Junts aspira a convertir Cataluña en otro Quebec: solo se podrá emigrar si se habla catalán

La Generalitat, cuando está en manos de nacionalistas, se ha esforzado siempre en ejercer su influencia en la política migratoria, aunque apenas tiene competencias. El objetivo es evitar que la llegada de extranjeros que desconocen el catalán y su cultura distorsione la identidad catalana.

Como en tantos otros ámbitos, como el de la rotulación en catalán o el referéndum de autodeterminación, los nacionalistas se han inspirado en un modelo, el de Quebec, la provincia francófona de Canadá, que defiende su lengua y su cultura con uñas y dientes aun a costa de haber retrocedido algunos peldaños económicamente.

La inmigración empezó a llegar masivamente a España, especialmente a Cataluña, en los años noventa. La Generalitat, gobernada entonces por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), envió, en noviembre de 2002, al que era entonces su conseller en cap, Artur Mas, a Varsovia. Allí inauguró una primera oficina de información para dar a conocer a los polacos las oportunidades que ofrecía el mercado laboral catalán.

Con motivo de ese viaje, Mas explicó que el Govern tenía la intención de “intervenir en todo lo que afecta a la inmigración, en lo que tenemos competencia y en lo que legalmente no tenemos”. El próximo estatuto catalán, anunció, “recuperará todas las competencias en inmigración para poder, por ejemplo, contratar en origen desde Cataluña”.

Polonia se disponía a ingresar en la Unión Europea y sus emigrantes prefirieron trasladarse a Londres en lugar de Barcelona. La Generalitat abrió entonces una segunda oficina de información en Bogotá, que no tardó en cerrar, para apostar por Marruecos. En enero de 2003, Mas viajó a Casablanca e inauguró allí una delegación similar a la de Varsovia. Se ofrecían además clases de catalán gratuitas y apoyo administrativo para instalarse en Cataluña.

Cuando el tripartito (PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya) se hizo con las riendas de la Generalitat, clausuró la oficina de Casablanca, tras resaltar su pésima gestión, pero no tardó en abrir otra en Tánger a cargo del Servicio Catalán de Empleo. El propósito era “preparar una mejor integración de los candidatos a emigrar”.

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Fue en tiempos del tripartito cuando se negoció el nuevo estatuto de Cataluña, aprobado en julio de 2006, aunque nunca entró en vigor porque varios de sus artículos fueron invalidados por el Tribunal Constitucional. Recogía todo aquello con lo que Artur Más soñaba en Varsovia, desde “la competencia exclusiva en materia de régimen de acogida e integración de las personas inmigradas” hasta la tramitación y resolución de los permisos de trabajo.

Jordi Turull, secretario general de Junts, anunció este jueves, en Catalunya Ràdio, que la ley orgánica que se aprobará pronto otorgará a la Generalitat “las competencias necesarias para asumir la gestión integral de la inmigración”, incluida la contratación en origen de inmigrantes. En el estatuto de 2006 esta era una competencia compartida con el Estado.

En parte porque lo ha fomentado, en parte porque los inmigrantes de un país en una región atraen a otros, lo cierto es que Cataluña es hoy en día la comunidad de España donde hay más personas de tradición musulmana. Son 641.000 (12,32% de la población), aunque muchas de ellas (254.500) ya han adquirido la nacionalidad española, según el estudio anual del Observatorio Andalusí, que depende de la Comisión Islámica de España. A veces se tachan de exagerados los datos que ofrece, pero nadie proporciona otros alternativos.

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A día de hoy, hay en total 1,28 millones de extranjeros residentes en Cataluña, el 16,3% de su población. Pero, a diferencia de otras comunidades autónomas, los latinoamericanos son menos numerosos. Los primeros, los colombianos, solo figuran en sexto lugar, detrás de marroquíes, rumanos, italianos, chinos y paquistaníes. Estos dos colectivos están prácticamente empatados.

El puesto remoto para los latinos no es casualidad, sino el resultado de la inmigración marroquí que se ha intentado incentivar. Desde la Generalitat, se ha justificado la apuesta por la mano de obra marroquí porque “los empresarios catalanes habían invertido mucho en Marruecos y estaban acostumbrados a trabajar con ella”. La inversión es más bien escasa, pero es cierto que sí hay deslocalización de producción, desde el textil hasta las monturas de gafas.

“Tienen poca cosa, pero lo único que tienen son hijos”, declaró despectivamente Marta Ferrusola, la esposa de Jordi Pujol, en Girona, en 2001, refiriéndose a la inmigración marroquí que empezaba a llegar. “Las ayudas son para esta gente que no sabe lo que es Cataluña”, añadió. “Quizá las iglesias románicas ya no servirán dentro de un tiempo, y sí servirán las mezquitas”, concluyó.

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Ese discurso era entonces, y hasta recientemente, reprobado en Cataluña, excepto quizá por Plataforma per Catalunya, que obtuvo hasta unos 60 concejales, pero nunca entró en el Parlament. Ahora, esos argumentos han hecho mella en JxCAT y, sobre todo, son el leitmotiv, junto con un nacionalismo exacerbado, de Aliança Catalana, el partido ultra que encabeza Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll. Los sondeos vaticinan que entrará en el Parlament en las próximas autonómicas y los escaños que obtendrá serán a costa de Junts.

A los argumentos que evocó Mas en Varsovia, se añade ahora el empeño de controlar la inmigración para evitar que desnaturalice la identidad catalana supuestamente amenazada. “Tener las competencias en inmigración es esencial para construir la nación”, escribió en la red social X Pere Martí Colom, director de Comunicación de Junts, después de que se conociera la cesión del Gobierno.

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La identidad la pondrían supuestamente en peligro los migrantes porque, aunque no sean latinos, aprenden antes y se maneja más en castellano que en catalán, un idioma que muchos no llegan nunca aprender. Eso se quiere cambiar. “La gente que venga” ha de saber que “está en una nación en la que se habla catalán”, advirtió Jordi Turull en la radio. “Es importante para vivir saber esa lengua”, recalcó. A día de hoy, su conocimiento solo es un mérito marginal cuando el inmigrante tramita el arraigo con vistas a regularizar su situación.

Es ahí donde entra en juego el ejemplo de Quebec. Para poder emigrar a esa provincia, hay que saber francés. Solo si el traslado es por reagrupamiento familiar se puede desconocer ese idioma, pero hay que comprometerse a aprenderlo. Ha sido siempre así desde 1991, pero lo es más aún desde mayo pasado, cuando las autoridades regionales modificaron la legislación migratoria. A eso mismo aspira Junts con el catalán. Para emigrar al Canadá anglófono no es, en cambio, indispensable saber inglés.

“El conocimiento del francés es, de ahora en adelante, una de nuestras exigencias”, declaraba, a principios de mes, Benoît Dagenais, viceministro regional quebequense de Inmigración, Afrancesamiento e Integración, a la revista Français à l’étranger. En función de la formación y del trabajo que el inmigrante desempeñará en Quebec, el requisito lingüístico varía en una escala de 1, el más bajo, hasta el 12, que es el de los nativos. Para la mayoría de los empleos basta con un 7, pero para los “talentos de excepción”, es decir, aspirantes muy cualificados a los que se quiere atraer, un 4 es suficiente.

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Para que el candidato a emigrar pueda ir preparándose, el Gobierno regional estrenó en junio pasado Francisation Québec, una plataforma gratuita en la que se puede estudiar la lengua de Molière con acento canadiense y conocer la cultura local a la que, según el viceministro, se apuntan una media de 300 personas al día. Una vez en Quebec, el inmigrante es “acompañado”, según el viceministro, por agentes de ayuda a la integración y al afrancesamiento.

Todo esto arrancó hace 33 años, cuando el Gobierno regional firmó con el federal de Ottawa un acuerdo sobre un nuevo reparto de competencias. Es la única provincia de Canadá que tiene atribuciones en materia de inmigración y, a cambio, recibe una compensación financiera. El control de fronteras, la tramitación del asilo y del reagrupamiento familiar siguen por completo en manos del Estado.

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Quebec (8,8 millones de habitantes) tiene en Canadá (40,5 millones) un peso demográfico y económico algo superior al de Cataluña en España. Acoge anualmente a 50.000 inmigrantes, muchos de ellos procedentes de países francófonos de África subsahariana, del Magreb y de Haití. El requisito lingüístico ha dificultado a veces la contratación de trabajadores en algunos sectores.

No ha sido ese el principal contratiempo económico. Hasta los años setenta, Montreal, la capital de Quebec, era también la capital económica del país y la provincia que tenía el PIB más alto. Desde que René Lévesque y su Partido Quebequense ganaron las elecciones en 1976 y se pusieron en marcha los referéndums de autodeterminación, que perdió, un buen puñado de empresas se marchó a Toronto. Hoy en día, es la capital económica del país. Ontario tiene un 77% más de población que Quebec, pero su PIB duplica el de la provincia francófona.

Aquí también hay un cierto paralelismo con Cataluña. El procés provocó una espantada de empresas y un cierto estancamiento económico. Desde 2017, el PIB global de Madrid ha rebasado al de toda Cataluña, pese a que esta comunidad tiene un millón más de habitantes. La brecha sigue aumentando poco a poco cada año, excepto en 2021.