Moncloa se agarra a que la amnistía no es una preocupación social para minimizar el debate

Hay una novela de Milena Busquets que se llama También esto pasará. Un libro íntimo, sobre la muerte y las relaciones de la protagonista con su madre, al que el Gobierno le puede pedir prestado el título para definir sus sensaciones sobre la controversia que ha generado la amnistía. A punto de que la ley inicie este martes su tramitación en el Congreso, con la toma en consideración, la confianza en la Moncloa de que el debate se apagará es absoluta.

Como sucedió antes con los indultos. Y con el respaldo de dos argumentos más: que este asunto no figura entre las preocupaciones de los españoles y que la discusión sobre su posible inconstitucionalidad ha cesado desde que se conoció el texto. Algo que los jueces, enfrentados como nunca con el Ejecutivo, rechazan. Que no se hable tanto de ello, sostienen, no significa que no existan dudas.

Con esta confianza afronta el PSOE el proceso para sacar adelante la ley, que podría estar aprobada definitivamente en mayo, a pesar de que el PP retrasará al máximo su paso por el Senado. De entrada, al margen de cómo se asimile en los próximos meses, el impacto para los socialistas es negativo. El sondeo de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en plena negociación con ERC y Junts, ya apuntó a un enfriamiento de sus perspectivas electorales. El de noviembre directamente concedió el liderato al PP y confirmó una bajada del voto de los socialistas. La valoración de Pedro Sánchez también descendió.

Según los cálculos de algunas casas demoscópicas, hasta un tercio de los votantes socialistas desaprueba la medida, pero en la Moncloa se muestran seguros de que al final tendrá una buena digestión social. También esto pasará. Su convicción se basa, en parte, en que el asunto no aparece entre los temas que los ciudadanos citan en su listado de preocupaciones. Los "problemas políticos en general" es la cuestión que los españoles ahora identifican como su primera inquietud, seguida de la "crisis económica" o temas económicos, según las últimas encuestas del CIS.

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Carlos Rocha

Esta prelación varía cuando se les interpela por lo que personalmente les afecta más. La economía se sitúa como la materia más acuciante por encima de las demás, en convivencia con otras de índole social como la sanidad, el paro, la calidad del empleo o la vivienda. El Gobierno ve en estos resultados la prueba de que la controversia es puramente política, a pesar de las multitudinarias manifestaciones. Y ni siquiera vincula la respuesta sobre los problemas políticos con la amnistía porque, explica, también pueden significar "la independencia o el problema catalán".

Esta aparente tranquilidad llevó este lunes al presidente a bromear con las críticas a la amnistía, durante la presentación de su nuevo libro, Tierra firme. Jorge Javier Vázquez, que condujo el acto junto a la periodista Ángeles Caballero, le dijo que el programa a la medida de Sánchez es Supervivientes. Y él respondió que en su caso, en lugar de grabarse en Honduras, debería hacerse en El Salvador porque allí ya tienen mediador, en referencia a la nacionalidad del verificador pactado con Junts para la mesa de diálogo, el diplomático Francisco Galindo Vélez. No fue la única ironía sobre los pactos con los independentistas. También dijo que, tras ganar las elecciones de 2027, escribirá otro en que sí citará —en este no lo hace— a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.

¿Constitucional o inconstitucional?

Otra señal de que, según el Gobierno, se ha mitigado el rechazo a la amnistía es que, una vez que se conoció el texto, han cesado las voces sobre que la ley es inconstitucional. En la Moncloa lo comentan desde hace semanas, en alusión a que el PP no usa ya este razonamiento. El presidente maneja este hecho como un argumento de peso, tanto en público como en privado. Y este martes, en el debate parlamentario, la intervención del portavoz socialista, Patxi López, se centrará en explicar "por qué es constitucional y no rompe la igualdad".

De esta percepción discrepan frontalmente en la judicatura, donde se considera de forma mayoritaria que la inconstitucionalidad de la ley es “obvia”. Los jueces consultados creen que la oposición a la norma sigue en picos similares a los de octubre y noviembre. “Que no se reitere constantemente este extremo no quiere decir que se haya dejado de considerar así”, indica uno de ellos a El Confidencial.

La mayoría atribuye la disminución de la insistencia argumental pública sobre las dudas del encaje en la Carta Magna al agotamiento provocado por el tiempo transcurrido desde el 23-J. Las críticas a la posibilidad de una amnistía arrancaron ya en agosto y este diciembre se cumplirán ya cinco meses. En este plazo, los reproches y la atención de inconstitucionalidad han sido permanentes. “El discurso se ha agotado por reiterativo, pero la sospecha sigue intacta”, aseguran.

También apuestan por que las sombras de inconstitucionalidad volverán a tomar fuerza en momentos puntuales en los que el debate arrecie, durante la tramitación en el Congreso y en el Senado. A partir de la entrada en vigor de la ley, los tribunales que consideren que la medida choca con la Constitución podrán dirigirse al TC a través de cuestiones de inconstitucionalidad. Será en ese momento cuando quede en evidencia que las dudas no han desaparecido, dicen.

Con todo, el momento más crítico será el regreso a Cataluña de Carles Puigdemont, que se calcula para la próxima primavera. La ley de amnistía abre la puerta a su vuelta y la del resto de los huidos a España previa desactivación completa de las órdenes de busca y captura tanto internacionales como nacionales. El rebrote del rechazo frontal se da por seguro. También esto pasará, siguen confiando en la Moncloa.