opera la exclusión. En el texto de la ley se establecía que la amnistía no afectaría a los condenados con sentencia firme. Y ahora eso se ha modificado para citar que "siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos", en línea con los parámetros fijados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

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De esta manera, explican fuentes gubernamentales, la exclusión del terrorismo se mantiene, pero se limita a los casos de mayor gravedad. Desde el Ejecutivo consideran que la idea de actos terroristas que existe en España, por la sanguinaria trayectoria de ETA, con 850 asesinatos en su haber, no tiene ninguna vinculación con los hechos que rodean al procés, más propios de desórdenes públicos que es, precisamente, la calificación que defiende la Fiscalía.

En el Gobierno aseguran que el concepto inicial de "delitos de terrorismo con sentencia firme" era "mucho más amplio" y, de hecho, podría significar que se amnistiara a todo el mundo, porque la ley se aprobará antes de que las causas que instruye García-Castellón estén juzgadas. Ese redactado, señalan, "generaba esa inseguridad". Ahora, añaden, queda "a juicio de los jueces", que en última instancia son quienes aplicarán, caso por caso, la ley de amnistía. Pero limitando su interpretación porque podrán ser amnistiados los delitos de terrorismo de "violaciones graves de derechos humanos".

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Esta nueva polémica, que abunda en la sensación de que el Ejecutivo cede otra vez para ayudar a los independentistas, saltó el mismo día de la reunión del Consejo de Ministros. El ministro de Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, presente este martes en la rueda de prensa posterior, insistió en esta idea: "Dijimos que los delitos de terrorismo se quedaban fuera y fuera se quedan".

Según el ministro, había "distintas opiniones jurídicas" sobre la alusión a delitos con sentencia firme y, ahora, con esta nueva redacción, el texto se "ha mejorado" y se "ha reforzado la seguridad jurídica" de la ley, adaptándola a los "estándares europeos". Se da la circunstancia de que el pasado viernes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, criticó a García-Castellón por "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles", después de que él insistiera en un nuevo auto en sus acusaciones de terrorismo a Tsunami y a Puigdemont.

Aunque la Moncloa a lo largo de estos días ha tratado de corregir sutilmente estas declaraciones y mostrar su absoluto respeto a las actuaciones judiciales, en realidad Ribera expresó la opinión del Gobierno, aunque lo hizo por libre y metió en un lío al Ejecutivo.