El Gobierno achaca los últimos reveses judiciales a una guerra soterrada contra ellos

El Gobierno no se lleva a engaño. Existe mucho malestar entre los jueces con la gestión de Pedro Sánchez que viene de lejos, pero que ha acabado de estallar con la ley de amnistía. Una resistencia que ha ido cobrando fuerza con el paso de los meses y que vinculan con las decisiones judiciales que se conocieron este jueves. El Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo del Estado. Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideró, por primera vez en la historia, que el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, "no es idóneo" para el cargo. En el Ejecutivo, estos dos pronunciamientos han sabido a cuerno quemado, aunque se muerden la lengua para no decirlo públicamente.

No es que intuyan que hay una guerra soterrada contra ellos, es que lo consideran evidente. "No lo hemos descubierto hoy", reconocen en el Gobierno. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en una comparecencia en Bruselas, precisamente para conversar con la Comisión Europea sobre la amnistía, aseguró que el Ejecutivo "respeta la sentencia del Supremo, pero no la comparte", porque "abre la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que competen al Gobierno", en referencia al recurso de la Fundación Hay Derecho, a quien el tribunal ha dado la razón en su argumento de que Valerio no cumple con el requisito de ser una "jurista de reconocido prestigio". Un encontronazo más entre el Gobierno y el Supremo.

Pero en lo que fuentes gubernamentales ponen el acento es en el posicionamiento del CGPJ. Por decisiones como la de este jueves, destacan, "el PP no quiere la renovación", porque, sugieren, lo puede usar como un mecanismo de desgaste, en alusión a que al tener cinco años el mandato caducado perdura una mayoría conservadora. Aunque una ley, impulsada por el PSOE y Podemos, le impide desde marzo de 2021 hacer nombramientos cuando se encuentra en funciones, el CGPJ tiene que "ser oído" sobre la elección del fiscal general.

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Fuentes socialistas reconocían que la coincidencia de estas dos resoluciones es "sintomática" sobre un estado de opinión en contra del Gobierno, larvado en los últimos años tras medidas como los indultos, la eliminación del delito de sedición o la reforma de la malversación. Fue el propio Tribunal Supremo quien cerró el paso a esta última modificación, ideada para beneficiar a los implicados en el procés. Después de todo esto, y con un clima ya muy enrarecido por la imposibilidad del CGPJ de cubrir las plazas vacantes, se produjo el colofón de la amnistía, que el poder judicial ha interpretado como un ataque directo. "Está todo muy incendiado", admiten fuentes conocedoras.

Silencio para no generar más tensión

Aunque Sánchez ha defendido en varias ocasiones que hay poderes en España que no aceptan al Ejecutivo de coalición y tratan de derribarlo, en teoría la propia elección de Bolaños como nuevo ministro de Justicia es un intento de mejorar la interlocución con los jueces y apagar las llamas. Por eso, la consigna de la Moncloa es evitar hacer valoraciones. "Si decimos algo, será peor", señalan las fuentes consultadas. La postura oficial es "respeto a todo el mundo judicial" y "acatamos aunque no compartamos".

El PP no tardó en aprovechar el desgaste que ayer sufrió el Gobierno. "Estamos ante un hundimiento institucional sin precedentes que afecta a la independencia judicial y al prestigio internacional de España". "El panorama se presenta desolador y muy preocupante para el futuro de nuestro país y del Estado de derecho", añadieron. La respuesta de Ferraz a estas manifestaciones fue que "llevan actuando cinco años fuera de la Constitución bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial".

Como contó este diario, el Ejecutivo abrirá un nuevo canal con Génova para intentar otra nueva negociación, pero desconoce si el PP aceptará. Tienen a su favor que Bruselas considera muy urgente que haya un nuevo CGPJ. Pero lo cierto es que ya lo veía así en octubre de 2021, cuando el acuerdo saltó por los aires en las horas finales porque Sánchez iba a suprimir el delito de sedición.