El abogado de Puigdemont ve "insultante" que García-Castellón eleve al Supremo el caso Tsunami

"Insultante", "bizarro", "chocante"... Estos son algunos de los calificativos introducidos por el abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont en su recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de elevar al Tribunal Supremo la presunta responsabilidad de sus clientes en el caso Tsunami. El escrito pivota en todo momento sobre la idea del lawfare, al denunciar que el magistrado está llevando a cabo “una nueva acción contra el independentismo”.

El escrito al que ha tenido acceso El Confidencial lo firma el abogado Gonzalo Boye. Recurre la exposición razonada en lo que afecta al también investigado Josep Alay, exjefe de la Oficina del presidente Puigdemont y uno de los hombres de confianza del dirigente independentista. “Estamos ante un procedimiento meramente especulativo, prospectivo, basado fundamentalmente en noticias de prensa”, dice.

Niega que los hechos en torno a la plataforma Tsunami Democràtic sean constitutivos de delitos de terrorismo, como sostiene el juez. En su exposición razonada elevada al Supremo, García-Castellón alude a la muerte de un ciudadano francés que sufrió un infarto cuando trataba de llegar al aeropuerto de El Prat durante una protesta de Tsunami. La plataforma irrumpió en 2019 como respuesta al encarcelamiento de los dirigentes secesionistas. Organizó cortes de carreteras o colapsó el aeropuerto de Barcelona, lo que provocó el arresto de 194 personas.

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El abogado de Puigdemont censura que sea el Tribunal Supremo quien tenga que estudiar unos hechos acaecidos en protesta contra una sentencia de ese mismo tribunal: “Es chocante, muy bizarro, el hecho de que sea la propia Sala Segunda quien tenga que investigar unos hechos, calificados como terroristas, que surgen como reacción movilizadora en la calle, en protesta por la sentencia dictada en la causa del denominado procés el 14 de octubre de 2019”.

Por "sus ideas políticas"

A juicio de la defensa jurídica de Puigdemont y de su hombre de confianza, esta medida del magistrado supone una nueva campaña contra el independentismo cuando ya se ha iniciado la tramitación de una ley de amnistía sobre estos acontecimientos. Boye escribe que el “único hilo conductor” entre la acusación de rebelión, después de sedición y ahora de terrorismo sobre dirigentes secesionistas son “sus ideas políticas”, por lo que insiste en una “persecución política”.

Entre sus argumentos para defender esta postura, Boye sostiene que el Tribunal Supremo no es competente para estudiar sobre hechos que afectan a un eurodiputado. “Puigdemont no tiene aforamiento ante el Tribunal Supremo debido a su cargo como diputado del Parlamento Europeo, insistir sobre ello resultaría insultante. Mi defendido [Alay] en ningún caso se puede ver arrastrado ante un órgano jurisdiccional que ni es el preestablecido por ley para los eurodiputados ni, mucho menos, para aquellos a los que se pretende investigar en conexión con estos”. En caso de que hubiese delito, cree que debería ser investigado en los tribunales de Cataluña.

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El juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, señalado por el independentismo, acordó la semana pasada elevar al Supremo una exposición razonada de más de 100 páginas con los indicios detectados en el marco de la investigación sobre Tsunami Democràtic contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, al que otorga un papel de liderazgo sobre la plataforma. El juez atribuye de forma indiciaria delitos de terrorismo a la trama.

Entre esos indicios se encuentran los mensajes a través del móvil entre los investigados Josep Lluís Alay y Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda del primero o el impulso de Puigdemont a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma de Tsunami.