El juez envía a juicio a Jorge Fernández por la Kitchen y rechaza la responsabilidad del PP

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dictado la apertura de juicio oral tras la investigación sobre la bautizada como operación Kitchen, ejecutada presuntamente por la cúpula policial del PP para controlar los secretos del extesorero más famoso del partido, Luis Bárcenas, objetivo principal de la trama. El magistrado ha dictado un auto en el que envía al banquillo al exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz y el que fuera su mano derecha, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Durante la fase previa se archivó el procedimiento tanto para la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como para su marido, Ignacio López del Hierro.

Castellón rechaza por extemporánea la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la establece, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados. El escrito refleja los diversos delitos que han atribuido las acusaciones, como descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la Justicia. En el caso del PSOE, de Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita, entre otros.

La pieza número 7 del caso Villarejo pone así rumbo a juicio. Junto a Fernández Díaz y Martínez, también se sentarán en la vista oral el propio Villarejo, el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y el exjefe la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas. El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño fue exonerado en otra pieza debido a su estado de salud, por lo que es poco probable que pueda ser juzgado. El listado de policías que supuestamente participaron en esta operación para sustraer documentación sensible a Bárcenas lo cierran José Luis Olivera, José Angel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo y Sergio Ríos Esgueva, el chófer de Bárcenas.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión para Díaz y su segundo y considera que la operación irregular se tuteló desde el Ministerio del Interior, encabezado por el exministro y su secretario de Estado de Seguridad junto a Pino. "Se ideó una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes en el procedimiento que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, conocido como caso Gürtel", dice.

Para la Fiscalía, la finalidad era evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el PP y sus dirigentes que pudiera resultar investigado "fuera formalmente aportado al procedimiento judicial". En la ejecución de dicha ilícita operación de inteligencia dirigida a impedir la incorporación de pruebas, participaron el resto de encausados, incluyendo a Gómez Gordo, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y persona de confianza de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, para el que se piden también 15 años.

El escrito del Ministerio Público, presentado hace meses, se completa con otras penas para el resto de acusados. El chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, se enfrenta a 12 años y cinco meses. El que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas afronta una petición de dos años y seis meses.

Para llevar a cabo el espionaje, la trama contó con la ayuda de Ríos, que desde principios del año 2013 y hasta septiembre de 2014 trabajó como conductor de absoluta confianza de la familia Bárcenas. Tenía un gran conocimiento de sus movimientos y actividades, y hacía gestiones privadas por encargo tanto de Luis Bárcenas como de su esposa Rosalía Iglesias. Ríos procedió a informar "de forma exhaustiva e individualizada" a la pata policial de la red de las citas y contactos que celebraba el extesorero y su mujer e incluso llegó a proporcionar copia de los documentos y efectos que trasladaba por encargo de cualquiera de los miembros de la familia. Como contraprestación por la información y documentación facilitada, recibió 2.000 euros mensuales abonados con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior.

La Audiencia Nacional puso fin a la instrucción de esta pieza separada de Tándem el 29 de julio de 2021. Las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos ya habían presentado sus escritos, reclamando respectivamente una condena de 47 años y 41 años de cárcel para Fernández Díaz, mientras que los Bárcenas han pedido más de 40 años de prisión para el exministro del Interior. En el procedimiento quedó exonerada Cospedal, cuya participación no quedó suficientemente demostrada en opinión del instructor.