El juez de Tsunami pide información a la OTAN y trata de blindar la causa por posible terrorismo

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ordenado una nueva batería de diligencias que buscan blindar la causa contra Tsunami Democràtic por posible terrorismo. En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez pide a Francia que localice a la familia del hombre que falleció durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat y se dirige a la OTAN para recabar las incidencias que registraron el día de la protesta en el Centro de Operaciones Aéreas de Torrejón de Ardoz.

García-Castellón imputó el pasado 6 de noviembre a Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, por posibles delitos de terrorismo en esta investigación. La Fiscalía no comparte este criterio, pero, con estas nuevas diligencias, el magistrado trata de evitar que la causa quede reducida a desórdenes públicos.

"Los hechos que tuvieron lugar el 14 de octubre de 2019 en el Aeropuerto de El Prat (Barcelona), atendidos los indicios recogidos hasta el momento, tendrían la consideración de delito de terrorismo", advierte en la resolución. "Se trató de una acción ilícita", "se causaron graves daños en las instalaciones del aeropuerto", "se puso en peligro la seguridad del aeropuerto" y los informes policiales "han revelado el uso de artefactos, sustancias y armas".

El juez destaca que el supuesto nivel de violencia llegó a tal punto que "pudo materializarse en el fallecimiento del ciudadano francés". La autopsia concluyó que presentaba "una enfermedad potencialmente letal y avanzada (...), pero sin evidencia de una lesión estructuralmente letal". Para García-Castellón, este informe no quita que "las circunstancias en que se produjo la muerte (...) eran los actos que se estaban ejecutando en el aeropuerto" y, por tanto, se deben investigar los hechos como posible terrorismo.

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15 nuevas diligencias

El magistrado acuerda 15 nuevas diligencias en su auto. Las primeras se centran en expedir mandamiento judicial a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, a AENA y a Enaire para aclarar cuatro puntos: las incidencias relacionadas con el tráfico aéreo registradas durante el bloqueo de El Prat, si se tuvo que desviar algún vuelo, la afectación a otros aeropuertos y los posibles problemas que se registraron en la torre de control de Barcelona-Gava.

El magistrado también se dirige a la OTAN para recabar datos similares e incluye una advertencia: "En el caso que se hubiera registrado alguna incidencia se solicita que se proceda a su desclasificación, en el caso que esté clasificada como secreta, para su incorporación al procedimiento penal".

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Otras cuatro diligencias abordan la muerte del ciudadano francés, para lo que se dirige al Servicio de Emergencias Médicas, al Hospital de Belvitge, al Centro de Coordinación de Emergencias e incluso a Francia: "Efectuar el oportuno ofrecimiento de acciones a la familia del Sr. Scherzinger [el fallecido], con información de qué es lo que pueden hacer para ser parte en el procedimiento penal, y de qué modo deberían hacerlo, como la necesidad de obtener la declaración de Francine Scherzinger [su mujer] para conocer, de primera mano, qué sucedió, y recabar declaración testifical sobre las circunstancias del fallecimiento".

Según recuerda el auto, la hija del fallecido apuntó en declaraciones a los medios que las circunstancias que se dieron en el aeropuerto influyeron en la dolencia cardiaca de su padre y que “su muerte fue a causa de esto”, lo que obliga a dar este paso y a solicitar una pericial a la Guardia Civil para aclarar tres cuestiones: la distancia que separa las terminales del hospital, el tiempo que necesita una ambulancia para un traslado y si resulta justificado el uso de un helicóptero en determinados casos.

Las cuatro últimas diligencias dejan atrás el bloqueo de El Prat para abordar otras protestas que Tsunami llevó a cabo el 9 de noviembre de 2019, durante la jornada de reflexión: el juez se dirige a la Junta Electoral Central para saber si realizaron "algún requerimiento para impedir que se desarrollaran", al Ayuntamiento de Barcelona y a la Delegación del Gobierno para aclarar "si se autorizó el montaje de un escenario", a la Guardia Urbana para que le remitan todas las posibles "denuncias" al respecto y a la Guardia Civil para que investigue si durante la misma "se efectuaron proclamas, discursos, mensajes o cualquier otro acto de naturaleza política expresamente prohibido".