Es noticia
Menú
"Legislar para la foto": juristas avisan sobre el riesgo de las idas y venidas con las leyes
  1. España
EL INFORME DE LA FUNDACIÓN HAY DERECHO

"Legislar para la foto": juristas avisan sobre el riesgo de las idas y venidas con las leyes

Advierten de que la falta de fijeza en las leyes conlleva "una fuente de inseguridad jurídica para los ciudadanos", con el Supremo siendo incapaz de resolver controversias a tiempo

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), aplaudido por una parte del hemiciclo durante el debate sobre el estado de la nación. (EFE/Kiko Huesca)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), aplaudido por una parte del hemiciclo durante el debate sobre el estado de la nación. (EFE/Kiko Huesca)
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores

La fundación Hay Derecho presentó este viernes un informe en el que analiza el "deterioro persistente" del Estado de derecho. Los autores se centran en aspectos como la percepción ciudadana sobre la "politización" de la Justicia, la situación de una sociedad civil "débil y desorganizada" o "la pérdida progresiva de relevancia del Parlamento", conclusiones que apoyan en problemas como la "falta de fijeza" de las leyes. "Legislar para la foto", resume el informe, que analiza el periodo que va de 2018 a 2021.

Este análisis ha sido dirigido por la abogada del Estado en excedencia, Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, Germán M. Teruel Lozano, y el profesor de Ciencia Política en esta misma universidad, Fernando Jiménez Sánchez. La fundación Hay Derecho, que en las últimas semanas también ha saltado a los titulares por recurrir ante el Tribunal Supremo el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, trata de presentar a lo largo de 93 páginas un estudio similar al que la Unión Europea realiza anualmente sobre la situación del Estado de derecho en los países miembro.

"Normas esenciales, troncales, son modificadas una y otra vez, a veces incluso pocos meses después de su promulgación"

Los autores coinciden en este sentido con las advertencias de Bruselas respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado, pero van un paso más allá al poner cifras a algunos de los problemas a los que se enfrenta el Poder Legislativo. En un momento en el que la actualidad se ve marcada por las rebajas de penas a agresores sexuales a través de la ley del solo sí es sí, con algunos partidos abriendo ya la puerta a reformar la misma tan solo mes y medio después de su entrada en vigor, el informe advierte sobre el riesgo que conllevan las constantes idas y venidas con la legislación.

"Normas esenciales, troncales, son modificadas una y otra vez, a veces incluso pocos meses después de su promulgación", explica el análisis. "A título de ejemplo, la ley 22/2003, también conocida como Ley Concursal, ha sido modificada 29 veces. La Ley de Enjuiciamiento Civil ha sufrido 72 modificaciones (una media de más de tres modificaciones anuales). El Código Penal, 42 veces desde 1995. La Ley General Tributaria, 23 veces. La ley del Impuesto sobre sociedades ha sido modificada 13 veces".

"Dificulta enormemente que las controversias sobre ciertos preceptos legales acaben resolviéndose por la jurisprudencia"

En cuanto a los efectos que conlleva esta falta de fijeza en las leyes, destaca que se traduce en "una fuente de inseguridad jurídica para los ciudadanos". Según argumentan, los cambios que introduce una ley no terminan con el momento en que entra en vigor, sino con las interpretaciones que van haciendo de las mismas los tribunales y, en especial, el Tribunal Supremo. "Una legislación que cambia continuamente en cuestión de meses, y en asuntos no menores, sino en normas troncales, dificulta enormemente que las controversias sobre ciertos preceptos legales acaben resolviéndose por la jurisprudencia, que puede tardar años en formarse".

De esta manera, los autores destacan que más leyes no implican una mejor legislación, cuestionando así los beneficios del incremento sostenido de la normativa aprobada. En 2021, se aprobaron "851 normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone un incremento del 7,3% en relación a 2020". Ese es el quinto año en el que se produce un incremento, lo que "consolida una tendencia al alza en la producción de normas" y, a nivel autonómico, el informe avisa de que el escenario es "similar".

El informe critica el uso del decreto ley como forma "ordinaria" de legislar

Otro de los puntos que abordan es el abuso del decreto-ley, una figura legislativa que se guarda para situaciones de "extraordinaria y urgente necesidad": en un primer momento elude al Congreso para, después, reducir su papel al de la mera convalidación o derogación del decreto que sale de Moncloa. Los autores recuerdan que, tras la llegada de Pedro Sánchez, el Gobierno optó por "legislar a través de estos instrumentos mientras buscaba los apoyos necesarios para asegurarse el resultado de la tramitación de proyectos de ley en un Parlamento altamente fragmentado", hasta el punto de proclamar "que gobernarían por decreto ley a falta de mayorías parlamentarias".

En 2021, Tribunal Constitucional terminó por censurar al Gobierno por el abuso de esta figura: por un lado, anuló la treta del Ejecutivo para incluir a Pablo Iglesias y al entonces jefe del gabinete de la Presidencia, Iván Redondo, en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de un decreto-ley cuya principal justificación era la de aprobar una serie de medidas con las que combatir el covid-19. Por otro, incluyó como propina una advertencia sobre el abuso de esta figura legislativa, apuntando para ello a que se estaba "obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia" sin "coherencia con los motivos" de combatir la pandemia.

Junto a la "falta de fijeza" de las leyes y el uso del decreto ley como forma "ordinaria" de legislar, el informe también subraya los "retrasos en la presentación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado" en los ejercicios analizados y "el retraso en el cumplimiento de las obligaciones legislativas comunitarias".

Del CGPJ a los medios de comunicación

Más allá del poder legislativo, también aborda las mencionadas críticas al Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado: desde la duración de los procedimientos judiciales hasta el hecho de que España sea uno de los países de la Unión Europea con menor número de jueces por habitante, pasando por las dudas que se plantean en torno a la "imparcialidad de la Fiscalía" con casos concretos como el de la elección de Dolores Delgado como fiscal general tras ejercer como ministra de Justicia.

"La separación de poderes sufre además no solo por la falta de capacidad de los órganos judiciales para hacer cumplir sus sentencias y resoluciones firmes cuando son contrarias a los intereses del Gobierno o partido político de turno, sino también por problemas estructurales de falta de recursos suficientes", sostienen. "Las puertas giratorias entre política y justicia tampoco contribuyen a mejorar la imagen del Poder Judicial. La situación de la Fiscalía General del Estado no es mucho mejor".

"Este deterioro se traduce en un menor control del poder, debido a la ocupación partidista de las instituciones de contrapeso"

El informe finaliza entonces con el análisis de contrapesos como los propios medios de comunicación. Según argumentan, los públicos "suelen estar sometidos a la misma politización que las instituciones", mientras que los privados se ven "polarizados y alineados con distintas opciones políticas". En el apartado de contrapesos, inciden a su vez en la "transparencia y rendición de cuentas" de las autoridades, cuestiones que una vez más les llevan a abogar por la necesidad de una "reforma institucional estructural".

"Este deterioro se traduce en un menor control del poder, debido a la ocupación partidista de las instituciones de contrapeso, que si bien viene siendo constante casi desde el inicio de nuestra democracia, va produciendo un mayor deterioro a medida que transcurre el tiempo sin reformas estructurales que reviertan el proceso", concluye el informe.

La fundación Hay Derecho presentó este viernes un informe en el que analiza el "deterioro persistente" del Estado de derecho. Los autores se centran en aspectos como la percepción ciudadana sobre la "politización" de la Justicia, la situación de una sociedad civil "débil y desorganizada" o "la pérdida progresiva de relevancia del Parlamento", conclusiones que apoyan en problemas como la "falta de fijeza" de las leyes. "Legislar para la foto", resume el informe, que analiza el periodo que va de 2018 a 2021.

CGPJ Fiscalía General del Estado
El redactor recomienda