Primera suspensión de un juicio del 'procés' por la ley de amnistía

La ley de amnistía ha provocado ya la suspensión del primer juicio relacionado con el procés. Según especifica una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, el juzgado de lo Penal 2 de Girona acaba de desactivar la vista oral prevista en los próximos días contra cuatro acusados de desórdenes públicos. A pesar de que la norma aún está en tramitación y su entrada en vigor no será efectiva hasta dentro de varios meses, la Abogacía del Estado ha respaldado las peticiones de las defensas. La resolución ha sido aprobada por una letrada de la Administración de Justicia, cuerpo también dependiente del Gobierno.

El juicio estaba previsto para los próximos 12 y 13 de diciembre. Como ha adelantado El Diario, el argumento principal en apoyo de la suspensión es que los altercados cuya autoría se atribuye a los acusados entran en las conductas amnistiadas por la ley. La letrada que firma la resolución concluye que este hecho haría "inútil" que el juicio tenga lugar. La Fiscalía se opuso a posponer el juicio.

La providencia indica que, aunque la ley de amnistía no se halla vigente en este momento, "sí se encuentra en tramitación parlamentaria y en su actual redactado recoge, dentro de su ámbito objetivo, los hechos objeto de la presente causa, por lo que, de prosperar su aprobación, habría hecho inútil la celebración de un juicio con tan alto coste material y personal". Apoya los argumentos del abogado del Estado y ve como lo "más juicioso" posponer la fecha de juicio con un margen temporal suficiente para que quede despejado el recorrido de la ley.

En el origen de la decisión se encuentra la solicitud de la defensa, ejercida por el abogado Benet Salellas. Los acusados participaron en diferentes altercados sucedidos en Girona en 2018, en concreto en la estación del AVE. El letrado esgrimió el registro de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, conforme a la cual "quedarían amnistiados los actos de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad y los que tuvieron lugar en protestas relacionadas con la independencia de Cataluña". No merecía la pena —esgrimió— celebrar "un juicio largo por unos hechos que después pudieran resultar amnistiados".

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Los argumentos de los servicios jurídicos del Estado y del Ministerio Público han sido opuestos. La Abogacía reclamó la suspensión "por la posibilidad de que la aprobación de la ley implique la extinción de la responsabilidad penal de los acusados, así como la aplicación, en su caso, del artículo de previo pronunciamiento que recoge expresamente la amnistía o indulto, así como el coste personal y material para todos los intervinientes y el principio de economía procesal". Por su parte, el fiscal manifestó su oposición a que se aplazara cuando se solicita —dijo—, "en base a una ley no vigente a fecha de hoy, de tramitación previsiblemente larga y de ámbito de aplicación incierto en relación con los hechos".

La ley de amnistía fue registrada hace unas semanas y acaba de iniciar su andadura parlamentaria. En el Congreso, se someterá a la fase de enmiendas antes de ser votada y previsiblemente aprobada con la mayoría del PSOE y sus socios. Después pasará al Senado, donde el PP tiene intención de alargar la tramitación y no considerarla urgente. Una vez en vigor, serán los distintos tribunales los que, a la vista de su redacción final, determinen si aquellos que se consideren beneficiados pueden acogerse a ella.