El Gobierno y sus socios salen en tromba contra el juez de Tsunami por su "implicación política"

El juez Manuel García-Castellón se ha colocado en el centro de las críticas por sus decisiones judiciales y el Gobierno se suma ahora a ese señalamiento. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha criticado al magistrado que instruye el caso Tsunami Democràtic porque, considera, tiene "querencia" por pronunciarse siempre "en una misma dirección" en sus instrucciones. Se refiere así a las actuaciones que este juez de la Audiencia Nacional ha dirigido, como el caso Kitchen o la investigación sobre Dina Bousselham, aunque García-Castellón está ahora bajo los focos por sus decisiones relacionadas con el procés en pleno debate sobre la ley de amnistía.

Ribera también ha censurado la práctica del magistrado de tomar decisiones "en un momento particularmente oportuno", acusaciones que encajan en el concepto de lawfare que el PSOE incluyó en el pacto con Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Pero es cierto que los portavoces del Ejecutivo y el propio presidente han evitado afirmar con rotundidad que esta judicialización de los conflictos políticos parta de los jueces. Sánchez, cuestionado sobre estos asuntos, siempre se ha referido a operaciones policiales ordenadas desde los gobiernos de Mariano Rajoy. El PP, en respuesta a estas afirmaciones, ha acusado al Gobierno de "alinearse con el independentismo" y dar alas a quienes aseguran que en España hay lawfare.

"Evidentemente, tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles", ha añadido Ribera en una entrevista en La hora de la 1, donde no ha aludido expresamente al lawfare y se ha querido mostrar "muy cauta". A las pocas horas de la entrevista el Gobierno ha emitido un mensaje que contrasta con la posición de Ribera. Ha sido por medio de una nota de prensa del ministro Félix Bolaños, que esta semana se ha reunido con todas las asociaciones de jueces. Según informan desde el Ministerio de Justicia, Bolaños "ha reiterado la voluntad del Gobierno de defender la independencia e integridad de la Justicia" y "la labor de juezas, jueces, magistradas y magistrados frente a cualquier cuestionamiento".

Más explícitos han sido algunos de los socios del Gobierno, que sí han acusado de esta práctica a García-Castellón, como es el caso de Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu. El político abertzale ha publicado en su cuenta de X una información sobre el último auto del magistrado que confirma sus acusaciones por delitos de terrorismo por los hechos asociados al caso Tsunami. "Es imprescindible que la futura ley de amnistía desactive todos los intentos desesperados de la extrema derecha judicial de seguir emponzoñando", afirma el parlamentario vasco.

Más virulentos han sido en ERC, formación que tiene a dirigentes como Marta Rovira señalados por los autos de García-Castellón. El portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recordado en sus redes sociales los casos que ha llevado el magistrado de la Audiencia Nacional para acusarlo de "trabajar para el PP". "Salvó a Cospedal de la Kitchen, a Esperanza Aguirre de la Púnica, sacó a Ignacio González de la cárcel, archivó la causa contra el Rey, nunca supo quién era M. Rajoy, ha abierto 20 causas contra Podemos y ha imputado por terrorismo a Marta Rovira por una manifestación", critica el dirigente de ERC.

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La portavoz del partido, Marta Vilalta, ha abundado en esas acusaciones y ha hablado de "obsesión política" en una entrevista en TVE. El objetivo de García-Castellón, según Vilalta, es "incriminar al independentismo, a ERC, a Junts, a Marta Rovira y al presidente Carles Puigdemont como terroristas". Y es ahí donde está ahora mismo la discusión sobre las enmiendas de la ley de amnistía que se tramita en el Congreso. Republicanos y neoconvergentes van de la mano en delimitar los delitos de terrorismo para que la norma excluya los hechos relacionados con el procés que se han judicializado como delitos de terrorismo. Esto es algo que niegan los independentistas, pero también otros aliados del Gobierno, como dejó claro Gerardo Pisarello (Sumar) el jueves al rechazar esta posibilidad.

Hay que tener en cuenta que el juez García-Castellón emitió el auto este jueves en respuesta a un recurso de la Fiscalía. El Ministerio Público rechazó su imputación inicial a Marta Rovira y Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic y que remitiera esta investigación al Supremo. Según la Fiscalía, no había indicios suficientes para tomar esta decisión y es por eso por lo que el magistrado de la Audiencia Nacional ha defendido que las pruebas contra el expresident y la dirigente de ERC "se han afianzado".

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También es relevante, para entender los tiempos, el hecho de que Manuel García-Castellón fuera recusado por Josep Lluis Alay, la mano derecha de Puigdemont. Esta recusación se resolvió el 15 de enero y no es habitual que un magistrado se pronuncie en un asunto relacionado con una causa cuando está pendiente de una recusación en la misma.

"Es de una gravedad extrema que una vicepresidenta del Gobierno insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones", ha criticado el PP tras la entrevista de Ribera, a la que acusa de dudar de la "imparcialidad" de la Justicia. Y más tarde, los populares han anunciado que aprovecharán su mayoría absoluta en el Senado para reprobar a la titular de Transición Ecológica. El PP considera que, con este gesto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "recita el argumentario independentista". "Cada vez cuesta más diferenciar las declaraciones que hacen los dirigentes del PSOE de aquellas que hacen los de ERC o Junts"; apuntan desde Génova, donde recuerdan que el PSOE no cuestionaba a García-Castellón cuando instruía casos que afectaban al PP, como Púnica, Lezo o Kitchen.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado las declaraciones de Ribera y ha afirmado que “tratar a la Justicia española como si fuera una república bananera expulsa la inversión, mata la creación de puestos de trabajo y, desde luego, no da confianza a las personas que ponen el patrimonio de sus hijos en juego para crear puestos de trabajo, como hacen los empresarios”. “Las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno como las de todo el Consejo de Ministros hacen flaco favor a todo esto”, ha recalcado.

Los jueces, reaccionan

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha condenado las críticas vertidas por Ribera hacia García-Castellón: "Señalar a jueces solo genera desconfianza en la ciudadanía", ha advertido la asociación profesional. A través de un comunicado, el miembro del Comité Nacional de AJFV, Luis Ortiz, se ha referido así a las declaraciones de Ribera en las que ha asegurado que las acciones del juez Manuel García-Castellón "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles".

"Los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la política"

"Los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la política", ha explicado esta asociación, que ha precisado que los pronunciamientos judiciales, en un caso como este, obedecen a una petición de las partes, ya que el juez da respuesta a un recurso y, si no lo hiciera, "estaría cometiendo un delito".

Paralelamente, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la judicatura, defienden el derecho a la libertad de expresión y a la crítica de resoluciones judiciales, pero "no es de recibo que un miembro del Gobierno acuse veladamente a un juez de prevaricar". "Nos causa una enorme tristeza que desde el propio Gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de lawfare y de judicialización de la política", reza el comunicado de la APM.