La Audiencia rechaza el recurso del abogado de Puigdemont y le envía a juicio por blanqueo de dinero del narcotráfico
Boye ejercía como abogado de Sito Miñanco y los investigadores le sitúan como el cerebro de una maniobra para blanquear los 889.000 euros que incautaron a la banda en 2017
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La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y ha confirmado su competencia para enjuiciarle por un presunto delito de blanqueo de capitales en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial, un procesamiento que se basa en que presuntamente cobró 10.000 euros a cambio de lavar dinero para la organización criminal liderada por el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo. La Fiscalía Antidroga pide nueve años y nueve meses de prisión para Boye por estos hechos.
La Sala de Apelación reconoce que la ley no contempla la competencia de la Audiencia Nacional para los delitos de blanqueo de capitales, pero remarca que sí la establece cuando existe conexidad con otros delitos cuya investigación se atribuye a este tribunal: "Una vez fijado el objeto del proceso en los términos expuestos, la conexidad entre los hechos por los que se acusa a Gonzalo Boye Tuset y el eventual delito antecedente contra la salud pública se hace evidente, según el Ministerio Fiscal, y queda atribuida la competencia a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”. Boye aún puede recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días.
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"Boye Tuset recibió 10.000 euros"
Hace casi tres años, tras dar por finalizada la investigación y acordar su procesamiento, la magistrada María Tardón explicó que las pesquisas se remontaban a febrero de 2016, cuando Sito Miñanco cumplía una condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública. Para entonces, el gallego ya disfrutaba del tercer grado y estaba trabajando en un parking de esa localidad, pero la magistrada destacaba que seguía manteniendo sus contactos en organizaciones de Sudamérica y estaba poniendo en marcha la infraestructura necesaria para introducir cuatro toneladas de cocaína en España.
“Un bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad”, explicaba la magistrada en aquella resolución. El supuesto entramado criminal era "de marcado carácter personalista" y Miñanco solo confiaba en sus hombres habituales, muchos de ellos también condenados por narcotráfico.
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En cuanto a Boye, que ejercía como abogado de Miñanco, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le sitúa en sus informes como cerebro de una maniobra para blanquear el origen de 889.000 euros que incautaron a la banda en febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas. "Fue el encargado de intentar recuperar ese dinero mediante la confección de unos contratos en los que se fingía la compraventa de unas letras de cambio", recoge un informe policial al que tuvo acceso El Confidencial.
"Elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio en garantía de unos préstamos hipotecarios en el expediente sancionador que permitirían así justificar ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera el origen legal del dinero intervenido", explicaba a su vez la magistrada, que también acordó el procesamiento de otros dos abogados por esta supuesta falsificación de documentos para el blanqueo: Jesús Morán Castro y Alejandro Guerra Medina.
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Boye ejercía como abogado de Miñanco desde 2015 y en principio sus intentos de recuperar este dinero parecieron justificados, pero la situación cambió después de que uno de los hombres del narcotraficante pidiera declarar de forma voluntaria ante la propia Tardón. Su confesión se produjo el 24 de julio de 2019, tras 17 meses en prisión provisional: “Gonzalo [Boye] nos dice que tiene la manera de justificar esos pagarés para recuperar el dinero y él se inventa los contratos de los préstamos”, sostuvo entonces. En total, una hora y 12 minutos de interrogatorio que cayeron como una losa sobre el también abogado del expresident Quim Torra.
En lo que se refiere al supuesto cobro de 10.000 euros por estos servicios, la sospecha se apoya en las conversaciones que el abogado guardaba en una carpeta denominada 'blanqueo de capitales' y en unos manuscritos que hallaron el 5 de febrero de 2018 en la casa de Luis Enrique García Arango, lugarteniente de Miñanco. Los investigadores subrayan que este hacía de nexo "con las organizaciones exportadoras de sustancia estupefaciente en Colombia", supervisaba a los hombres de Miñanco en España y llevaba "la contabilidad", por lo que las anotaciones de "Gonzalo 10" y "Abogado Gonzalo 10" que aparecieron en su casa les llevaron a sospechar del cobro.
"Los acusados llegaron al acuerdo de que Prado Burgallo [Sito Miñanco] pagaría a Morán Castro 90.000 euros por confeccionar los contratos, 30.000 cuando se presentara la documentación, de los cuales Boye Tuset recibió 10.000 euros en ese momento", sostiene la Fiscalía Antidroga en su escrito de acusación.
La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y ha confirmado su competencia para enjuiciarle por un presunto delito de blanqueo de capitales en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial, un procesamiento que se basa en que presuntamente cobró 10.000 euros a cambio de lavar dinero para la organización criminal liderada por el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo. La Fiscalía Antidroga pide nueve años y nueve meses de prisión para Boye por estos hechos.