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La Fiscalía y la Policía investigan una trama corrupta del PP en el puerto de Cartagena
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querella por amaño de contratos públicos

La Fiscalía y la Policía investigan una trama corrupta del PP en el puerto de Cartagena

El Ministerio Público se querella contra dos altos cargos del PP de Fernando López Miras por amañar presuntamente contratos públicos de la Autoridad Portuaria de Cartagena para favorecer a varias empresas

Foto: Yolanda Muñoz, presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, en 2019, junto Fernando López Miras, al fondo a la izquierda.
Yolanda Muñoz, presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, en 2019, junto Fernando López Miras, al fondo a la izquierda.
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La Fiscalía y la Policía Nacional investigan un presunto caso de corrupción en la Autoridad Portuaria de Cartagena, dependiente de la Administración del Estado, que afecta a altos cargos del Partido Popular de Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia. El Ministerio Público ha presentado una querella en los juzgados de Cartagena contra la actual presidenta de las instalaciones de titularidad estatal, la exsecretaria general de las consejerías de Fomento y Educación (2015-2019) Yolanda Muñoz, y el exconsejero de Obras Públicas (2011-2014) y expresidente de la propia Autoridad Portuaria (2014-2018) Antonio Sevilla, según ha podido confirmar El Confidencial.

Los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos o uso de información privilegiada. Además de afectar a los políticos del PP, la querella se dirige contra J.P.V., ex director general del puerto, M.J.B., jefa del Área de Planificación y Gestión de la Autoridad Portuaria, y J.S.M., director del Departamento de Instalaciones.

Foto: El Puerto de Cartagena visto desde un submarino (EFE/Javier Lizón).

Asimismo, la Fiscalía también apunta a la administradora de la sociedad especializada en recursos humanos Barraise SL, Susana García Bernal, y al consultor de la compañía de innovación tecnológica Sopra Steria España SA Francesc Casas. Otra querellada, Paloma Escudero Giménez, figura al mismo tiempo como empleada del puerto con el cargo de jefa de Innovación y como accionista de una empresa privada, la consultora Estrategias y Desarrollo Financiero SL.

Las diligencias arrancaron en 2021 y se centran en el presunto amaño de adjudicaciones públicas del puerto de Cartagena. Los acusados se habrían concertado presuntamente con varias mercantiles para proporcionarles información privilegiada sobre concursos y posteriormente habrían manipulado las calificaciones de las ofertas que presentaban estas compañías para asegurarse de que se llevaban los contratos.

Como informó La Verdad, agentes de la UDEF de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Murcia se personaron en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Cartagena en marzo de 2022 para llevarse información sobre varios expedientes de contratación. La Fiscalía también ha tomado declaración a numerosos testigos en los últimos meses que han aportado nuevos indicios.

Foto: Mabel Campuzano y Juan José Liarte, expulsados de Vox, durante la segunda sesión del pleno de moción de censura, hace un año. (EFE/Juan Carlos Caval)

La Fiscalía ha apreciado finalmente indicios de que los investigados conformaban un grupo estable en el tiempo y con funciones bien definidas que habría adulterado licitaciones del puerto de Cartagena para favorecer a empresas concretas. Sopra Steria SA, por ejemplo, se adjudicó en 2019 un contrato de 967.274 euros para prestar “servicios de oficina de proyectos” para un plan de digitalización. En 2018, se impuso en otro concurso de características similares.

El exconsejero murciano de Obras Públicas y expresidente del puerto Antonio Sevilla se dedica al asesoramiento de empresas desde que abandonó la dirección de las instalaciones marítimas en 2018. Por su parte, Yolanda Muñoz sonaba en las últimas semanas para liderar las listas del PP de la localidad de Las Torres de Cotillas (Murcia) en las próximas elecciones municipales. Ya fue concejala en este consistorio.

Foto:  El presidente de Murcia, Fernando López Miras. (EFE/Ismael Herrero)

El procedimiento puede provocar una crisis en el Gobierno de López Miras, que acaba de remodelar su gabinete y afronta la recta final de la legislatura. La terminal es una instalación clave para la economía de la región y la elección de Yolanda Muñoz fue una decisión personal del jefe del Ejecutivo murciano. Aunque el accionista mayoritario del puerto es el Estado, la región participa en el accionariado y, al igual que en Barcelona, Valencia o Algeciras, se concede a los gobiernos autonómicos correspondientes la potestad de nombrar a las máximas autoridades de las instalaciones logísticas.

La onda expansiva también puede afectar al Ayuntamiento de Cartagena, donde el PP gobierna con tránsfugas del PSOE. El puerto se encuentra en el centro de la ciudad y la entidad que lo gestiona tiene una estrecha vinculación con la corporación local.

La Fiscalía y la Policía Nacional investigan un presunto caso de corrupción en la Autoridad Portuaria de Cartagena, dependiente de la Administración del Estado, que afecta a altos cargos del Partido Popular de Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia. El Ministerio Público ha presentado una querella en los juzgados de Cartagena contra la actual presidenta de las instalaciones de titularidad estatal, la exsecretaria general de las consejerías de Fomento y Educación (2015-2019) Yolanda Muñoz, y el exconsejero de Obras Públicas (2011-2014) y expresidente de la propia Autoridad Portuaria (2014-2018) Antonio Sevilla, según ha podido confirmar El Confidencial.

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