El rechazo del CGPJ al fiscal general retrata el temor a que sirva de facilitador de la amnistía

El examen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a la idoneidad del fiscal general, Álvaro García Ortiz, para ocupar el cargo no trataba sobre la ley de amnistía, pero la amnistía estaba allí. En la postura adoptada por los ocho vocales que empujaron este jueves la decisión del órgano de declararle no idóneo pesó el temor de que la cercanía al Gobierno que le atribuyen se convierta en el ariete que necesita el Ejecutivo para defender la aplicación de la gracia a aquellos a los que se busca beneficiar.

Buena parte del CGPJ no tiene ninguna duda de que el fiscal general remará a favor de la Moncloa, que le acaba de renovar para un mandato de cuatro años, que ya se esboza como uno de los más complicados que se recuerdan. Una vez entre en vigor la ley, la postura que defiendan los fiscales será clave. Lo más lógico es suponer que desde la jefatura se darán pautas de unificación de criterio, ya sea bajo la forma de instrucción o bajo otro formato. La amnistía no se mencionó durante el debate en el pleno, pero lo sobrevoló en todo momento.

La amnistía alcanza a cientos de personas acusadas de multitud de delitos y, pese a todos los esfuerzos de la ley para blindar en lo posible que sea efectiva, la realidad es que la decisión sobre si los investigados o condenados por delitos vinculados a los procesos independentistas salen indemnes corresponde, en exclusiva, a los jueces. Antes de fallar al respecto, los distintos tribunales implicados deben dar traslado al Ministerio Público para informe. Entre las causas, se encuentra la del procés, donde el equipo de cuatro fiscales defendió en su día una condena por rebelión para Oriol Junqueras y los demás y la persecución penal de Carles Puigdemont por el mismo ilícito.

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García Ortiz ha sido, hasta el momento, muy prudente sobre sus pasos futuros. En las ocasiones en que se ha referido a la cuestión, ha evitado posicionarse sobre la ley y ha alegado que debe mantener "una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad". Ha sugerido que la Fiscalía valorará la norma "una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado", pero ese posicionamiento "se realizará a través de los cauces estatuarios" y será "en todo caso técnico-jurídico".

Controlar a los rebeldes

En el Consejo —y también fuera de él— consideran que el papel del fiscal general será el de controlar posibles conatos de rechazo que puedan producirse en las filas de la Fiscalía. Los integrantes de la carrera se han mostrado mayoritariamente críticos con él en las últimas semanas. Hasta tal punto es así que la presidenta de la Asociación de Fiscales, conservadora, llegó a pedirle que dimitiera en un acto público en el que coincidieron ambos. Al menos de momento, lo que se le reprocha es su postura tibia frente a las acusaciones de lawfare. Los fiscales del procés llegaron a pedirle que les defendiera en una carta. "Hará de facilitador", indica un vocal consultado.

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La censura a su capacidad para ocupar el puesto evidenciada hoy permite, además, colgarle la etiqueta de parcial y ayuda a que cualquier postura que adopte se vea bajo un prisma aún más crítico. El motivo principal de la decisión del Consejo, que se asemeja a una reprobación, es que García Ortiz no cumple "con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica" y su trayectoria crea "una apariencia de vinculación con el poder ejecutivo". Eso dejaron escrito hace año y medio José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart. En el pleno de este jueves se sumó el rechazo de Wenceslao Olea, que fue definitivo. Los progresistas quedaron con un vocal menos, que se abstuvo.

La política de nombramientos

El motivo secundario está vinculado también a la "falta de neutralidad" que ven los vocales críticos. La ha demostrado —dicen— a través de su política de nombramientos. Una de sus primeras decisiones fue ascender a la máxima categoría a Dolores Delgado, que había sido su jefa hasta su dimisión por motivos de salud. Hace solo unos días, el Supremo tumbó esa decisión y apreció además que la había adoptado haciendo un uso abusivo de su poder. También se valoró el permanente enfrentamiento que mantiene con el Consejo Fiscal, que ahora cuenta con mayoría del signo contrario al suyo. Algunos hablan directamente de "desprecio".

En julio de 2022, los más críticos del Consejo ya alegaban que había demostrado "vinculación" con el poder ejecutivo al participar en actos del PSOE, en referencia entonces a su presencia en un debate de los socialistas en Galicia. Su abrazo con otra gallega, la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, durante la apertura de la legislatura a las puertas del Congreso de los Diputados, fue, quizás, el empujón definitivo para convertirlo en el primer fiscal general no idóneo de la democracia.