Ferraz decreta la ley del silencio entre sus cargos por la amnistía: "La dirección no quiere..."

El término amnistía podría tener durante estas semanas una nueva acepción. Es una palabra casi prohibida en el PSOE, como mínimo mientras dure la negociación con Junts para alumbrar una ley que haga desaparecer los delitos vinculados a los hechos del procés. De ello depende la continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno. Desde hace semanas hasta él la ha desterrado de su vocabulario. Este viernes, en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la UE en Granada, la pronunció por primera vez. Y ese mismo mutismo que el presidente en funciones se ha impuesto, se ha exigido a los cargos socialistas, al menos hasta que la Moncloa consiga amarrar los siete votos del partido de Carles Puigdemont, indispensables para superar la investidura.

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Distintas fuentes del partido confirman que, por diferentes métodos, se ha hecho saber a diputados y senadores que no deben hablar de la amnistía. No ha sido un mandato explícito, pero sí una petición que, de un modo u otro, han recibido casi todos. "Nos han advertido que no digamos nada", aseguran. No ha sido, explican, una orden expresa, sino que se ha hecho llegar en conversaciones "vis a vis" o se ha transmitido de grupo en grupo. El recado se ha comprendido perfectamente: "La dirección no quiere...".

Otro parlamentario corrobora que de manera general se les ha pedido que "cuanto menos se opine de la amnistía, mejor", al menos, apunta, "hasta que acabe el proceso" de negociación. Y uno más añade que les ha transmitido también que "antes de hablar con la prensa hay que dirigirse al gabinete". El objetivo es, sobre todo, que nada empañe o afecte a las conversaciones con Junts, un partido que, como se comprobó en 2017, cuando Carles Puigdemont pasó en horas de convocar elecciones a declarar la independencia, es muy sensible a la presión.

"Perfil bajo" en los territorios

En unas semanas que son cruciales para alcanzar un acuerdo y repetir el Gobierno de coalición, Ferraz ha impuesto la ley del silencio para que los contactos con el expresident lleguen a buen puerto. La misma prudencia que se ha reclamado a diputados y senadores se ha solicitado a los territorios. Fuentes de la organización confirman que les han demandado "perfil bajo" sobre la amnistía. No en todas las comunidades lo ratifican. Algunos secretarios generales afirman que a ellos no les han ordenado nada. Pero sí admiten que "somos conscientes de que este proceso requiere dejar trabajar a los que negocian". Otros como la presidenta de Navarra, María Chivite, manifestó esta misma semana en una entrevista radiofónica que "la amnistía está dentro de la Constitución" aunque reconoció que no quería opinar.

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La dirección socialista pretende con esta discreción hacer frente al ruido interno y externo que ha generado la posibilidad de amnistiar a Puigdemont y otros centenares de cargos implicados en el desafío separatista. El malestar de una parte del partido —la llamada gerontocracia— representada por personalidades como Felipe González y Alfonso Guerra se destapó muy pronto, a raíz del encuentro público en Bruselas entre la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el expresident de la Generalitat, huido de la justicia española.

La censura y acusaciones de inconstitucionalidad de ambos se daban por seguras, pero en Ferraz sorprendió el cuestionamiento de personas menos dadas al enfrentamiento como Joaquín Almunia o Ramón Jáuregui, más certeras a la hora de precisar que la amnistía no se podía dar a cambio de nada.

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Este debate explotó cuando la pretensión de Moncloa era que todo el foco se situara encima de Alberto Núñez Feijóo y su incapacidad para ganar apoyos a su investidura. Poco a poco, Ferraz lo ha ido reconduciendo, aunque a fuerza de no dar explicaciones. Primero con la tesis de que era el turno de Feijóo y ahora, una vez que Sánchez ha recibido el encargo del Rey, con el argumento de que se debe dar margen a las negociaciones.

Paz interna, de momento

Pero para frenar las interpretaciones de que el presidente estaba actuando al margen de su partido —una idea que pone en circulación el PP—, la dirección hizo público el pasado fin de semana un manifiesto respaldado por todos los secretarios provinciales "de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez para formar un gobierno progresista que dé continuidad a los últimos cinco años de avances en España". Un aval indirecto a la negociación con Junts que firmaron también Aragón y Castilla-La Mancha, los dos territorios cuyos dirigentes, Javier Lambán y Emiliano García-Page, rechazan la amnistía. Fuentes del PSOE manchego destacan que ese texto no citaba nada ni sobre la amnistía ni sobre el problema catalán y que por eso lo apoyaron.

Es muy posible que el PSOE logre estas semanas mantener el debate interno a raya, pero probablemente se desborde si hay acuerdo sobre una ley de amnistía, a pesar de que, como mantiene Ferraz y todos en el partido reconocen, Sánchez tiene el aval de la militancia. Algo "desorientada" con este asunto, admiten en la organización, aunque convencida de que se debe proteger la continuidad del Gobierno y evitar que la llegada de la Moncloa de PP y Vox.