Génova anticipa una 'rebelión' de los socios de Sánchez por los "privilegios" a Junts

El PP asume el "error" de haber creído, al menos durante unas horas, que Junts tumbaría las primeras grandes iniciativas de la legislatura del Gobierno en la agónica votación de este miércoles. Subestimaron, dicen, la capacidad de Pedro Sánchez de "ceder a cualquier extorsión" con tal de mantener la Moncloa. Pero la última dentellada del independentismo fue distinta. El PSOE sudó hasta el último minuto. Y solo logró salvar dos de sus tres decretos —el de conciliación cayó por la negativa de Podemos— por una cesión impensable hasta la fecha: el control de las competencias de inmigración para Cataluña. Los de Carles Puigdemont fijaron las reglas en todo momento. El Ejecutivo ni siquiera sabía que Junts no participaría en la votación. Lo supo horas después, cuando se hizo público.

Génova anticipa que la cantidad de "privilegios" a Junts por su ventaja aritmética puede revolver al resto del bloque de investidura, sobre todo ante un ciclo electoral que llevará a Euskadi y Cataluña a las urnas. "Todos van a querer su trozo del pastel", recelan en la dirección nacional de los populares, donde apuntan a que los socios del Ejecutivo tratarán de igualarse a los de Puigdemont "encareciendo sus apoyos" y haciendo pasar al Gobierno por el mismo calvario, votación tras votación. El siguiente gran test serán los presupuestos generales del Estado. Y ahí, opinan en el PP, "no solo Junts afilará los colmillos".

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha tratado de desinflar el globo de los de Puigdemont deslizando que la ley orgánica para ceder las competencias en inmigración debe nacer del consenso del resto del bloque de investidura y acordarse con el resto de actores en el Congreso. Y solo un día después de hacerse pública la nueva entrega de Sánchez a Junts, Iñigo Urkullu ha apelado al qué hay de lo mío. El lendakari afirmó este jueves en Madrid que el Gobierno debía "plasmar ya" el compromiso para la transferencia a Euskadi de la política migratoria "en orden al cumplimiento del Estatuto de Autonomía", y exigió a Sánchez una ronda de consultas con los líderes autonómicos —con él "en primer lugar"— para abordar las cuestiones pendientes.

"El Gobierno necesita todos los votos todo el tiempo", precisó el dirigente vasco, que aseguró que siguió con "preocupación" la votación en el Senado. Y Feijóo abonó este jueves la tesis de la posible lista de condiciones imposibles de sus socios que podrían agrietar de forma irreversible la legislatura. Lo ejemplificó con la polémica sobre la cesión de la política de inmigración a Cataluña. "¿Todas las comunidades autónomas podrán pretender ejercer ahora estas competencias? ¿Habrá 17 sistemas de inmigración en España?", cuestionó, al tiempo que dibujó un panorama fúnebre. "Los malos días para nuestro país no han hecho más que empezar", sentenció.

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Ana Belén Ramos

En el PP, anticipan que el auténtico martirio para Sánchez, al menos de parte de Junts, ni siquiera ha comenzado todavía. Lo hará, dicen, cuando la amnistía se convierta en ley y los procesados por el 1-O queden sin cuentas pendientes con la Justicia. Hasta entonces, el PSOE tiene amarrados a los neoconvergentes, aunque el precio a pagar sea alto. "Después empieza el juego", sintetizan. En la dirección de Vox coinciden en el análisis. "Ahora mismo es Sánchez quien tiene la sartén por el mango", reiteran en el entorno de Santiago Abascal. Pero cuando la amnistía complete su tramitación parlamentaria, opinan, el Gobierno perderá el control.

Sánchez salvó el decreto ómnibus de Justicia y el de medidas anticrisis con solo un voto de margen. El miércoles, en las filas del PP nadie ocultaba que el giro súbito de Junts les había descolocado. Antes de la votación saboreaban la victoria de ver a Sánchez derrotado solo unas semanas después de su investidura para sentar las bases del "principio del declive" de la legislatura. No fue así. Pero el via crucis por el que pasó el jefe del Ejecutivo también le dejó tocado. Y en Génova engrasan la maquinaria para colocarle también, y cuanto antes, la etiqueta de hundido.

Por lo pronto, Feijóo ha reactivado una nueva ofensiva política, social y jurídica. La amnistía ya es solo la punta del iceberg. El PP estudia recursos de inconstitucionalidad ante las nuevas cesiones competenciales a Cataluña, así como a cuestiones como el carácter de urgencia en la tramitación del decreto ómnibus o la reforma del régimen de la Administración local a la medida de las exigencias de los independentistas. Los populares han registrado, además, una petición de comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso y pretenden forzar una Conferencia de Presidentes con el beneplácito de todos sus barones territoriales.

El PP volverá también a agitar el descontento social a las puertas de un ciclo electoral que arrancará el 18 de febrero con las elecciones gallegas. Por el momento, el partido ha llamado a concentrarse el próximo 28 de enero en Madrid contra la agenda de Sánchez con Junts, y no se descartan nuevas convocatorias. Este jueves, Feijóo se ha llevado a sus vicesecretarios y colaboradores más cercanos a una especie de "encierro de trabajo" en Toledo, que durará hasta el sábado y servirá para marcar las líneas de acción del partido de cara a un año que, como poco, se prevé convulso. Génova sopesa elevar también la denuncia de las nuevas cesiones al independentismo en Europa, especialmente por la cuestión de la inmigración, por el riesgo que a su juicio supone para la "soberanía", "integridad" y "seguridad nacional".