Los plazos habituales del TC impiden la amnistía exprés: un año para resolver

La aprobación de una ley de amnistía no equivale al beneficio inmediato para aquellos que sean incluidos en ella, con especial atención a la cúpula de Junts y ERC, que encabezan Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. La media de resolución de las cuestiones de inconstitucionalidad que remiten los tribunales cuando existen dudas sobre el encaje de una norma en la Carta Magna es de al menos un año y se prolonga hasta más allá de los tres en casos de especial complejidad. El impulso de la deliberación y resolución de un tema, es decir, el control de los tiempos, recae en la presidencia del órgano de garantías, que ocupa en la actualidad el progresista Cándido Conde-Pumpido. De él dependerá la velocidad que se desee imprimir a una hipotética cuestión de estas características.

Como ya adelantó este diario, la cuestión de constitucionalidad es uno de los instrumentos que puede activar el Tribunal Supremo y bloquearía la ejecución instantánea de la ley de amnistía. Está regulada en la ley que rige la actividad del TC y permite a un juez o tribunal recurrir a esta medida, incluso de oficio, cuando "considere que una norma con rango de ley aplicable a su caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución". La presentación de una cuestión de este tipo paraliza la ejecución del procedimiento en cuestión hasta que sea resuelta.

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La ley orgánica del TC señala, en concreto, que la cuestión de inconstitucionalidad originará "la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión". No solo eso, una vez admitida la cuestión, el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el TC "resuelva definitivamente sobre la cuestión". Para acudir al TC se requiere de un escrito motivado en el que es necesario reflejar el precepto constitucional que el tribunal considera infringido y especificar o justificar "en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión". Se recaba el criterio tanto de la Fiscalía como del resto de partes.

No es habitual, no obstante, que la respuesta del Constitucional se dicte de forma rápida. Para empezar, la cuestión se acompaña de una argumentación que, a diferencia de otras vías como el recurso, no es genérica, sino concreta, dado que procede de los mismos tribunales que se ocuparon de investigar y juzgar los hechos. Además, ambos mecanismos son independientes y pueden coincidir en el tiempo. Por último, no solo el TS, cualquier tribunal que tenga dudas puede recurrir a esta cuestión. Al sumarse varias líneas, con motivos distintos, es habitual que los tiempos se amplíen.

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Un ejemplo: la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género provocó en 2004 que casi 200 jueces elevaran cuestiones de inconstitucionalidad. Todas ellas se acabaron desestimando, pero el TC tardó nada menos que cuatro años para resolver en una sentencia que las englobaba todas. No es necesario remontarse tan atrás. A lo largo de 2023, el tribunal también ha resuelto al menos cinco cuestiones de inconstitucionalidad, y en todos los casos se superó el plazo de un año: el 9 de febrero, los magistrados resolvieron una que se remontaba al 4 de enero de 2022; el 21 de febrero, otra que el propio Tribunal Supremo había planteado el 22 de mayo de 2018; el 6 de junio, una del 5 de abril de 2021 y otra del 30 de mayo de 2022, y el 5 de julio, otra del 23 de septiembre de 2021.

Los plazos son similares en los años anteriores, incluso cuando se trató de asuntos que en principio presentan más urgencia, como el del segundo estado de alarma que se aprobó durante la pandemia: el 18 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón consultó al Constitucional sobre la legalidad de varios de sus preceptos, pero el tribunal no respondió hasta el 2 de junio de 2022.

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Tampoco los recursos, como el que ya anticipa el PP que presentará, se resuelven de forma rápida. Fuentes del tribunal consultadas precisan que se resuelven en un plazo de un mínimo de un año, pero tienden a alargarse. Fue, por ejemplo, el caso del recurso del PP contra la ley del aborto, que no recibió respuesta hasta pasados 10 años. Para presentar recurso, un partido debe contar con al menos 50 diputados o 50 senadores, lo que, en esta ocasión, dejará fuera a Vox, recurrente habitual de iniciativas legislativas de la pasada legislatura. A diferencia de las cuestiones de inconstitucionalidad, los recursos no conllevan "la suspensión provisional de las actuaciones" mientras se resuelven los mismos.

Junqueras, el principal perjudicado

Oriol Junqueras y el resto de condenados del procés que permanecen inhabilitados serían los principales perjudicados por una cuestión de inconstitucionalidad. Los indultos del Gobierno ya conllevaron su salida de prisión, pero la amnistía busca ahora permitir su vuelta a primera línea de la política. Ese es uno de los requisitos que han impuesto desde ERC y que, sin embargo, se vería paralizado por la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad y la paralización temporal del procedimiento: mientras el TC no resuelva el mismo, Junqueras y Dolors Bassa seguirían sin poder presentarse a unas elecciones hasta 2031, mientras que la línea roja para Raül Romeva y Jordi Turull se mantendría en el año 2030.

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Puigdemont, por el contrario, sí podría volver a primera línea mientras se resuelve la cuestión de inconstitucionalidad. Él no ha llegado a ser condenado en ningún momento, al igual que ocurre con los también huidos Antoni Comín y Clara Ponsatí. En el caso del expresidente catalán, los retrasos también juegan a su favor: tal y como advirtió el instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en un auto notificado el pasado viernes, las elecciones europeas de junio de 2024 son la fecha límite para lograr su entrega. Si Puigdemont logra dilatar el tiempo más allá de esa fecha, el Supremo se vería obligado a reiniciar el proceso ante un nuevo Parlamento Europeo para levantarle su inmunidad, lo que iría al margen del pronunciamiento final del TC sobre la legalidad de la propia amnistía.