El juez que mantiene imputado a Puigdemont denuncia ante el CGPJ y Fiscalía las críticas del número 2 de Justicia
Manuel García-Castellón pide amparo al Consejo General del Poder Judicial y apunta a que las manifestaciones de algunos cargos "podrían suponer la comisión de un delito de calumnia"
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El magistrado Manuel García-Castellón ha remitido un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado en el que denuncia las críticas que cargos públicos han lanzado contra él después de que imputara al expresidente catalán Carles Puigdemont en el marco de la investigación sobre Tsunami Democràtic: "Podrían suponer la comisión de un delito de calumnia con publicidad, susceptible de perseguirse de oficio al imputarse abiertamente a una autoridad la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial".
El escrito destaca las declaraciones del secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, y de la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Plaja Pérez: “Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...", afirmó el primero. “Aquellos a quien les toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas, sino castigarlas, prevaricando”, dijo la segunda.
El magistrado considera que estas manifestaciones perturban la independencia judicial y pide amparo al CGPJ "para seguir el procedimiento adecuado". También remite una copia del escrito a la Fiscalía para promover "las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial”, avisando a su vez de que el mismo servirá como "denuncia a los efectos de las responsabilidades que pudieran derivarse".
En el caso de Rodríguez, García-Castellón remarca que dirige una secretaría de Estado entre cuyas funciones se encuentran "las de apoyo y cooperación con la Administración de Justicia", por lo que "ostenta una capacidad de influencia sobre los jueces y magistrados que integran la carrera". Desde ese puesto, las "manifestaciones señalando y calificando la actuación de uno de sus integrantes le sitúan en una posición particularmente perturbadora".
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La conclusión es similar para Plaja: "Atribuye a este instructor el dictado de una resolución con la sola voluntad de influir, extremo totalmente ajeno a la realidad del procedimiento penal en el que se enmarca la decisión". A diferencia de Rodríguez, ella menciona, además, la idea de que está "prevaricando", por lo que el magistrado va un paso más allá y apunta a la posibilidad de que sus manifestaciones encajen con un delito de calumnia con publicidad.
Aunque el escrito solo menciona de forma directa las declaraciones de ambos cargos, García-Castellón no descarta que se investigue a otras personas: "Sería una tarea prácticamente imposible, por su volumen, analizar el contenido de todo lo publicado. En todo caso, será a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los órganos competentes, a quienes corresponda depurar, si las hubiere, las responsabilidades que pudieran derivarse. A estos efectos se remite copia del presente escrito a la Fiscalía General del Estado".
Puigdemont, imputado por terrorismo
García Castellón imputó pasado 6 de noviembre a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por posibles delitos de terrorismo en la investigación sobre Tsunami: "Se trata de una de las personas de las que está acreditado indiciariamente (...) que acudió a las reuniones que se celebraron en Ginebra los días 29 a 31 de agosto de 2019, y donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami Democràtic", advirtió sobre el expresidente catalán.
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La Fiscalía ya ha recurrido esta decisión al considerar que "los indicios que se consignan resultan insuficientes" para ambos líderes independentistas. Según sostiene, ninguna de las pruebas recabadas permite "sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni tampoco su carácter terrorista". La Fiscalía complica con este escrito la continuidad de la causa en la Audiencia Nacional, que es el tribunal competente para investigar los delitos de terrorismo. Si logra imponer su criterio, la investigación quedaría en manos de los juzgados de Barcelona.
A la espera de que la Audiencia Nacional revise el recurso de la Fiscalía, la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con sus socios en principio obligará a archivar la causa. Su artículo 2 excluye "los actos tipificados como delitos de terrorismo" de la amnistía, pero limita esta salvedad a aquellos casos en los que "haya recaído sentencia firme". El caso de Tsunami aún está en fase de investigación, por lo que quedaría fuera de esa excepción.
El magistrado Manuel García-Castellón ha remitido un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado en el que denuncia las críticas que cargos públicos han lanzado contra él después de que imputara al expresidente catalán Carles Puigdemont en el marco de la investigación sobre Tsunami Democràtic: "Podrían suponer la comisión de un delito de calumnia con publicidad, susceptible de perseguirse de oficio al imputarse abiertamente a una autoridad la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial".