La aplicación total de la amnistía, en riesgo de retrasarse tres años por el examen del TJUE y el TC

Que la ley de amnistía tendrá que enfrentarse a la revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Constitucional (TC) es evidente. El orden en el que la norma será sometida a ese examen y las consecuencias sobre sus efectos, no tanto. Magistrados del tribunal de garantías y otros juristas consultados por El Confidencial interpretan que el TC tendrá que esperar a que la Justicia europea se pronuncie antes de analizar los previsibles recursos que se le presentarán en contra de la norma. Apuestan a que las respuestas de uno y otro órgano deben ser "consecutivas" y no paralelas, lo que alargaría hasta tres años la aplicación total de la ley a sus potenciales beneficiarios.

El debate sobre el orden de resolución de las cuestiones prejudiciales y las cuestiones de inconstitucionalidad en manos del Constitucional ha sido constante desde el inicio de la tramitación de la norma. El planteamiento de cualquiera de ambas debe, por naturaleza, tener efecto suspensivo sobre el procedimiento, ya que se presenta para resolver una duda ante la única instancia que puede contestarla. Es decir, indican las fuentes consultadas, si un juez pregunta algo que afecta a lo que debe decidir, asume que la respuesta es "condicionante". Sin el pronunciamiento del órgano en cuestión, el magistrado no puede resolver.

En casos como el de la ley amnistía, se da la circunstancia de que existe una duda doble. Por una parte, la norma puede colisionar con el derecho europeo y, por otra, con el derecho interno, por lo que la cuestión es determinar si alguno de ellos prima sobre el otro. "Si existen dudas por vulneración del derecho europeo, entiendo que este tiene primacía sobre el derecho interno", asegura una de las fuentes consultadas.

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La primacía del derecho de la UE es un principio básico aceptado por todos los Estados miembros y que ha ido desarrollándose a lo largo de una extensa jurisprudencia sentada por el propio TJUE. Tanto es así que el propio Ministerio de Exteriores lo describe de este modo en la información facilitada a los ciudadanos en su web, en relación con el derecho comunitario. Esta asegura que el derecho comunitario tiene primacía sobre el derecho nacional "para poder garantizar su uniformidad en todos los Estados miembros". Las fuentes consultadas señalan que esa primacía es "una condición existencial" del derecho de la UE y debe aplicarse de forma completa "y frente a todas las normas nacionales, cualquiera que sea su rango y materia". Condiciona, de este modo, los ordenamientos jurídicos nacionales y, por supuesto, las leyes.

Dilación para la confirmación del beneficio

Esta prioridad de una vía sobre la otra supone, a efectos prácticos, que los tiempos de la aplicación real a los investigados o condenados se alarguen. Es decir, si se toman como ejemplo los casos de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y el Supremo acudiera primero a la Justicia europea y después al Tribunal Constitucional, la determinación final sobre si les es aplicable el texto legal y sus delitos quedan eliminados debería esperar a que ambas resoluciones se produjeran. Primero una y después la otra. Los plazos de resolución de los dos órganos rondan de media el año y medio, por lo que la decisión final tardaría hasta tres años.

Consciente de este posible retraso, el Gobierno trató de blindar la ley en lo que respecta al derecho interno. La norma incluye distintos artículos con los que se trata de evitar que los tribunales dilaten o eviten su aplicación. El texto subraya, por ejemplo, que los jueces tendrán que activarla de forma "urgente y preferente", que los recursos que se presenten "no tendrán efectos suspensivos" y que el alcance de las cuestiones de inconstitucionalidad será limitado. "Las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses", llega a afirmar en su artículo 10.

La redacción de la ley obliga también, por ejemplo, a que se archiven las medidas cautelares mientras se resuelve esta cuestión. "La entrada en vigor de esta ley implicará el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía", advierte el artículo 4.4 de la proposición de ley que el PSOE ha presentado en el Congreso. "Se alzarán las citadas medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones", añade a continuación.

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A pesar de que la confirmación completa de ese beneficio para los vinculados a causas relacionadas con el proceso independentista se alargaría, la misma entrada en vigor de la norma les protege desde un inicio frente a hipotéticos arrestos o ejecuciones de condena. Como han aclarado diversas fuentes, los procedimientos quedan suspendidos y no pueden, por ello, ni avanzar ni retroceder. Quedarían congelados en el punto en que se encuentren hasta que la duda de colisión con el derecho comunitario o de constitucionalidad queden resueltas.

Con el caso de Carles Puigdemont de nuevo como ejemplo, eso significaría que podrá volver a España a partir del momento en que la ley de amnistía quede aprobada. La libertad de movimientos del expresident catalán será consecuencia instantánea de la entrada en vigor de la norma. "No cabría detenerle e ingresarle en prisión estando en vigor una ley que determina su irresponsabilidad penal", precisan. El escenario solo cambiaría para el líder de Junts si la ley acaba siendo cuestionada por el TJUE o declarada inconstitucional por el TC. Entonces, el Supremo podría ordenar de inmediato su detención, pero solo entonces.