Policías heridos por Tsunami Democràtic ven injerencia política en la investigación judicial

Dos de los policías heridos en las manifestaciones de Tsunami Democràtic presentaron un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Manuel García-Castellón, por el que impugnan el recurso de apelación del fiscal Miguel Ángel Carballo, que pedía que el juez se inhibiese y transfiriese el caso a los juzgados de Barcelona. García-Castellón dictó en noviembre pasado un auto en el que imputaba por terrorismo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, fugada en Suiza, además de a una docena de personas, entre las que se hallan el exsecretario de Organización de ERC Xavier Vendrell o el empresario Oriol Soler.

Con ello, se obliga a mantener la instrucción del caso en la Audiencia y las graves acusaciones de terrorismo, que decaerían si se da traslado de la causa a Barcelona. Los dos policías, representados por el abogado José María Fuster-Fabra, se suman al auto del juez, que califica de terrorismo algunos de los actos de la plataforma Tsunami Democràtic, la organizadora de las violentas manifestaciones del otoño de 2019 en toda Cataluña, especialmente en Barcelona.

El escrito de Fuster-Fabra recoge que la impugnación del fiscal dice que “en cuatro años, desde la incoación de las presentes diligencias, no ha arrojado elementos indiciarios que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni tampoco su carácter terrorista, que sería el que justificase la competencia de la Audiencia Nacional”. Pero subraya que en un escrito del pasado 19 de julio la Fiscalía sostenía la tesis contraria.

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“En el parecer del ministerio, los hechos objeto de la presente causa son susceptibles de ser calificados como delito de terrorismo (…) La competencia para su conocimiento le corresponde a la Audiencia Nacional (…) Los propios atestados elaborados a los que hace mención el anterior evidencian la gravedad de los hechos, que permiten sostener de manera razonable el juicio aún provisional según el cual se ha cometido un delito de terrorismo”, considera.

Entre un escrito y el otro, solo ha mediado la negociación de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. El escrito de Fiscalía de julio se debió a un recurso del empresario Oriol Soler, que pedía la inhibición de García-Castellón para que el caso fuese instruido por los juzgados de Barcelona. “Es, cuanto menos, una contradicción palmaria —y llamativa a todas luces a esta representación procesal— este cambio de criterio de la Fiscalía, cuando no ha existido una sola diligencia de investigación que pudiera dar motivo o argumento para representar un giro en las tesis del Ministerio Público y que, por ende, pueda considerar un cambio de postura por motivos jurídicos”, dice el escrito del abogado que representa a los dos policías heridos.

Interferencias políticas

El letrado ve, así, “motivos extraprocesales y situaciones totalmente ajenas al poder judicial, que han podido suscitar intereses en algunos actores de la sociedad o incluso del poder ejecutivo, si bien eso no es una argumentación, ni motivación jurídico-lógica para aquellos que, en el marco de la independencia judicial, deban tomar las decisiones sobre elementos que se están investigando y, por ende, están judicializados”. Es decir, solo desde la óptica de interferencias ajenas a la jurisprudencia puede entenderse el cambio de criterio de la Fiscalía.

El representante de los policías remite a los informes de la Guardia Civil que apuntan a “cómo los actos cometidos por Tsunami Democràtic se han llevado a cabo a través de una financiación del movimiento, organización, coordinación, ejecución de acciones, aspectos legales y ámbito informático”. Esos son los puntos que el fiscal exige para admitir que la entidad sea considerada delictiva.

Las principales acciones de Tsunami fueron el asalto al aeropuerto de Barcelona el 14 de octubre, la realización de graves altercados en el centro de la ciudad durante las semanas siguientes, el intento de toma del aeropuerto de Barajas, el colapso del centro de Barcelona montando un escenario en plena Gran Vía para hacer propaganda política durante la vigilia de las elecciones generales de noviembre de 2019, el corte de la autopista AP-7 en La Jonquera durante los días 11 y 12 de noviembre de ese año, así como la misma autopista cerca de la ciudad de Girona, y el intento de boicot del partido Barça-Madrid en diciembre de 2019.

Además de casi un centenar de policías heridos, hubo destrozos de mobiliario público valorados en cientos de miles de euros. “Todas las actuaciones llevadas a cabo por Tsunami Democràtic han requerido de una organización previa, ordenada y de coordinación entre todos los integrantes de Tsunami Democràtic”, dice el escrito de Fuster-Fabra.

Heridos grave

Señala también que el auto de García-Castellón, que enviaba el asunto al Tribunal Supremo para la investigación de Carles Puigdemont (dada su condición de aforado, al ser eurodiputado), estaba debidamente fundado “tanto en las razones por las que deben calificarse los hechos objeto de la causa como constitutivos de delito de terrorismo, y no rompe en ningún caso la línea investigadora”. De ese modo, llega a la conclusión de que “queda claramente demostrado y soportado por jurisprudencia y doctrina totalmente consolidada que los delitos de terrorismo son delitos de carácter finalista, los cuales requieren de dos elementos fundamentales como son alterar la paz pública y subvertir el orden constitucional, hechos que de manera innegable se producen en el marco de las investigaciones de la organización Tsunami Democràtic”.

Los dos policías que representa este letrado sufrieron graves heridas como consecuencia de las agresiones recibidas durante los disturbios convocados por Tsunami Democràtic. Uno de ellos fue golpeado en la cabeza mientras defendía el edificio de la Jefatura Superior de Policía y perdió el conocimiento. Otro de ellos fue golpeado, sufriendo una fractura abierta en el radio del brazo derecho con desplazamiento, por lo que tuvo que ser operado en varias ocasiones y prejubilado a los 45 años debido a las graves secuelas de la agresión. Su personación en la causa se produjo el pasado mes de noviembre, después de que Fiscalía cambiase de criterio y dejase de ver los actos de Tsunami como acciones terroristas, abriendo la puerta a que sus dirigentes puedan ser amnistiados.