El juez de Tsunami suma pruebas y enerva a Junts en plena negociación de las enmiendas

El juez instructor de la causa sobre la plataforma Tsunami, el procedimiento que acecha a Carles Puigdemont por terrorismo, acaba de condensar en unas pocas páginas el resultado de las últimas diligencias realizadas, y no solo no abandona la acusación por delitos de terrorismo, sino que cree que está hoy más atada que nunca. Su decisión de mantener viva la exposición razonada que remitió al Tribunal Supremo ha llegado justo cuando Junts y ERC presionan al PSOE para introducir nuevos cambios en el texto.

El partido independentista ve en los avances de la causa una muestra de que es necesario blindar la ley de amnistía para que los hechos que investiga Manuel García-Castellón no puedan ser considerados terrorismo y, por tanto, no amnistiables. Pero los socialistas se resisten a hacer más modificaciones y consideran que ya está bien "armada".

Dos claves sustentan el escrito judicial, que se acompaña de las pruebas recabadas en el último tramo de la investigación. La idea principal que sostiene la acusación es que Tsunami funcionaba como un movimiento dirigido por personas tanto de Junts como de ERC y que existió de forma evidente una voluntad de causar una grave alteración del orden público traducida en distintas acciones que se van desgranando.

Hay tres escenarios en los que esa acción se desarrolló con especial afectación de infraestructuras estratégicas, dice el auto. El aeropuerto de El Prat, tomado por una multitud de manifestantes, la autovía AP-7, principal vía de conexión terrestre con Francia, y las acciones desplegadas durante la jornada de reflexión previa al 10 de noviembre de 2019, graves por afectar a una convocatoria electoral de alcance general. Los detalles se obtienen de la condensación de nuevos informes de los Mossos, Enaire y otros oficios.

El bloqueo de la torre de El Prat

En el caso de El Prat, el auto destaca el bloqueo del acceso a la torre de control del aeropuerto y del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Barcelona-Gavà, "impidiendo que los controladores llegaran a la hora establecida para iniciar su trabajo". "Esta acción fue fruto de una planificación deliberada, instada y publicitada a través de sus redes sociales con afectación directa al tráfico aéreo". Se buscaba, dice el juez, "afectar a la seguridad del tráfico aéreo, en una torre de control que cubre una extensión que alcanza desde Murcia hasta la frontera con Francia". El acceso se despejó gracias a la intervención de la policía autonómica.

En las instalaciones del aeropuerto, algunas de las acciones revistieron especial gravedad, indica el escrito. Por ejemplo, los manifestantes vaciaron extintores o los cambiaron de sitio en algunas zonas de la pasarela del parking de la T1, en el interior del mismo parking y en el vestíbulo de la estación intermodal. Hubo pasajeros alterados, y algunos de ellos accedieron a la plataforma de aeronaves. Se utilizaron "armas, artefactos y sustancias de similar potencia destructiva". Como muestra el auto, indica que se lanzaron contra los agentes y desde una altura de hasta dos plantas carros portamaletas, extintores, piedras, botellas, garrafas, cristales, metales y maderas. La voluntad —concluye— era imprimir un carácter violento a la misma. Otros se utilizaron a partir del material existente en el aeropuerto.

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En resumen, la causa no solo no se desactiva, sino que incrementa su alcance. El Supremo, que ya se ocupa de la instrucción sobre la participación de Puigdemont en el desarrollo del procés, deberá decidir si abre nueva causa o la devuelve a la Audiencia Nacional. Todo esto sucede de forma paralela a la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía, que se encuentra, justo ahora, en un punto sensible.

Junts y ERC mantienen vivas enmiendas para que los delitos de terrorismo sean incluidos en la ley —ahora mismo están excluidos— con el propósito de que la amnistía afecte también a Tsunami y a las diligencias sobre el grupo radicalizado de los comités de defensa de la república (CDR), preparadas ya para juicio. El próximo martes se reúne la comisión de Justicia y, según aseguran desde las dos formaciones, "se sigue hablando" con el PSOE.

Hay que blindar más

Fuentes del partido del expresident señalan que en este aspecto es necesario "blindar más la ley". Entre las posibilidades que se han puesto sobre la mesa figura "explicar qué es el terrorismo", para que no sean asimilables las acciones y asesinatos de ETA con la actuación del independentismo catalán. Y sostienen que perciben en los socialistas "voluntad" de llegar a un acuerdo en torno a esta idea.

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La negociación se mantiene abierta hasta el martes, con Junts y ERC alineados en las mismas tesis, a pesar de que los republicanos firmaron —los de Puigdemont, no— las enmiendas conjuntas con el PSOE y el resto de grupos de la mayoría, en las que se mantienen fuera de la amnistía los actos terroristas sobre los que haya recaído sentencia firme. Aunque Junts no las suscribió, este jueves sí que votó a favor, con el ánimo de seguir las conversaciones con el PSOE hasta que se reúna la comisión. La postura de los dos partidos independentistas es que hay aún margen para pulir mejor este asunto y hacer frente a las acusaciones de García-Castellón.

También ERC defiende que es posible un mayor "blindaje" pero, al contrario de Junts, prefiere ser más discreto sobre los contactos que se mantienen con el propósito de que una definición más exacta de terrorismo ayude a desenredar este lío. No obstante, a expensas de lo que finalmente pueda suceder, desde el Gobierno se indica que ley ha quedado "fantástica". El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, precisó que está "bien armada y bien reforzada" con las mejoras pactadas.

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Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha criticado que Manuel García Castellón tiene "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles". "Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", ha asegurado en declaraciones a TVE.

Desde el Partido Popular consideran que es "de una gravedad extrema" que la vicepresidenta tercera "insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones". "Queremos saber si el ministro de Interior o la ministra de Defensa, jueces de profesión, opinan como Ribera. Sus silencios y el de Sánchez confirmarían que el PSOE ya no cree en aquellos estamentos de la Justicia española en la que no haya un juez o magistrado elegido directamente por el presidente del Gobierno", han afirmado.