El PSOE blinda del arresto a Puigdemont, pero no consigue domesticar a Junts

Entenderse con Junts no es posible ni sobre la ley de amnistía. Después de semanas y semanas de negociaciones para acordar un texto que fue la clave de la investidura de Pedro Sánchez, el partido de Carles Puigdemont ha vuelto a poner sobre la mesa todas las demandas que no fue capaz de sacar adelante entonces. Este martes, con la finalización del plazo para la presentación de enmiendas, Junts se descolgó a última hora de un acuerdo, del que sí forman parte, junto al PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG. Lo hizo pese al esfuerzo de los socialistas para que la norma evite cualquier eventual arresto ordenado por el Tribunal Supremo. Uno de los cambios propuesto por el partido del Gobierno se dirige a acotar cuándo deben decaer las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, tanto nacionales como europeas. Será "en el momento de la entrada en vigor de la ley", propone como nueva redacción. Al margen, por ello, de si el Supremo se dirige a la Justicia europea. El inciso no resultó, con todo, suficiente.

La preocupación principal del Ejecutivo es que el texto solo incluyera mejoras "técnicas", las únicas que la Moncloa aseguró que iba a aceptar, porque, señalan fuentes socialistas, el texto inicial es de "una enorme solidez jurídica y totalmente ajustada a nuestra Constitución". Aun así, las dos formaciones independentistas han querido forzar una revisión para ampliar su campo de actuación y garantizar al máximo su aplicación. El PSOE solo estaba abierto a incorporar algunos matices, siempre que contaran con el respaldo de todos los partidos de la mayoría, que deben votar su aprobación.

A lo largo de estos días se han mantenido conversaciones, pero, como sucedió con la votación la semana pasada de los tres reales decretos leyes , Junts ha guardado sus cartas hasta el final y muy poco antes de que se presentaran las enmiendas conjuntas ha anunciado que no las iba a rubricar. Por eso, fuentes socialistas destacaban ayer que "están trabajadas con otros grupos parlamentarios distintos a los firmantes". Fuentes de Junts aseguran que "presentar por separado nos da más fuerza". "Quien da por hecho algo sobre Junts siempre falla", subrayan.

Los de Puigdemont han presentado sus propias enmiendas y finalmente también lo ha hecho ERC. Los dos coinciden en reclamar que se incluyan los delitos de terrorismo, de los que se ha acusado a los comités de defensa de la república y a Tsunami Democràtic, a pesar de que la postura inicial de los republicanos era que estos casos ya estaban recogidos en la redacción inicial. ERC justifica ahora esta petición y otras en que "hay margen para su debate". Con la misma idea, ha actuado Junts: "Hay que seguir negociando".

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A la competición que las dos fuerzas libran por conseguir el voto independentista se une ahora la carrera galopante en las exigencias al PSOE, existan o no opciones. Los socialistas avisan que solo apoyarán las enmiendas que han pactado previamente. Y para hacerlo, cuentan con tener el apoyo de ERC, en el caso de que Junts intentara tumbarlas.

El jueves se reúne la ponencia y los socialistas esperan incorporar al dictamen de la ley las enmiendas acordadas, con el apoyo de Sumar, ERC, PNV, Bildu y Podemos. Aunque los de Puigdemont las rechazaran, hay margen —un voto de diferencia con el PP y Vox— para salvarlas. Pero los grupos tienen después la posibilidad de mantenerlas vivas hasta la aprobación en el pleno, que es lo que harán Junts y ERC con las que han registrado de manera autónoma.

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Entre los cambios que se introducirán, con el aval del PSOE y el resto de socios, también hay novedades de peso, más allá del guiño contra la detención del expresident huido. Se mencionan las penas accesorias que -dice la enmienda- también tendrán que extinguirse. Otro gesto, en este caso lanzado a Oriol Junqueras, que cumple aún una pena de inhabilitación, al igual que muchos otros de los condenados del procés.

Refuerzan también la amnistía para los delitos cometidos en los colegios por críticas a la Guardia Civil. La proposición de ley amnistiaba actos de desconsideración y crítica a las autoridades y funcionarios públicos, y ahora se añaden también los "agravios" y se incluyen los actos llevados a cabo a través de medios de comunicación, internet y redes sociales, y en el marco de actividades "educativas". Además, facilita a la Fiscalía reclamar la aplicación de la amnistía antes, durante o al final de un juicio, excluye los delitos contra la comunidad internacional y delimita con más precisión que en el texto original que todos los actos amnistiados son los llevados a cabo “en el contexto del denominado proceso independentista catalán”.

Ampliación total de la amnistía

A pesar de todo, Junts ha vuelto a sus posiciones originales de máximos, claramente inasumibles en inicio para el Gobierno. El partido de Puigdemont reclama toda una ampliación al alza de la amnistía, tanto en su extensión como en los delitos a los que afecta, y solicita armar un especial blindaje ante posibles movimientos de los tribunales para paralizarla.

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Destaca en esta serie de reclamaciones la despenalización completa de los delitos de terrorismo, estén estos en la fase que estén, incluso ya penados por sentencia firme. Lo mismo sucede con los delitos de traición que acechan a estrechos colaboradores de Puigdemont e incluso a él mismo. Exigen que queden incluidos en el perdón los perseguidos en "operaciones policiales artificiosas o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos o su entorno", el adelanto de dos meses de la aplicación de la ley de amnistía, hasta el 1 de noviembre de 2011, y que se refuerce el parapeto que proteja al expresident huido ante cualquier riesgo de ser detenido o encarcelado. En este último punto, insisten en la desactivación de las medidas cautelares en el contexto que sea, incluyendo la presentación de cuestión prejudicial. La mención que proponía el PSOE citando en exclusiva la entrada en vigor de la ley no les parece bastante.

Se nota que la consulta al Tribunal de Justicia de la UE y sus efectos suspensivos sobre el procedimiento preocupan a Junts, a la vista de la redacción de sus solicitudes. Persigue con ellas que la suspensión sea limitada si se da ese escenario. Su enmienda resalta que no debe repercutir "en la vigencia y aplicabilidad general de la presente ley orgánica".

La formación quiere también rebajar el riesgo de dilaciones en procedimientos donde hay depositadas fianzas millonarias, como el que conduce el Tribunal de Cuentas sobre el desvío de fondos públicos para el procés, y que se deje a la Generalitat devolver las multas que se impuso a participantes en protestas, concentraciones y disturbios a través de la conocida como ley mordaza.

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ERC plantea, por su parte, enmiendas que, en parte, se asemejan a las de Junts. Los dos coinciden en el terrorismo y en las sanciones a manifestantes. Esquerra pide también eliminar la fórmula sobre el “umbral de gravedad” que se establece en la exclusión de las torturas y tratos degradantes, por considerar la redacción difusa y permeable a interpretaciones contrarias de los tribunales.