El audio de 1h 12' que implica al abogado de Puigdemont en dos maniobras de blanqueo

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha acudido a la Audiencia Nacional este miércoles para declarar como investigado por su presunta participación en el blanqueo de 889.470 euros del narco Sito Miñanco, cliente suyo hasta hace una semana. La pista que llevó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a registrar este lunes la vivienda y el despacho de Boye es la confesión de uno de los miembros de la organización del capo gallego de la droga, que incrimina al letrado en al menos dos maniobras para fabricar pruebas que permitieran justificar el origen lícito de esos fondos. Indagaciones posteriores de los agentes habrían permitido corroborar esas acusaciones.

La confesión clave se produjo el pasado 24 de julio en presencia de la jueza que instruye el caso, María Tardón, de la Fiscalía Antidroga y de los defensores de los implicados, y quedó recogida en un audio de una hora y 12 minutos de duración al que ha tenido acceso El Confidencial. El grueso de la declaración del arrepentido gira sobre la incautación de los 889.470 euros en efectivo en los controles del aeropuerto de Barajas el 6 de febrero de 2017, un año antes de que la Policía desarticulara nuevamente la red de Miñanco en la llamada operación Mito. En aquel momento, los investigadores ya estaban vigilando al grupo, pero este nuevo testimonio ha aportado detalles que han terminado conduciendo a Boye.

El acusado tenía encomendado el traslado del dinero a Colombia. Según su declaración, tras el incidente de Barajas, la organización le ordenó que se pusiera en contacto con Boye para buscar la forma de que Hacienda les devolviera los fondos. La instrucción partió de Luis Enrique García Arango, lugarteniente del narco gallego. Solo unos días después de la incautación, se habría producido el primer encuentro del grupo con el abogado de Puigdemont. La cita tuvo lugar en el despacho que tenía otro abogado, de nombre Jesús, en la calle Orense de Madrid. Este último ofreció supuestamente unos pagarés antiguos que podían servir para acreditar el origen de los 889.470 euros.

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Ahí se habría producido la primera intervención de Boye en el supuesto blanqueo. Los pagarés no tenían nada que ver con el dinero intervenido, pero el letrado del expresidente de la Generalitat habría ideado una fórmula para engañar a Hacienda. Los detalles se perfilaron ya en su propio despacho en una segunda reunión. “Gonzalo [Boye] nos dice que tiene la manera de justificar esos pagarés para recuperar el dinero y él se inventa los contratos de los préstamos”, se escucha en el audio de la declaración. La banda había alegado en Barajas que el dinero era de un tal Manuel P. G. “Gonzalo dice que va a hacer los contratos y que, cuando los tenga, Manuel tiene que ir a firmarlos para presentarlos a Hacienda”.

El propio acusado acudió con el tal Manuel al despacho de Boye cuando los contratos estaban listos. “Quedamos en presentarlo a Hacienda y esperar la respuesta”, asegura el miembro de la red. La contestación llegó a los tres meses y no fue la que esperaban. “Decía que los pagarés ya habían sido utilizados anteriormente y no valían para hacer esa reclamación”.

La organización decidió entonces contactar con el abogado que había facilitado los pagarés para exigirle explicaciones. En esa cita, que tuvo lugar el 28 de junio de 2017, también habría participado Boye. Tras terminar el encuentro, el grupo acudió a un restaurante del grupo VIPS de la calle Orense para tomar algo. La Policía les grabó y las imágenes están incluidas en el sumario de la operación Mito.

Justo en ese instante se habría pergeñado la segunda participación de Boye en el blanqueo. Eso es lo que se desprende de una de las preguntas que formuló el fiscal al arrepentido el pasado 24 de julio y que también figura en el audio de la declaración. Según el representante del Ministerio Público, el abogado de Miñanco hasta hace unos días habría planteado en el VIPS una alternativa a los pagarés falsos. Para ello, habría propuesto simular unos contratos con un segundo empresario. Los investigadores han acreditado que, efectivamente, un día después de esa cita detectada por la Policía, el 29 de junio de 2017, Boye acudió a un notario con un administrador de varias sociedades que responde a las iniciales J. J. B. Z. “para efectuar un acta de manifestaciones para resolver el tema de los pagarés que ya habían sido utilizados”. Es decir, que tras la primera reclamación a Hacienda, se produjo otro intento con nuevos documentos igualmente ficticios.

Desde que se produjo la declaración el pasado julio de este testigo clave, los expertos en delitos económicos de la Policía habrían logrado acreditar la veracidad de su relato. Sus pesquisas están incluidas en la pieza separada de la operación Mito que abrió la jueza Tardón para investigar este supuesto blanqueo de capitales. Además de Boye, hay otras dos personas acusadas en esta parte del procedimiento e imputadas por el mismo delito.

Boye niega los hechos. En conversación con este diario, el abogado asegura que empezó a trabajar con Miñanco en 2015 y que en 2017 se encargó efectivamente de reclamar el dinero a Hacienda, pero explica que se limitó a presentar los pagarés y contratos que le proporcionaron. Sobre la visita a la notaría, admite que acudió para acompañar a ese empresario en el acta de manifestaciones, pero argumenta que el objetivo de ese trámite era únicamente ratificar la veracidad de los documentos que habían sido rechazados por Hacienda. Boye desmiente que haya fabricado ninguna prueba y, más aún, haber cometido algún tipo de ilegalidad.

El propio letrado mandó un escrito a la Audiencia Nacional el pasado 31 de julio en el que rechazaba las acusaciones del arrepentido y limitaba su papel en los hechos al de mero transmisor de los pagarés y contratos (ver documento incluido en la noticia). Este miércoles, reiteró esa versión. Su declaración duró una media hora. Al término de la comparecencia, la Fiscalía pidió que se le impusiera la obligación de firmar en el juzgado cada 15 días pero la instructora decidió no imponerle ninguna medida cautelar. Con todo, permanece investigado por blanqueo de capitales y las diligencias siguen su curso.