Isabel Rodríguez, la voz del Gobierno que deberá dar la cara ante el reto de la vivienda

Isabel Rodríguez sabe lo que es defender las quiméricas promesas de vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo hizo como portavoz del Gobierno durante la pasada legislatura, sobre todo, durante la intensa campaña electoral de esta última primavera, cuando se juntaron los comicios autonómicos con los generales, todos regados con incontables promesas de pisos para todos que, por el momento, siguen en nada.

La castellano manchega tiene ahora el reto de convertir estas promesas en hechos, aunque solo sea una parte. Sánchez la ha elegido para dar la cara al frente del recién creado Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, cartera que se ha separado de Transportes y Movilidad, a cuyo frente estará el exalcalde de Valladolid Óscar Puente.

Rodríguez es una persona del núcleo duro de la Moncloa. Desde julio de 2021 ha sido la imagen del Gobierno, al dar cuenta todos los martes como portavoz para informar de los asuntos tratados en el Consejo de Ministros. Pero apenas le han permitido despuntar, obligada a no salirse del argumentario. Como responsable de Política Territorial tampoco ha gozado de grandes oportunidades, porque la relación con Cataluña, el asunto de más trascendencia, lo gestiona directamente el equipo del presidente.

Cercana a Óscar López, director del gabinete de Sánchez, y de quien era su segundo, Antonio Hernando, la sensación en el PSOE es que es una dirigente con fondo político, que no estaba siendo aprovechada. Su destino ahora a Vivienda le proporciona otra ocasión de proyectar su figura. Es uno de los asuntos que Unidas Podemos antes, y ahora Sumar, han reclamado como elemento distintivo frente al PSOE. Uno de los temas en los que ellos se muestran más reivindicativos, al igual que sucede con el área de Igualdad, y que Sánchez recupera, dándole un ministerio propio.

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En el sector, todo el mundo daba por hecho que se crearía un Ministerio de Vivienda. La necesidad aprieta, y mucho. Ahora falta por ver que se le dote de contenido, ya que se trata de una competencia cedida, y, sobre todo, de presupuesto con el que abordar uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad española.

Tras regar durante décadas la piel de toro con puentes, autopistas y aeropuertos, que en gran parte se levantaron gracias a los fondos de cohesión que nos envió Europa, ahora, la infraestructura que más necesita el país es la vivienda, por varias razones: el 85% de los actuales edificios quedará obsoleto en una década al no alcanzar el mínimo de eficiencia energética exigido por Europa, el encarecimiento de los hogares hace que tres de cada cuatro jóvenes no pueda comprar una casa, las actuales están dimensionadas para un modelo de familia que apenas existe, con lo que sobra espacio mientras faltan pisos...

A esto se une la peor herencia de ciertas políticas buenistas, que no buenas, que han dado alas a la okupación, un delito en gran parte fruto de la inacción de todas las administraciones durante los últimos 15 años, cuando apenas se ha promovido vivienda pública, ni social ni asequible. En el PSOE son conscientes de este problema y, de hecho, desató muchas tensiones son sus anteriores socios de Podemos en la negociación de la ley de vivienda.

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Ahora, con este marco ya vigente, las políticas deberían ir dirigidas a poner los cimientos que permitan construir el tan cacareado parque público de 100.000 viviendas, un reto que en la Moncloa saben que es absolutamente inalcanzable en una legislatura, y en dos y tres, pero que necesita de varias medidas para que alguna vez pueda existir: nueva ley del suelo, incentivos fiscales, subvenciones a la promoción y aprovechamiento de los fondos Next Generation para desarrollar esta infraestructura social, como en el pasado se hizo con puertos, aeropuertos y autopistas.

Frente a esta visión a largo plazo del nuevo Ministerio de Vivienda, a corto plazo está por ver cómo modula el PSOE, en general, y el Gobierno, en particular, su discurso en materia de vivienda de cara a las elecciones autonómicas de País Vasco y Cataluña el próximo año. En el norte, los socialistas sostienen al Ejecutivo del PNV, que se ha mostrado abiertamente contrario a medidas como el control de precios, mientras que Bildu previsiblemente apostará por hacer bandera con propuestas más escoradas. En Cataluña, una región donde hasta el popular Xavier García Albiol es más próximo al control de precios, el PSC tiene opciones de hacerse con la Generalitat, destino al que parece imposible llegar sin una ambiciosa política en materia de vivienda.