El juez pide a Suiza que localice a Marta Rovira y avisa sobre el "uso de armas" en Tsunami

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha librado una comisión rogatoria a Suiza para que facilite una serie de "datos que permitan la localización" de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, tras su imputación por posibles delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. En la resolución, a la que ha tenido acceso El Confidencial, García-Castellón destaca el "uso de artefactos, sustancias y armas" por parte de Tsunami e incide en la necesidad de investigar su financiación, solicitando también datos sobre "tarjetas de crédito", "transferencias recibidas" y "movimientos" de una cuenta bancaria de este país.

El magistrado se dirige a Suiza después de elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que recoge los indicios recabados en esta investigación contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, también imputado. Al gozar de aforamiento por tratarse de un eurodiputado, la acusación que ejerce Dignidad y Justicia pidió que la investigación sobre Puigdemont quedara en manos del alto tribunal. En el caso de Rovira, que se encuentra huida de la Justicia desde marzo de 2018, su localización permitirá lanzar una hipotética solicitud de detención y entrega en los próximos meses.

El magistrado apoya el supuesto uso de armas en los informes policiales sobre el bloqueo que Tsunami llevó a cabo en el aeropuerto de El Prat en 2019: "Se habla del empleo de piedras de gran tamaño (...); hierros de dos metros de largo proveniente del vallado del edificio; vidrios provenientes del rompimiento de las estructuras del edificio; pirotecnia de gran potencia, extintores vacíos, carros portamaletas, maderas, cristales, vallas, palés, piezas metálicas...". "Se habla también de una suerte de proyectil con el que se lanzaron piezas metálicas, una especie de tirachinas con el que un agente habría resultado lesionado".

García-Castellón sostiene que el nivel de violencia llegó a tal punto que "pudo materializarse en el fallecimiento del ciudadano de nacionalidad francesa". La autopsia concluyó que el fallecido presentaba "una enfermedad potencialmente letal y avanzada como para explicar la muerte, pero sin evidencia de una lesión estructuralmente letal". Para García-Castellón, este informe no quita que "las circunstancias en que se produjo la muerte (...) eran los actos que se estaban ejecutando en el aeropuerto" y, por tanto, se debe investigar "a varias personas por la comisión de un delito de participación en la actividad de una organización o grupo terrorista".

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Los datos que pide sobre una cuenta bancaria

El juez considera que Rovira utilizaba "con alta probabilidad" el alias Matagalls para llevar a cabo una labor de coordinación en la plataforma y solicita a la policía de Suiza que proceda a su localización. Según advierte, la secretaria general de ERC "pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami".

García-Castellón recoge para ello algunas de las conversaciones que mantuvo con otros de los investigados y apunta a que utilizaron cuentas de Suiza para financiar la plataforma. Como avanzó El Confidencial, un banquero de origen italiano afincado en este país, Nicola Foglia, presuntamente inyectó dinero en Tsunami para contribuir económicamente al asalto al aeropuerto. Foglia era vicedirector del banco helvético Banca della Svizzera Italiana (BSI), una entidad del cantón del Tesino que fue disuelta en 2015 por las autoridades de este país por su implicación en el blanqueo de capitales de una red de corrupción internacional que movió cantidades multimillonarias.

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García-Castellón trata ahora de profundizar en esta línea de investigación y solicita a Suiza toda la información bancaria disponible sobre una cuenta del banco CIM Banque Privée: "Tarjetas de crédito, productos financieros suscritos y resto de productos bancarios asociados a la codificación bancaria"; "información sobre titulares, personas autorizadas y vinculaciones"; "movimientos de la cuenta desde su creación hasta el mes de junio del año 2020"; "información SWIFT sobre las transferencias recibidas y emitidas"; "destinatarios de cheques emitidos y recibidos"; "préstamos suscritos con vinculación a la cuenta", y "seguros que pudiese haber asociados a la cuenta".

La sospecha del juez se centra en que el propio Foglia afirmó a otro de los investigados que iba a donar 6.000 francos suizos a Tsunami: "Atendiendo estos hechos, resulta necesario solicitar a las autoridades de Suiza la información en relación con la cuenta bancaria".

Las partes personadas en la investigación tienen ahora tres días para oponerse a esta comisión rogatoria. La Fiscalía ya optó por esta vía el pasado 10 de noviembre al recurrir la imputación de Puigdemont y Rovira, argumentando para ello a que "los indicios que se consignan resultan insuficientes" para ambos y que ninguna de las pruebas recabadas permite "sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni tampoco su carácter terrorista". La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aún tiene pendiente la resolución de este recurso.