Cómo la traición de Artur Mas rompió la alianza de la burguesía con el pujolismo

"La traición de Artur Mas fue su paso al lado, cuando entregó el Govern a la CUP, dejando en sus manos la palanca para que Carles Puigdemont fuera el nuevo president", sentenciaba en una conversación privada Josep Oliu, presidente del Banc Sabadell, en enero del 2016, unos meses después de los hechos, al analizar la decisión del político nacionalista de no convocar nuevas elecciones y capitular ante el veto a su reelección. Oliu, hombre de ingenio agudo, expresa sus ideas con concisión y la velocidad del rayo. El banquero había transmitido directamente a Mas desde hacía años, pero especialmente el 2015, el rechazo a sus propuestas políticas, y lo sucedido tras las elecciones de septiembre de ese año le reafirmó en sus ideas.

Los independentistas más radicales, cuyo voto era imprescindible, se negaron a apoyar en el Parlament a quien consideraban padre de los recortes presupuestarios. Para evitar nuevas elecciones, Mas intentó primero buscar un acuerdo con la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) sobre la base de las propuestas de estos últimos, entre ellas una proclamación parlamentaria que instaba a «declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de República», algo que no solo estremeció a Oliu. Como relata Lola García en 'El naufragio', cuando el conseller de Economía en funciones, Andreu Mas-Colell, en pleno Consejo Ejecutivo del Govern, leyó en el móvil el mensaje con la resolución aprobada, «con las gafas subidas por encima de la frente, exclamó indignado: “¡Pero ¿esto qué es?”».

Sin embargo, ni esa aproximación a la CUP ni otras ensayadas aquellos días surtieron efecto y al final Mas tuvo que aceptar que, en su lugar, fuera Carles Puigdemont, un periodista independentista de primera hora y alcalde de Girona, el candidato a la investidura. El pacto final de CDC y ERC, agrupados electoralmente en JxSí, con la CUP, implicó además del cambio de president, concesiones también en el ámbito de la política económica, especialmente la fiscal, y dio a ese grupo la llave de la continuidad de la legislatura, lo que fue recibido por gran parte de la élite económica con estupefacción; como un golpe bajo. A esas alturas, la burguesía catalana ya se había distanciado completamente del curso político marcado por Mas.

El pacto de CDC y ERC junto con la CUP fue recibido por gran parte de la élite económica con estupefacción; como un golpe bajo

El compromiso con la CUP fue el Rubicón definitivo. Las elecciones de septiembre del 2015 habían arrojado un resultado endiablado, dejando a la mayoría independentista para investir president y desarrollar un programa de Gobierno en manos de ese grupo minoritario. Las dos grandes fuerzas de ese frente, CDC y ERC, habían pactado acudir a los comicios coaligadas tras la marca Junts pel Sí (JxSí), una opción que pretendía sortear la progresiva debilidad electoral del partido fundado por Jordi Pujol. Desde el otoño del 2012, la tradicional coalición de CDC y Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Convergència i Unió (CiU), había ido perdiendo representación de forma alarmante. De 62 diputados en el 2010, a 50 en noviembre del 2012. En el 2015, las encuestas y la realidad social apuntaban a un hundimiento electoral aún más profundo. Mas y los suyos presionaron, aprovechando el ambiente social favorable a la unidad de las fuerzas independentistas, y lograron imponer la coalición a la ERC de Oriol Junqueras, pese a los intentos de este último para evitarlo.

La debilidad electoral y política de la centroderecha nacionalista catalana se había ido agravando a medida que avanzaba la crisis política. Cada paso de Mas para evitar ser desbordado y seguir pilotando la situación erosionaba su autoridad política y estrechaba su margen de maniobra. Pero ese deterioro político no había llegado súbitamente. CiU se adentró en la crisis económica desatada a partir del 2008 encarando un ciclo electoral al alza que solo se truncó, precisamente, en las elecciones de noviembre del 2012. Para entonces, su política de austeridad como respuesta a la crisis económica había carcomido las bases del consenso interclasista que había sostenido históricamente al pujolismo. Una convergencia de intereses entre la burguesía, la alta y, sobre todo, la de las pequeñas empresas; las clases medias y profesionales, cuyas nuevas generaciones ocupaban buena parte de los altos cargos de la Administración autonómica; y capas amplias de trabajadores de servicios públicos y los más cualificados del sector privado. El pujolismo había sido la argamasa política de esa heterogénea base social. Pero, en el 2012, esa construcción estaba desmoronándose. La burguesía quería al mismo tiempo ajustes y ayudas para salvar sus negocios; las pymes se veían devoradas por las grandes multinacionales que aprovechaban la crisis para aniquilarlas; las clases medias temían verse reducidas a la condición de asalariados mal pagados; los funcionarios veían su Administración en bancarrota; y los trabajadores perdían sus empleos en una montaña de cierres sin fin.

El giro soberanista

El descontento y la protesta social eran la tendencia dominante. El president era mal recibido y abucheado en casi todas sus apariciones públicas. No tenía ningún futuro político. Entre los primeros meses del 2012 y las elecciones de noviembre de ese año, Mas y su equipo más próximo cambiaron de política, en un movimiento con muchas contradicciones y enfrentamientos internos, del que surgió el giro soberanista.

Mas pasó de defender la moral calvinista como sostén ideológico de los recortes a renegar de esos ajustes y atribuirlos a la injusticia practicada desde Madrid contra Cataluña. El objetivo fue revertir el desplome electoral y de autoridad que auguraban las encuestas y se respiraba en la calle. Los primeros pasos de ese cambio parecieron dar resultados positivos para sus promotores. Las consultas demoscópicas auguraban un éxito electoral histórico para los convergentes. La calle también había cambiado de atmósfera, allá donde aparecía, Mas recibía muestras de apoyo popular. Aparentemente, todo encajaba de nuevo.

Pero justo cuando pensaba que iba a culminar su ascenso al liderazgo indiscutido con una mayoría absoluta que le otorgaría el margen suficiente para asentar la nueva hegemonía de una renovada CDC —como la que tuvo Jordi Pujol, su padrino político y predecesor durante su largo periodo al frente de la Generalitat—, Mas se dio de bruces con la realidad. Su victoria electoral habría sido un éxito sin precedentes: supondría haberse sobrepuesto al desgaste de veintitrés años de Gobierno convergente y la densa atmósfera de corrupción que los envolvió. No obstante, el golpe de realidad de los resultados de ese noviembre marcó el inicio de su decadencia política. Y señaló nítidamente en el calendario el comienzo del distanciamiento de la corriente principal del poder económico respecto a su acción política y el incipiente procés.

Atravesando fases políticas muy claras, la burguesía catalana había empezado acompañando al sucesor de Pujol en su ascenso a la cima; luego detectó el inicio de su caída, momento en el que tomó las primeras precauciones, para acabar finalmente echándole en cara sus errores políticos. Entre el inicio del procés (2010-2012) y el momento del paso al lado de Mas, en enero del 2016, los patricios catalanes vivirán un viaje de ida y vuelta, desde el catalanismo tenue —en parte para evitar el choque con el ambiente y la opinión dominantes en la sociedad catalana del momento— hasta un soberanismo difuso e inconcreto que el nuevo president les declinaba de la manera que ellos querían escuchar: austeridad, menos gasto público y presión política en Madrid para conseguir más recursos y dinero por la vía de un hipotético pacto fiscal con el Estado.

Compartían la idea de que había que elevar la voz, preocupar a Madrid, dejar claro que estaban insatisfechos. Atracción, complicidad o análisis coincidente, según las matizadas definiciones de los diversos protagonistas, manteniendo su autoridad social, como clase dirigente de la economía, hasta las elecciones de noviembre del 2012, que en su opinión no debieron haberse convocado; desencanto, alejamiento y presiones para reconducir la situación tras el fracaso electoral. Y temor a perder el control de la política catalana, con Mas claramente desbordado por la irrupción de otros sectores sociales más radicales y con otros intereses; en primer lugar, desplazar a esas élites de sus posiciones de hegemonía.

Asociaciones civiles como Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) llevaban a las masas a las calles, una pulsión extraparlamentaria

Esas organizaciones, agrupadas en asociaciones civiles como Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), llevaban a las masas a las calles, una pulsión extraparlamentaria que encendió todas las alarmas en los salones nobles. Los primeros intentos de rebelión empresarial tuvieron lugar tras la decisión de Mas de responder al fracaso electoral aliándose con ERC, en el arranque del 2013, y la posterior consulta del 9 de noviembre del 2014. Más tarde se produciría el choque frontal a cuenta del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia, suspendida inmediatamente por Puigdemont. Estaba en juego el histórico modelo social que el poder económico y Jordi Pujol habían construido a partir de su primera victoria electoral en el ya lejano 1980.

Este modelo se resumía en la idea de que la sociedad civil —evocando los grandes hitos de la burguesía barcelonesa, desde el despegue industrial, pasando por el ensanche barcelonés y las grandes transformaciones ligadas al modernismo, hasta las exposiciones universales y encarnada en el ámbito económico en entidades como La Caixa, Foment del Treball Nacional, el Cercle d’Economia o la Cambra de Comerç de Barcelona y, posteriormente, en el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y un grupo de empresarios relevantes— complementaba al Govern desde una posición independiente, con sus propuestas y proyectos. Un flujo de relaciones que, según sus postulantes, diferenciaba a Cataluña del resto de España. Un acuerdo tácito en el que unos hacían ver que Pujol no intervenía en los asuntos de esa sociedad civil a cambio de que el president asumiera los postulados económicos de los propietarios.

Poco a poco emergerían desde ese mismo establishment posiciones más o menos críticas sobre la veracidad de ese modelo. Ya en la primavera del 2008, Jordi Alberich, director general del Cercle durante dos décadas y dirigente de la desaparecida UDC, señalaría: Un análisis objetivo de la actuación global de la sociedad civil durante los treinta años de vida democrática en España debe poner de manifiesto una actitud generalizada de subordinación de la sociedad civil a los poderes públicos. Ha sido habitual que incluso las entidades más representativas de la sociedad civil se hayan autolimitado en sus ambiciones, manifestando una actitud de excesiva condescendencia con el poder político. Una actitud que se podía entender en los primeros años de la transición democrática, cuando la apuesta del conjunto de la sociedad era reforzar los partidos políticos para consolidarlos como ejes esenciales de la vida democrática.

La economía influyente, con Pujol

Alberich se mostraba crítico con la clase política y más benevolente con la llamada sociedad civil. Años después, desde los sectores impulsores del procés, no desde la sociedad civil sino desde las clases medias, se dispararían los dardos, pero en sentido contrario, contra la pretendida pasividad política de los Gobiernos nacionalistas de Pujol y Mas hacia el mundo y los intereses de los grandes negocios. Desde que Jordi Pujol demostró en 1980 que él y CDC eran la única alternativa con suficiente apoyo electoral para cerrar el paso a la izquierda en Cataluña y con capacidad de influir en la política que se decidía en Madrid —especialmente cuando desaparecían las mayorías absolutas en el Congreso de los Diputados—, el nacionalismo catalán se había convertido en el vector político mayoritario entre los sectores económicos más influyentes.

Cuando se desató la crisis económica del 2008, los patricios de la economía siguieron próximos al sucesor de Pujol. Artur Mas no despertaba las pasiones de masas del primero, pero su perfil de gestor laborioso y aplicado, preocupado por el rigor de las cuentas públicas y conocedor del mundo económico, gustaba a los empresarios locales. Venía de fajarse en la oposición a los tripartitos presididos por los socialistas Pasqual Maragall y José Montilla, con los que protagonizó campales batallas políticas, en particular, contra los aumentos de impuestos, siempre la primera preocupación de los sectores adinerados. Los socialistas, por su parte, le reprochaban la acumulación de asuntos de corrupción, nunca reconocidos pero siempre presentes en crónicas judiciales y políticas. Pese a estar aún en la oposición en Barcelona y pocos meses antes de ganar las elecciones, Mas mantuvo el pulso, profundizó en esa línea y se convirtió, con su abstención parlamentaria de mayo del 2010, en el salvavidas imprescindible del giro hacia los recortes y la austeridad del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Así accedió, al tercer intento, a la presidencia de la Generalitat. Para esa burguesía barcelonesa, también parte de la madrileña, Mas realizó un arriesgado ejercicio de responsabilidad al salvar el duro plan de Zapatero, en contraste con la insensatez del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, que se puso de costado y rechazó apoyar las medidas que Europa pedía al Gobierno español en plena crisis de la deuda pública y el euro. Durante ese primer periodo, Mas fue el hombre de moda del poder económico.

En honor a la verdad, el sucesor de Pujol encaró una compleja tarea llena de trampas y obstáculos. Tuvo que elaborar un nuevo programa de resistencia para salvar un partido que prácticamente desconocía la vida fuera del poder, lo que su equipo dio en llamar una larga travesía del desierto; estar en la oposición, un periodo que duró siete años. Y en competencia con otra formación nacionalista, ERC, instalada en el Govern del primer tripartito. Forzosamente debió radicalizar un discurso que ya no podía ser solo el del partido de orden con la responsabilidad de gobernar. Mas pilotó ese giro con un equipo, el pinyol (hueso), mayoritariamente ajeno al establishment barcelonés, ese en el que el líder convergente se había acostumbrado a navegar con comodidad y con el que se forjó un perfil de business friendly. Además, cargaba con el lastre de veintitrés años de desgaste del Gobierno pujolista a sus espaldas, con las alforjas repletas de acusaciones de corrupción, en gran parte verídicas, como acabaría quedando de manifiesto, en el caso más sonado e inimaginable, con el mismo patriarca del nacionalismo conservador.

[Mas] Forzosamente debió radicalizar un discurso que ya no podía ser solo el del partido de orden con la responsabilidad de gobernar

Finalmente, Mas obtuvo la victoria que definitivamente lo llevaría al Palau de la Generalitat tras capitalizar, entre otros episodios, el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, en el verano del 2010. La sentencia dio rienda suelta a la indignación generalizada en Cataluña. A partir de ese momento, la grave recesión económica y la crisis política se mezclarían en la batidora social, propulsando el ascenso del independentismo. El clamor social ante la debacle económica y el descontento político confluyó con una larvada insatisfacción de sectores de las clases medias y profesionales e incluso de algunos miembros de la aristocracia del dinero y la industria.

El giro soberanista de Mas, y su éxito inicial, consistió en vincular el rechazo a la sentencia, que tenía un enorme respaldo popular, con las destructivas consecuencias económicas de la crisis financiera. Esta sería consecuencia casi exclusiva de la viciada relación entre Cataluña y España; el fracaso de la negociación política y el mal funcionamiento del Estado explicaban la gravedad de la situación económica. Como se iría viendo después, el éxito de ese relato se manifestaría en la eclosión masiva de nuevos independentistas no nacionalistas, funcionales o prácticos, económicos, convencidos de que el origen de sus problemas de orden material y de calidad del modelo catalán en la globalización se explicaban por la subordinación política al Estado.

El giro soberanista de Mas consistió en vincular el rechazo a la sentencia [del Estatut] con las destructivas consecuencias de la crisis financiera

Entre el 2001 y el 2013, especialmente durante los años de la crisis, cuando el procés estaba en sus primeras etapas, la industria catalana padeció una destrucción, en forma de cierres de empresas, pérdidas de empleo y caídas de la inversión, "no vista en los últimos cincuenta años", es decir, desde los tiempos del Plan de Estabilización de 1959, según la concluyente descripción de Josep Oliver, el economista que más ha estudiado su evolución reciente. Esta destrucción no era comparable a la sufrida en ninguna otra región económica europea.

Como consecuencia, la Cataluña que había emergido en 1995 "como una potencia industrial en el concierto europeo", solo un lustro después empezó a perder fuerza "de forma tan severa, que ya no aparece entre las regiones más industriales de Europa y está muy alejada de las alemanas, algunas italianas y de buena parte de las del centro y el este europeo más industrial. Ha dejado de ser una potencia industrial en el concierto europeo". Una decadencia sin paliativos sin cuya cabal comprensión es imposible entender las tripas de lo sucedido en la Cataluña de este siglo y sus dinámicas sociales y políticas.

La inquietud se extendió también entre núcleos de funcionarios públicos de una Administración autonómica en situación crítica tras los embates de la Gran Recesión. Este fue otro nutriente social clave del movimiento que transitaba del catalanismo o nacionalismo pujolista hacia el nuevo independentismo, definido inicialmente con el ambivalente y modulable concepto de soberanismo, lo suficientemente abierto para atraer a los sectores más diversos.

Las dos crisis, la política y la económica, ya estaban presentes en la coyuntura previa a la sentencia del Constitucional y las elecciones catalanas del 2010, pero aún no había un hilo argumental definido, consistente, desarrollado, sobre sus causas ni la forma de superarlas, más allá de la tradicional distancia respecto a Madrid y el convencimiento de que las decisiones que allí se adoptaban nunca tenían en cuenta las necesidades de los catalanes, cuando no buscaban directamente fastidiarlos. La sentencia del Tribunal Constitucional ayudó a escribir las primeras líneas de ese relato. El discurso tradicional del pujolismo ya no podía seguir siendo el marco de referencia de la sociedad catalana. Tras un primer intento de Mas de afrontar la crisis económica con recetas ortodoxas y sin cuestionar el orden establecido, acabaría enlazando esta con la propuesta de otro modelo de Estado, para lo cual debió renegar de su aproximación inicial, política ortodoxa y negociación clásica con el Gobierno central. Ahora se trataba de reconducir la inquietud social, que amenazaba con aplastarlo, hacia la negociación de un nuevo acuerdo con el Estado.

Contra la sentencia del Estatut

Y fue entre el verano del 2010, con la masiva manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional, y las elecciones de noviembre de ese año cuando Mas obtuvo una mayoría suficiente como para recuperar el Govern: la CDC pos-Pujol vivió así su gran momento de gloria. La masiva protesta contra el fallo que podaba lamentablemente el Estatut y en la que estaba de cuerpo presente José Montilla, todavía president de la Generalitat, pero ya políticamente defenestrado, anticipó la rotunda victoria convergente en los comicios que se celebrarían unos meses después.

El propio Pujol —todavía un personaje con elevada influencia política, ya que aún no había trascendido el revelador episodio de sus cuentas andorranas— intervino para ayudar al éxito de la protesta, estimulando la participación entre las élites económicas y consiguió, tras reunirse con sus máximos responsables, que gran parte de las patronales y asociaciones vinculadas a la economía se pronunciaran públicamente como organizaciones y asistieran a la manifestación contra el fallo.

En el inusual acto de pisar el asfalto del passeig de Gràcia barcelonés para protestar contra la sentencia, estuvieron aquella tarde, entre los menos entusiastas, Juan Rosell, presidente de Foment y, más adelante, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Miquel Valls, presidente de la Cambra de Barcelona. Más cercanos al nacionalismo, Josep González, presidente de Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC); Eusebi Cima, de la patronal Cecot; y Josep Mateu, de la Fundació d’Empresaris de Catalunya (FemCAT). En el caso del Cercle d’Economia, pieza clave en el relato de lo sucedido en estos años tumultuosos y centro de referencia del sector mayoritario de la burguesía, acudió a título personal su entonces presidente, Salvador Alemany, pues la entidad no llegó a pronunciarse institucionalmente sobre la sentencia, tras un intenso debate interno. No faltó ningún representante de las principales entidades empresariales del país.

En aquel momento, los diferentes estratos de las clases acomodadas, desde una parte sustancial de la alta burguesía hasta las capas más numerosas de pequeñas y medianas empresas, se alinearon mayoritariamente con el sucesor de Pujol. La coincidencia de políticas era notable. Compartían la opción de aplicar recetas de austeridad, de reducir el gasto público, y criticaban a Zapatero por no ser suficientemente valiente en una coyuntura que consideraban crítica. Es más, el mundo económico catalán vio una oportunidad de recuperar algo de su perdida influencia en la capital del Estado, tras el amargo paréntesis de la mayoría absoluta del PP de Aznar entre el 2000 y el 2004, al ser necesaria la colaboración parlamentaria de CiU para que las exigencias de Europa obtuvieran la luz verde parlamentaria. Era el momento de reclamar compensaciones, de vender caro el voto, a lo Partido Nacionalista Vasco (PNV), una referencia política de las élites catalanas, y obtener palpables beneficios económicos por los apoyos en el Congreso.

El mundo económico catalán vio una oportunidad de recuperar algo de su perdida influencia en la capital del Estado

El cálculo de Mas, y de muchos de los empresarios que estaban próximos a él en el otoño del 2010, requería que en las cercanas elecciones generales españolas el PP no alcanzara la mayoría absoluta, situación idónea para reeditar una negociación similar a la del famoso pacto del Majestic de 1996. Las encuestas daban ganadores a los populares, pero no como para gobernar en solitario. Esas cábalas, sin embargo, resultarían quiméricas.

El giro social conservador provocado por la crisis económica del 2008 y el desgaste de los dos tripartitos previos —el último, el de Montilla, ya había comenzado a aplicar notables recortes, sin que pese a ello pudiese contener el gasto— remataron la jugada para que los convergentes obtuvieran un notable éxito electoral en el 2010. CDC logró una formidable subida; también, aunque muchísimo menos, el PP. Bajaron rotundamente los socialistas, así como los republicanos de ERC, que sufrieron una severa derrota, convirtiendo en un espejismo su objetivo de superar a los convergentes, que multiplicaban sus votos por seis. Ese dispar resultado desactivó inicialmente la competencia entre los nacionalistas y los independentistas, cuyo desencadenante había sido el pacto de estos últimos con la izquierda para formar los tripartitos y dejar a los convergentes fuera del Govern. CiU arrancó la legislatura pensando que sus rivales republicanos estaban poco menos que tendidos en la lona, lo que le daba un margen absoluto ante su electorado. Hasta el punto de que Mas pactó su investidura con el PP sin demasiados complejos.

El líder convergente tejió un juego de alianzas y complicidades que elevó su estatura política ante los líderes económicos. Accedió a la presidencia consiguiendo la abstención del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y, meses después, sellaría un pacto presupuestario por dos años con el PP. Esto resulta paradójico si se recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional, una de las espoletas del choque político que acabará siendo el procés, fue la respuesta favorable del poder judicial a las denuncias del PP contra el Estatut. Ese partido fue el que en los primeros años apoyó a Mas y le permitió iniciar sus programas de ajuste, al tiempo que se lo negaba a Zapatero en el Congreso.

[El PP] fue el que en los primeros años apoyó a Mas y le permitió iniciar sus programas de ajuste, al tiempo que se lo negaba a Zapatero en el Congreso

Mas desplegaba su política manejando dos barajas. Por un lado, el PP; por otro, un discurso que en teoría tentaba las costuras, las posibilidades, de la negociación con el Estado: el pacto fiscal, recuperado, no lo olvidemos, durante sus últimos años en la oposición. La reivindicación figuraba de manera sucinta en su programa electoral del 2010. La parte más elaborada proponía desarrollar el consorcio tributario con la Agencia Tributaria Estatal, según lo establecido en el articulado del Estatut. En otro apartado del mismo documento electoral se señalaba de forma genérica y muy sucinta: "Nos proponemos que Cataluña disponga de un modelo de financiación propia —como lo es el concierto económico— con el objetivo de poder gestionar y decidir sobre la totalidad de los recursos tributarios de Cataluña". El Parlament de Cataluña constituyó la comisión sobre el pacto fiscal en junio del 2011.

La promesa de una porción más grande del pastel de las finanzas públicas fue una auténtica tentación para la burguesía, que compró en parte porque, al igual que Mas, lo concebía no como un objetivo posible, sino como un punto de partida de una negociación clásica en la que la otra parte, el Gobierno central, acabaría haciendo una propuesta que mejoraría el statu quo vigente sin llegar a ser el concierto vasco. También, arrastrada por una corriente social y una presión política a la que no se veía con fuerzas de oponer resistencia. Aún no tenía la sensación de que la calle acabaría sublevándose.

Pistoletazo de salida del procés

En sus memorias de aquellos años, Mas expuso sus argumentos sobre el uso táctico de esa reivindicación: "En el primer año de legislatura no ponemos encima de la mesa el pacto fiscal" porque Zapatero ya estaba de salida. También porque él "sabía que España estaba a las puertas del rescate financiero, no nos darían dinero". Aun así, cuando finalmente se la planteó a Mariano Rajoy, el recién llegado presidente del Gobierno, en septiembre del 2012, el Estado todavía estaba en peores condiciones económicas que con su predecesor en la Moncloa. Eso fue poco después de la manifestación de la Diada del 11 de septiembre de ese año, con el lema "Cataluña, nuevo Estado de Europa", que Mas calificó de "pistoletazo de salida del procés".

Desde el punto de vista político, el pacto fiscal se concibió como una actualización del programa pujolista, reactivando reivindicaciones casi olvidadas por la práctica del fundador de CiU. El desacreditado peix al cove de Pujol buscaba acuerdos con los Gobiernos centrales de turno sobre materias concretas de interés inmediato a cambio del apoyo parlamentario en el Congreso de Madrid y cierta paz política en Cataluña. Así pues, Mas dio relieve político al pacto fiscal como el elemento que debería catalizar las energías de los catalanes en un momento de crisis económica aguda.

El pacto fiscal resumía la propuesta de nueva relación económica y financiera con el Estado basada, en primer lugar, en que la Generalitat se encargaría de la recaudación de todos los impuestos en Cataluña con su propia Agencia Tributaria. De lo ingresado, la Administración catalana aportaría a la Hacienda del Estado la parte que compensara sus gastos en Cataluña más la partida que se pactase en concepto de solidaridad con el resto de las comunidades autónomas. El modelo de referencia era siempre el concierto vasco, que funciona exactamente así, con su correspondiente cupo, es decir, la cifra que el Gobierno vasco y el central pactan como compensación por los gastos del Estado en Euskadi.

El modelo de referencia [del pacto fiscal] era siempre el concierto vasco, que funciona exactamente así, con su correspondiente cupo

Este acuerdo era un magnífico banderín de enganche para acercar a capas de la burguesía y a sectores de clases medias, sobre todo profesionales, que ya estaban muy insatisfechas tras décadas de minimalistas negociaciones pujolistas. Frente al Gobierno central, era en realidad una apuesta de máximos que buscaba obtener respuestas negociadoras que permitiesen que la Administración catalana encarase la crisis sin tener que recurrir a los recortes de manera permanente y de este modo se evitase el desgaste político de los dirigentes nacionalistas.

Como resumía en uno de sus informes el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC), una comisión asesora creada por Mas nada más llegar al Govern con el objetivo de buscar la complicidad empresarial y presidida por Salvador Alemany, hombre de la órbita de La Caixa: La recaudación y gestión por el Govern catalán de todos los tributos que se generan en Cataluña mediante una agencia tributaria propia. La capacidad normativa plena sobre estos tributos sin otra limitación que las directrices comunes que se establezcan con la UE y el Estado. La capacidad financiera en función de las competencias asumidas por cada nivel de gobierno. Un mecanismo de negociación y revisión del Pacto sobre la base de la relación bilateral entre España y Cataluña, para renovar o modificar el contenido.

Económicamente, la propuesta se planteaba como la solución para acabar con el denominado déficit fiscal, el saldo negativo entre lo que los catalanes aportaban a las arcas del Estado a través de los impuestos y lo que recibían por la vía del gasto y la inversión públicos, en servicios o infraestructuras. El déficit fiscal ha preocupado a economistas y empresarios catalanes desde hace más de ciento setenta años. El empleo de un elemento tan técnico como sustento de las posiciones políticas siempre ha sido motivo de polémica.

Las conclusiones de los diferentes estudios coinciden siempre en calcular un déficit fiscal catalán con el Estado que, dependiendo del método de cálculo, se estima en un mínimo del 6 % hasta un máximo incluso por encima del 10% de lo que la economía produce en un año. La existencia de este déficit es la norma en las regiones más ricas del planeta; estas pagan más impuestos a sus Estados que las más pobres, y está plenamente justificada en función de sus niveles de renta superiores. Esto se detecta en todos los países donde se ha estudiado esa relación, como Alemania, Canadá, Reino Unido o Francia. La polémica en el caso de Cataluña y España se centra en que se trata de un déficit "excesivo". Según Antoni Castells —dirigente del PSC, conseller de Economía de Maragall y Montilla, que encabezó desde los años ochenta el interés de un sector de la izquierda por este tipo de análisis— y el catedrático Martí Parellada, "este comportamiento es similar al que se produce en las regiones europeas con una renta relativamente elevada. Sin embargo, la economía catalana se aparta parcialmente de este comportamiento general dado que el déficit fiscal es exageradamente elevado en relación con la renta".

La existencia del déficit fiscal es la norma en las regiones más ricas del planeta; estas pagan más impuestos a sus Estados que las más pobres

El Govern de Mas no concretó públicamente cuáles eran sus objetivos de reducción del déficit fiscal en el caso de que se abriese una negociación con el Gobierno, precisamente porque, de entrada, este no aceptaba ni tan solo la idea de sentarse a hablarlo. Josep Martí, secretario de Comunicación del Ejecutivo de Mas entre el 2010 y el 2016, explicó en 'Cómo ganamos el proceso y perdimos la república', que "lo que se pretendía es que quedase reducido a un porcentaje razonable (siempre se hablaba del 4 % [unos 12.000 millones anuales menos], aunque nadie formalizó nunca esa cifra) y que se respetase el principio de ordinalidad". Es decir, que ninguna comunidad autónoma bajase posiciones en el ranking de renta por persona tras ese ajuste. Las élites catalanas habían respaldado históricamente la filosofía subyacente tras las balanzas fiscales y el concierto económico, pues consideraban una injusticia pagar más para recibir menos. Pero durante el periodo democrático reciente no la habían convertido en una reclamación política ni inmediata, ni urgente, ni posible. Tampoco la plantearon como un mecanismo para una modificación general de sus relaciones económicas institucionales con el Estado. El concierto no fue su objetivo en el arranque de la democracia y la recuperación de la Generalitat. Sin embargo, con el paso de los años, comenzó a asentarse el convencimiento de que un acuerdo de ese tipo sería beneficioso para la economía catalana y para sus élites, pero nunca en términos de una propuesta política concreta, posible y realista.

Por otra parte, en los primeros años de la transición, la burguesía catalana, y, a estos efectos, también el pujolismo, mantuvo una posición claramente intervencionista en la política española. En una especie de repetición de lo sucedido durante las primeras décadas del siglo xx, su aspiración mayoritaria era justamente pilotar una reforma a la catalana del Estado español. Como se verá más adelante, los sectores más dinámicos del poder económico catalán solo concebían la política en términos de reforma del conjunto del Estado español bajo su propia dirección y en ningún momento se plantearon un programa de repliegue sobre Cataluña. Esto entraña una diferencia clave con el nacionalismo vasco, públicamente mucho más distante de la gran empresa y que se sintió siempre más cómodo replegándose tras el protector escudo del concierto económico y los fueros. Los imperativos de la globalización, la crisis del 2008 y la política del Estado modificarían ese punto de vista entre relevantes sectores de las élites catalanas, hasta que, finalmente, el procés le imprimió un giro de 180 grados.

Antes de adentrarnos en la radiografía de lo que es hoy la burguesía catalana, vamos a hacer un brevísimo salto hacia el pasado para ver dos de los episodios que más directamente marcaron el cambio de esa clase social respecto a sus antecedentes históricos, los anteriores a la Guerra Civil. Por una parte, en el aspecto económico, el antecedente fue el Plan de Estabilización, cuna del nuevo modelo de capitalismo español tras la autarquía franquista y forja de la creación o consolidación de gran parte de las empresas familiares españolas y catalanas. Y, en lo referente a la articulación política de la élite catalana del dinero durante las cinco décadas largas que separan el cambio económico del inicio del procés, el antecedente fue el papel del Cercle d’Economia.

* 'La burguesía catalana. Retrato de la élite que perdió la partida', de Manel Pérez (Península) se publica este 1 de junio. Este es uno de sus capítulos.