Teresa Ribera, la impulsora de la energía verde que se fajó contra la crisis energética

Teresa Ribera se dispone a asumir un nuevo mandato al frente del Ministerio para la Transición Ecológica, desde el que se ha enfrentado a una de las mayores crisis energéticas de la historia y se ha empleado a fondo en la transformación de un sistema energético que vira inexorablemente a lo renovable.

Muy beligerante contra la energía nuclear y los combustibles fósiles, Ribera es una de las escasas ministras que sobrevive desde el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, en el que ha ido ganado peso político, competencias y proyección internacional, tras sus éxitos en Bruselas en materia energética.

Recién designada ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, además de Vicepresidenta Tercera, Ribera, de 54 años y licenciada en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, está considerada una de las ministras más próximas al presidente del Gobierno.

Sánchez la situó como número dos por Madrid en las pasadas elecciones, en las que la ministra mostró su perfil más político. De hecho, una de las imágenes virales de la pasada campaña electoral fue la de una Ribera -marcada normalmente por su perfil particularmente técnico- bailando y animando al público en el mitin del cierre de campaña del PSOE en Getafe (Madrid).

De la excepción ibérica al impuesto a las energéticas

La invasión rusa de Ucrania y la crisis energética que desencadenó llevó al Ministerio de Ribera a pisar el acelerador en la hoja de ruta de la transición verde, pero también a adoptar una ingente batería de medidas para paliar el impacto en los bolsillos de los consumidores de la subida de los precios de la energía.

Entre ellas, las rebajas de impuestos en los recibos de la luz y el gas, la ampliación del bono social o los descuentos en los carburantes.

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Uno de sus principales triunfos fue conseguir que la Comisión Europea aprobase la denominada "excepción ibérica", un mecanismo que permite a España y Portugal limitar o "topar" el precio del gas utilizado para producir electricidad y evitar así que los máximos alcanzados en los mercados mayoristas se trasladen al consumidor.

Además, bajo la presidencia española de la UE, los países miembros, salvo Hungría, acordaron una reforma del mercado eléctrico, que ahora se consensuará con el Parlamento Europeo y la Comisión para su aprobación definitiva.

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A lo largo de su mandato, la ministra ha mantenido una tensa relación con las empresas energéticas, muy críticas con algunas de sus propuestas, como la de reforma del mercado eléctrico y, sobre todo, con el impuesto extraordinario al sector impulsado por el Gobierno de Sánchez.

El gravamen, con una vigencia inicial de dos años -que PSOE y Sumar han acordado prorrogar- ha sido recurrido por las energéticas, que lo consideran ilegal e inconstitucional. Repsol ha avisado, incluso, de que condicionará sus futuras inversiones en España a la continuidad o no del impuesto.

Ribera se ha situado claramente del lado de las energías renovables tras dar el último carpetazo al funcionamiento de las centrales nucleares en este país, con el establecimiento de un calendario de cierre escalonado que concluirá en 2035.

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Con el acelerador del Plan de Recuperación, desde su Ministerio se ha desplegado una política de ayudas a la extensión de las renovables, el autoconsumo, las comunidades energéticas y de un vector energético en el que están puestas las esperanzas de descarbonización del transporte y la industria pesada, el hidrógeno verde.

Hitos en materia climática

Reconocida en el sector ecologista por su liderazgo ambiental, Ribera ha impulsado leyes como la de cambio climático para avanzar en la descarbonización, la de residuos para la protección del medio ambiente y la que dota de entidad jurídica al Mar Menor (Murcia), lo que le permitirá contar con una mayor protección.

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Ha protagonizado choques con distintas comunidades autónomas gobernadas por la derecha por cuestiones medioambientales, como su rechazo a los planes de reordenación de las explotaciones agrícolas de Doñana que afectan al cultivo de fresas para proteger el entorno natural andaluz de la sequía, que le ha costado duros enfrentamientos con el Gobierno andaluz que han retumbado incluso en Europa.

Las espadas han estado altas también por temas ambientales con el Gobierno de Madrid, por los planes del Ministerio para la Transición Ecológica de cerrar la estación de esquí de Navacerrada, y con el Gobierno de la Castilla y León, a costa de los incendios forestales, que en 2022 fueron muy virulentos en Zamora.

Pero esas discrepancias también se han producido con comunidades gobernadas por su partido, como la mantenida con el expresidente valenciano Ximo Puig a propósito del trasvase Tajo-Segura.

Aunque entre los ecologistas la ministra resulta cercana por sus postulados verdes, estos le recriminan no haber sido más ambiciosa en la lucha climática y en la protección de la biodiversidad de un país como España, muy castigado a nivel ambiental.