Junts pide amnistía total para los delitos de terrorismo del procés y blindar a Puigdemont

Junts se ha descolgado del bloque liderado por el PSOE y que integra a ERC, Bildu, Sumar y el BNG y ha presentado su propia enmienda parcial a la ley de amnistía para despenalizar por completo los delitos de terrorismo, incluso penados mediante sentencia firme, y atar el blindaje de Carles Puigdemont para que no pueda ser detenido si vuelve a España. El texto de los neoconvergentes contempla también adelantar dos meses la aplicación de la ley de amnistía —hasta el 1 de noviembre de 2011— para reforzar de este modo el origen del procés catalán e "incluir todas las actuaciones tipificadas como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contractual" vinculadas a la consulta de 2014 y al referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

Los independentistas mantienen el pulso al Ejecutivo y se borran del acuerdo sobre las enmiendas a la ley de amnistía, tras muchas horas de conversaciones con el PSOE y con ERC, y ha optado por presentar en solitario sus objeciones al texto. La Moncloa ya había advertido que, después de lo difícil que fue pactar la redacción del perdón general a los presos del procés, no iba a aceptar nada más allá que retoques técnicos. En otro de los incisos que buscan reformar, incluyen delitos cometidos por 'lawfare' policial, sin mencionarlo expresamente. La enmienda habla en concreto de "operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito".

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La negociación sobre la amnistía se daba por cerrada. Aun así, el intento de Junts y de ERC de blindar aún más la ley y forzar a los jueces a aplicarla de una manera amplia, al máximo número de afectados, llevó a los socialistas a abrir una nueva ronda de contactos para explorar si era factible introducir alguna matización. La interlocución ha durado hasta esta misma tarde pero al final no ha sido posible un pacto del PSOE con los dos partidos independentistas y Junts ha presentado sus propias enmiendas. Los socialistas lo han hecho también pero conjuntamente con Sumar, ERC, Bildu y BNG.

En el bloque de Junts destaca la ampliación de la amnistía a todos los delitos de terrorismo y a los de "traición". Ambos ilícitos amenazan a Carles Puigdemont en la causa de Tsunami que conduce la Audiencia Nacional. El artículo 2 de la proposición de ley registrada en Congreso excluye "los actos tipificados como delitos de terrorismo" de la amnistía, pero limita esta salvedad a aquellos casos en los que "haya recaído sentencia firme". La Audiencia Nacional investiga esta clase de delitos en dos procedimientos vinculados al independentismo: el que se sigue contra 12 miembros de los CDR y el citado sobre Tsunami Democràtic, en el que constan como investigados el expresidente catalán y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otros.

Terrorismo y traición

Sin embargo, Junts per Catalunya quiere ir un paso más allá y evitar cualquier otra interpretación que pueda poner en riesgo a los investigados en esta causas. Entre las enmiendas que ha presentado, destaca entonces la 24, en la que pide eliminar esta referencia a los delitos de terrorismo de las "exclusiones" y asegurar así que, incluso en el caso de que llegue a haber una sentencia firme antes de aplicarse la nueva ley, las causas de Tsunami y los CDR también puedan acogerse a la amnistía.

El partido de Carles Puigdemont aprovecha a su vez esta enmienda para tratar de eliminar un segundo punto de ese mismo artículo 2: el que excluye de la amnistía "los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional". Como desveló El Confidencial el pasado noviembre, los contactos que los líderes de Tsunami mantuvieron en secreto durante meses con un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza abren una vía para imputarles al menos uno de esos delitos, lo que también les dejaría fuera de la amnistía.

En concreto, el del artículo 592 del Código Penal, que establece que "serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras". Al tratar ahora de eliminar esa referencia a "los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado" de la proposición de ley, Junts busca cerrar esa vía y blindar aún más a Puigdemont.

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El partido de Carles Puigdemont ha explicado que su objetivo es fortificar más la norma con un doble criterio que, subrayan, han defendido "desde el primer día": que incluya todos los casos de persecución contra el independentismo, que sea aplicable en toda su extensión y que tenga efectos inmediatos en su aplicación.

Además, el partido independentista trata de atar, en varias enmiendas, que los tribunales no mantengan activas medidas cautelares desde la misma entrada en vigor de la ley de amnistía. Esa precaución está vinculada con el regreso de Puigdemont a territorio español cuando la norma sea una realidad y al evidente temor del Supremo proceda en su contra en el paréntesis de análisis de la aplicación del perdón a su caso.

Otra de las enmiendas propuestas se refiere a la cuestión prejudicial, una de las vías de las que disponen los jueces si consideran que la amnistía colisiona con el Derecho de la Unión. En ese caso, se insiste con el alcance del efecto suspensivo que conlleva su formulación. "En todo caso, se alzarán las medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones. Así como cuando se suspenda el procedimiento en virtud del planteamiento de cualquier cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", precisa esta enmienda. La cuestión prejudicial protagoniza una reivindicación adicional. Junts quiere que conste que el hecho de que su presentación suspenda el procedimiento no repercutirá "en la vigencia y aplicabilidad general de la presente Ley Orgánica".

Un evidente punto de interés para el partido de Puigdemont es, por último, el relativo a las multas y la responsabilidad civil. Una de las enmiendas precisa que las multas impuestas por la participación en actos de protesta al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana deberán ser devueltas y otro exige que queden extinguidas las responsabilidades civiles y contables "incluidas las que estén siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas".

PSOE, Sumar, ERC, Bildu y BNG: 9 enmiendas "técnicas"

Sin acuerdo con Junts, el grupo socialista, Sumar, ERC, EH-Bildu y BNG han registrado, por su parte, nueve enmiendas "técnicas" a la proposición de ley de amnistía para mejorar "aspectos no esenciales" de la norma e incluir, por ejemplo, que no se puedan amnistiar delitos contra la comunidad internacional, como el genocidio.

Superado el plazo para la presentación de enmiendas, estos grupos han difundido un comunicado en el que insisten en la "enorme solidez jurídica" de la proposición registrada en su día por el PSOE, "totalmente ajustada a nuestra Constitución", y explican las mejoras que plantean con unas enmiendas que, apuntan, han sido trabajadas también con otras formaciones.

Con sus propuestas, diseñadas por juristas de los grupos parlamentarios, plantean excluir de la amnistía los delitos contra la comunidad internacional, delimitar con claridad que todos los actos amnistiados son hechos producidos durante el proceso independentista o reforzar la función jurisdiccional de jueces y magistrados en la aplicación de la norma, explican.

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La proposición de ley, por ejemplo, amnistiaba actos de desconsideración y crítica a las autoridades y funcionarios públicos; ahora se añaden también los "agravios" y se incluyen los actos llevados a cabo a través de medios de comunicación, internet y redes sociales, y en el marco de actividades "educativas".

Por su parte, ERC ha comunicado que ha "presentado cuatro enmiendas propias, que en este momento no se han llegado a transaccionar debido al poco tiempo para materializar un acuerdo, pero que confían pactar durante la ponencia de la ley y la comisión, en que la negociación continuará".

Estas cuatro enmiendas propias a las que hacen referencia los republicanos se centran en "suprimir la exclusión de los casos de terrorismo de la ley para blindarla al máximo posible, a la vez que se garantiza la inclusión de todos los casos" en primer lugar. "Suprimir el umbral de gravedad que se establece en la exclusión de las torturas y tratos degradantes. Para los republicanos, supeditar la exclusión de estos actos a un umbral de gravedad mujer un excesivo margen de interpretación a los jueces", como segundo punto. "Establecer que la Generalitat pueda devolver las multas de la ley mordaza", en tercer lugar. Y, finalmente, "añadir que no solo sean las cuestiones de inconstitucionalidad las que hagan levantar las medidas cautelares de un procedimiento (como por ejemplo la prisión preventiva o las órdenes de detención), sino que también lo hagan las cuestiones prejudiciales al TJUE".